La exigencia del certificado covid en hostelería enfrenta a Sanidad, comunidades y expertos

A medida que la vacunación avanza pero al mismo tiempo sube la tasa de contagios por covid-19 por la incidencia de la variante delta, las administraciones públicas se van decantando por nuevas medidas restrictivas para tratar de bajar la curva de contagios. Con más del 55% de la población vacunada con la pauta completa, a España también ha llegado el debate, como ya está en otros países europeos, acerca de la posibilidad de limitar la entrada en bares y restaurantes a todo aquel que no esté vacunado o no presente una prueba negativa con unos días de antelación. Como en otras ocasiones, es un debate que enfrenta a unos y otros, pero que en nuestro país ya aplican dos territorios, Galicia y Canarias, mientras el Gobierno lo descarta por completo. Otras comunidades como la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha creen que debe ser el Ministerio de Sanidad el que adopta un criterio común; Andalucía y Aragón se lo están planteando, y algunas como Cataluña o Comunidad Valenciana lo han descartado por completo. De momento.

La posibilidad de limitar la entrada en los establecimientos de hostelería no es nuevo. Hace meses, en plena tercera ola, ya se planteó cuando los países y regiones empezaron a implantar la obligatoriedad de contar con una prueba negativa en coronavirus o con un certificado de vacunación para viajar. En aquel momento ya hubo expertos en Derecho Constitucional que se planteaban si una medida así para poder acceder a determinados lugares cerrados podía suponer una restricción de derechos, pero el debate se diluyó porque acababa de comenzar el proceso de vacunación. Es ahora cuando vuelve a estar de plena actualidad. 

No obstante, la discusión no formaba parte del orden del día en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud, tal y como ha recordado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha remarcado que el asunto no ha sido abordado aunque algún consejero autonómico lo ha mencionado en su turno de intervención. Darias ha desdeñado la medida como posibilidad en estos momentos, apuntando que la guía del Gobierno es la regulación aprobada en el marco de la UE según la cual el certificado covid está autorizado para viajar entre países. Además, ha subrayado varias veces que su departamento está centrado en continuar con el buen ritmo de vacunación.

Las administraciones públicas que han implantado el certificado covid en la hostelería, Galicia y Canarias, lo justifican para aquellos municipios que excedan de una tasa concreta de contagios. Es decir, donde exista una alta incidencia del virus. En general, se alega que su propósito es tratar de reducir el nivel de transmisión evitando que personas que no estén protegidas se pongan en riesgo. Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este mismo miércoles que lo está estudiando porque hay una doble vertiente: de un lado, "disuasorio" para controlar la pandemia y de otro, "motivador" para aquellas personas que aún, pese al llamamiento de las autoridades, no hayan querido vacunarse.

Este último motivo, de hecho, ha sido el que ha llevado al Gobierno francés a adoptar el certificado covid, que ha sido ratificado en el Parlamento. El principal objetivo es reactivar los datos sobre vacunación de las últimas semanas, pues la tendencia observaba un claro estancamiento antes de que se llegara al 60% de la población vacunada. En Francia, además, se ha impuesto la obligatoriedad de vacunación al personal sanitario.

España no es Francia: aquí la vacunación es alta

Al ser preguntada por este asunto, la ministra Darias ha resaltado que la situación en España no es comparable con Francia, pues nuestro país "encabeza la vacunación en Europa y a nivel mundial", pues los ciudadanos están acudiendo "mayoritariamente" al llamamiento para la inmunización. "El ritmo es impresionante. Los números hablan por sí solos", ha destacado. Eso sí, luego ha manifestado que las comunidades autónomas "pueden tomar las medidas oportunas" para hacer frente a la pandemia, siempre dentro de su ámbito competencial.

Ese pasaporte especial para acceder al interior de bares y restaurantes, ya sea con pauta de vacunación completa o prueba negativa de contagio, lo aplican Galicia y Canarias. En ambos casos, la decisión ha sido adoptada por los respectivos gobiernos autonómicos sin pasar por la ratificación de su tribunal superior de justicia, a diferencia de lo que ocurre con otras medidas como el cierre perimetral de un territorio o el toque de queda, e incluida en el boletín oficial como parte del resto de restricciones aplicables a la hostelería, como la limitación de aforo. El Diario Oficial de Galicia, por ejemplo, establece que "para el consumo en el interior del local se requerirá a las personas mayores de 12 años la presentación de un certificado emitido por el servicio público de salud" para los vacunados o, en el caso de la prueba diagnóstica, "por un laboratorio oficial autorizado".

Ese certificado, dice este boletín oficial, tiene que acreditar "la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias": "Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la covid-19", "que disponen de una prueba diagnóstica de infección activa negativa" en las últimas 72 horas –se permite un test de antígenos–, o que la persona se ha recuperado de la enfermedad en los seis meses anteriores.

Los expertos discrepan

Sin embargo, cabe preguntarse si una medida así choca con derechos fundamentales y si se puede adoptar sin pasar por una valoración judicial. En este punto, los expertos consultados por este periódico tienen puntos de vista distintos. El catedrático Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Lorenzo Cotino reconoce que la medida es muy novedosa y sobre ella "no hay nada escrito". A su entender, "lo suyo es que hubiera una ley estatal" que pudiera regular este tipo de restricciones, pero dado que no se ha reformado la legilación sanitaria ordinaria, lo más seguro a nivel jurídico es que las comunidades autónomas que quieran implantar el certificado covid para acceder a lugares públicos o privados pidieran ratificación a los tribunales superiores de justicia y, si éstos lo denegaran, acudir al Tribunal Supremo, igual que ocurre ahora para otras limitaciones como el toque de queda.

Cotino apunta que en España la vacunación en general no es obligatoria y que, además, aún no ha terminado el proceso de inmunización del coronavirus de toda la población, de modo que limitar la entrada en bares y restaurantes cuando no todo el mundo mayor de 12 años ha tenido la oportunidad de vacunarse podría considerarse discriminatorio. También para aquellas personas que por motivos de salud no pueden recibir este medicamento.

De esta opinión es el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien no ve "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población. "Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", considera.

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal no está de acuerdo. El certificado para acceder al interior de la hostelería no le parece una medida "disparatada" y, aunque podría considerarse una limitación de ciertos derechos, "los condicionantes son suaves". Y es que se da la opción de presentar un test negativo de antígenos, una prueba que, según recuerda, muchas comunidades facilitan de manera gratuita, por lo que se trata de "una alternativa accesible a todo el mundo", también para los que no quieren o no pueden vacunarse y para los que aún no han tenido la opción de hacerlo por cuestión de edad. Lo vería más discriminatorio si se exigiera una PCR, una prueba mucho más cara.

"Hay que poner en la balanza el tema de la salud de todos. Para mí, es una medida de salud pública pura y dura", subraya, para lo cual basta con aplicar la Ley Orgánica de de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, a la que están recurriendo las comunidades desde que decayó el segundo estado de alarma.

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Mientras en España de momento es una excepción –quizá porque el ritmo de vacunación sigue siendo bueno y es el país europeo, después de Malta, con más porcentaje de inmunizados–, el certificado covid para bares y restaurantes, así como otros espacios públicos o privados, empieza a extenderse por Europa, siendo Francia uno de los ejemplos más representativos: sus ciudadanos ya tienen que presentar el pass sanitaire eneventos de más de 1.000 personas y discotecas con más de 50, pero desde principios de agosto tendrán que hacerlo también en restaurantes, gimnasios, centros comerciales, hospitales y aviones. Se trata, según el presidente Emmanuel Macron, de "imponer las restricciones a los no vacunados en lugar de a todos". La medida ha provocado grandes protestas en las calles.

En Alemania, esta medida ha causado una verdadera tormenta política a tan sólo unos meses de las elecciones generales. Incluso entre miembros del mismo partido: mientras el ministro de Sanidad se abre a la posibilidad de implantar el certificado para determinadas actividades como hostelería o cines en caso de que los contagios sigan aumentando, el candidato de la CDU para reemplazar a la canciller Angela Merkel, Armin Laschet, se opone a cualquier requerimiento. Como en el caso francés, la campaña de vacunación se ha desacelerado en las últimas semanas.

Italia, por su parte, exigirá a partir de agosto a sus ciudadanos el certificado para la entrada a lugares públicos como teatros, cines o estadios, aunque a diferencia de Francia, en la hostelería no será necesario para comer en la barra. Portugal pide el pasaporte especial desde principios de julio para acceder al interior de restaurantes en municipios con alta incidencia, pero sólo los fines de semana. Dinamarca tiene esta medida implantada desde hace pocos meses para entrar en peluquerías y autoescuelas, y posteriormente en bares y museos, entre otros.