Se estima que en la Comunitat Valenciana hay, a día de hoy, al menos 415 fosas comunes. Son cálculos del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), que, en un primer estudio realizado el año 2016, constató 299 –172 de ellas solo en la provincia de València–, en las cuales podrían estar enterradas 10.000 personas, la mitad del bando franquista y la mitad del bando republicano. A pesar de estas cifras, los miembros de la asociación denunciaron que València continuaba "a la cola" en exhumaciones.
Paterna, una localidad de casi 70.000 habitantes situada al noroeste de València, alberga en su cementerio una de las fosas más grandes de toda España. La lucha de los familiares de los centenares de represaliados consiguió que se llevaran a cabo algunas exhumaciones financiadas por la Diputació de València. "Han sido exhumados los cuerpos de la fosa 113, de la 82 y de la 92", cuenta Matías Alonso, presidente del GPRMH, a infoLibre. El pasado 2 de marzo comenzaron los trabajos para abrir la número 22. Ahora, casi tres semanas después, la lentitud judicial continúa impidiendo a los familiares recuperar los restos de sus padres y abuelos.
Es el caso de Sonia Martínez, nieta de uno de los fusilados cuyos restos se encuentran enterrados en la fosa número 22. "Ya hay 18 cuerpos que se pueden exhumar, pero todavía no podemos comenzar", lamenta. Se esperaban encontrar 38 cadáveres, todos ellos asesinados el 28 de julio de 1939, pocos días después de haber finalizado la Guerra Civil. Junto a su abuelo, el cementerio de Paterna alberga un número incalculable de personas porque, según recuerda, "en aquella época no había día que no mataran a una o dos personas". Los 18 que se han hallado, además, tienen signos de haber sufrido una muerte violenta.
Los técnicos comenzaron los trabajos el pasado día 2, dentro del marco de las actuaciones en materia de memoria histórica que se prevé que se llevarán a cabo durante 2018 y que cuentan con un presupuesto de 626.000 euros. "Continuamos con nuestro trabajo de dignificar a este país, que no puede considerarse democrático si todavía tiene las cunetas y los cementerios llenos de fosas comunes", dijo al inicio de las actuaciones Rosa Pérez Garijo, la diputada de Memoria Histórica. Se esperaba que, en dos meses aproximadamente, la fosa común fuera exhumada por completo por el equipo de ArqueoAntro. Una vez se finalizara el trabajo de campo, se enviarían las muestras a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudiarían los restos y los signos de violencia –como ya se está realizando con los cadáveres encontrados en las fosas 113, 82 y 92–. Entre estos dos pasos, la operación se ha quedado congelada.
La Justicia, ni está ni se le espera
Una vez comenzados los trabajos de exhumación de la fosa 22 y encontrados los 18 cuerpos, se comunicó a la Justicia el hallazgo. "Según el procedimiento, cuando se abre una fosa se da aviso al juzgado correspondiente por si tiene a bien personarse en la zona", explica Alonso, que lamenta que "no suelen hacerlo". "La Justicia, normalmente, ni está ni se la espera", critica.
Este paso en el procedimiento viene especificado en el artículo 13 de la normativa 52/2007 de memoria histórica, que especifica: "La exhumación se someterá a autorización administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados".
La diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, el director arqueológico de la excavación, Miguel Mezquida y la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica Amelia Hernández.
El forense y la comitiva judicial que debían personarse en la zona por parte del Instituto de Medicina Legal para verificar los restos óseos todavía no han aparecido. Ahí está el problema. Con la fosa abierta y los cadáveres "al aire", los restos comienzan a deteriorarse. "No nos han dado ninguna explicación por la cual todavía no ha acudido nadie", lamenta Alonso. Martínez, por su parte, explica que en el juzgado les insisten en que el aviso está dado, pero no detallan nada más. Y, mientras tanto, los trabajos están paralizados desde el pasado miércoles. "No podemos tocar nada", explica Alonso. Las exhumaciones, que se preveía que estarían finalizadas a mediados de abril, difícilmente podrán acabarse en plazo.
"La Justicia manda, normalmente y a lo sumo, a un secretario. Luego, aplican torticeramente la Ley de AmnistíaLey de Amnistía y no se investiga nada", explica Alonso. El problema, según entiende, es que "esto no es amnistiable porque son crímenes de lesa humanidad". "Es un tema de Derechos Humanos, se consideran desapariciones forzadas, y estas no se cierran hasta que el desaparecido aparece, sea vivo o muerto", afirma. "Al dar carpetazo a estos casos, les arrebatan la condición humana a los restos, que lo son de una dictadura. Se trata de personas asesinadas por odio", critica.
Entre la ley estatal y la ley autonómica
Alfonso Bernado Subías Duque, guerrillero tiroteado en combate contra las tropas franquistas, es localizado y exhumado
Alonso, no obstante, no pierde la esperanza. "Este retraso puede ser positivo porque si quisieran darle carpetazo ya lo habrían hecho, como ha ocurrido otras veces", explica. Y entiende, además, que la lentitud podría deberse a la convivencia, desde finales del año pasado, de dos leyes de memoria histórica, la estatal y la autonómica.
Les Corts Valencianes aprobaron, el pasado mes de octubre y gracias a los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos –los parlamentarios de Ciudadanos se abstuvieron y los del PP votaron en contra–, la ley de Memoria democrática y por la convivencia de la Comunitat Valenciana, que busca el restablecimiento de la dignidad y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Esta normativa contempla que sea la Generalitat valenciana la que asuma los costes de las exhumaciones y de identificación de las víctimas. "Es mucho más profunda que la estatal", afirma Alonso. "Quiero pensar que, como ahora hay que mirar las dos leyes, están tardando más porque no le pueden dar carpetazo al caso tan fácilmente", concreta.
Con la paralización, al menos temporal, de estos trabajos, quedan a la espera también las exhumaciones de otras fosas que están "a la cola", como confirma Alonso. "Hay otra con 196 personas que influye a 68 ayuntamientos de toda España", detalla. De momento, los cuerpos enterrados en el segundo lugar donde más fusilamientos hubo durante y tras la Guerra Civil quedan a la espera de que la Justicia dé el paso necesario para poder continuar. Y las víctimas, ahora, "son los familiares, con los que las instituciones tienen una deuda", lamenta Alonso.
Se estima que en la Comunitat Valenciana hay, a día de hoy, al menos 415 fosas comunes. Son cálculos del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH), que, en un primer estudio realizado el año 2016, constató 299 –172 de ellas solo en la provincia de València–, en las cuales podrían estar enterradas 10.000 personas, la mitad del bando franquista y la mitad del bando republicano. A pesar de estas cifras, los miembros de la asociación denunciaron que València continuaba "a la cola" en exhumaciones.