Que los excargos políticos no se sienten en los consejos de la compañías energéticas

Felipe González en Gas Natural Fenosa. José María Aznar y Narcís Serra en Endesa. Pedro Solbes en Enel. Son sólo algunos ejemplos de la larga lista de expresientes de Gobierno, ministros y otros altos cargos que, una vez abandonada la política, acceden a un puesto en empresas relacionadas con el sector de la energía.

Ángel Acebes, Miguel Boyer o José Folgado son otros ejemplos de lo que comúnmente se conoce comopuerta giratoria, el paso de la actividad pública a la privada, y viceversapuerta giratoria. Esta semana, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un listado de los expolíticos con relación con las empresas eléctricas, donde figuran hasta 25 nombres.

Según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, elaborado con los datos disponibles en 2011, en las grandes empresas cotizadas hay un problema de separación entre actividad pública y actividad privada, y las empresas del sector energético son, quizá, el mayor exponente de esta situación. Sobre un buen número de sus consejeros pesa la sospecha de un posible conflicto de intereses, máxime cuando en la mayoría de casos se trata de personas sin una experiencia profesional destacada en el sector. ¿Por qué son entonces los políticos fichajes tan atractivos para las empresas de la energía?

En la actualidad, la Ley de Incompatibilidades únicamente establece un plazo de dos años durante el cual un político no puede ser fichado por aquellas empresas sobre las que haya tomado alguna decisión, una limitación insuficiente. Ante ello, esta iniciativa busca establecer la prohibición de que los políticos que hayan tenido relación con las compañías energéticas en razón de su cargo y/o su función sean contratados por las mismas sin justificación profesional demostrable.

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