Eugenio Pino, número dos de la Policía durante la etapa de Jorge Fernández (PP) como ministro del Interior, asumió este martes como propia la decisión de montar en 2013 un operativo contra Luis Bárcenas. No obstante, y durante las casi cuatro horas en que declaró como imputado por la denominada Operación Kitchen, Pino aseguró que tanto el director del Cuerpo, el hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, como el entonces secretario de Estado del Interior y ahora diputado al Congreso por ese mismo partido, Francisco Martínez, sabían que se había puesto en marcha un dispositivo.
Según su relato, la meta era obtener información sobre los fondos ocultos del extesorero y sus posibles testaferros y no sustraer documentos incriminatorios para el PP utilizando medios del Estado, que es lo que sospechan los investigadores. Pino mantuvo que la operación se desarrolló en todo momento de manera legal. Y que ni Cosidó ni Martínez –fue su versión– llegaron a conocer los detalles.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba al exjefe policial salir de España, que le retire el pasaporte y que le obligue a comparecer cada 15 días en el juzgado. El magistrado resolverá previsiblemente este miércoles sobre las medidas cautelares solicitadas.
El confidente 'altruista'
Pino, que compareció como imputado durante cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sostuvo que el chófer de Bárcenas, pieza clave en la operación, ejerció como confidente de la Policía en un primer momento de manera altruista. Y que una vez que la familia de Bárcenas –que había ingresado en prisión en junio de aquel año, 2013– le comunicó que prescindiría de sus servicios porque no podía seguir pagándole, la Policía le asignó el cobro de fondos reservados. El antiguo mando policial no ha dado fechas exactas.
En dos años, el chófer cobró 48.000 euros de fondos reservados. Al menos una parte de los recibís que firmó a medida que iba recibiendo pagos mensuales han sido ya localizados, desclasificados por el Gobierno y remitidos al juez.
Pino ha corroborado lo que ya sostuvo la semana pasada el antiguo jefe de la unidad de escuchas policiales, Enrique García Castaño: que la captación como informante del chófer de Bárcenas Sergio Ríos, que logró luego acceder al Cuerpo, se produjo después de que el jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, le informara de que era factible ficharlo.
Director adjunto operativo (DAO) de la Policía entre comienzos de 2012 y junio de 2016, Pino ha reiterado que la operación fue en todo momento legal. Y en apoyo de su versión ha subrayado que la información obtenida a través del chófer de Bárcenas se introdujo en el mecanismo informático de que dispone la Policía para que sus distintas unidades compartan datos.
"No contratamos tontos"
Los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, han preguntado también a Pino si el supuesto desequilibrado que en octubre de 2013 asaltó el piso de los Bárcenas y, pistola en mano, mantuvo retenidos a su mujer, a su hijo y a la asistenta recibió ese encargo de la Policía. "No somos tan tontos como para contratar a tontos", respondió el antiguo DAO, según las fuentes consultadas por infoLibre.
El juez incorpora la investigación sobre García Castaño al 'caso Villarejo'
Además de Pino, en esta pieza secreta de la Operación Tándem están imputados tres de sus antiguos subordinados: el excomisario José Manuel Villarejo, principal investigado del caso y en prisión preventiva desde noviembre de 207; Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO; y Andrés Gómez Gordo. El antiguo chófer de los Bárcenas, el confidente y ahora policía Sergio Ríos, también figura entre los investigados.
Tanto Pino como García Castaño, que comparten abogado, aportaron versiones coincidentes sobre el porqué del operativo contra Bárcenas: que a comienzos de 2013 la alarma social desatada por las informaciones que iban llegando desde Suiza sobre el dinero oculto que allí tenía el extesorero aconsejaba buscar una forma de aproximarse a él para lograr información.
En ese momento, la unidad de delincuencia económica (UDEF), la Fiscalía y el juez instructor del caso Gürtel seguían tan de cerca los pasos de Bárcenas que apenas meses después dio con sus huesos en prisión. Para entonces, comienzos de 2013, ya habían salido a la luz los que luego se conocerían como los papeles de Bárcenas o la contabilidad secreta y paralela del PP. María Dolores de Cospedal era la número dos del partido.
Eugenio Pino, número dos de la Policía durante la etapa de Jorge Fernández (PP) como ministro del Interior, asumió este martes como propia la decisión de montar en 2013 un operativo contra Luis Bárcenas. No obstante, y durante las casi cuatro horas en que declaró como imputado por la denominada Operación Kitchen, Pino aseguró que tanto el director del Cuerpo, el hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, como el entonces secretario de Estado del Interior y ahora diputado al Congreso por ese mismo partido, Francisco Martínez, sabían que se había puesto en marcha un dispositivo.