España vendió a Arabia Saudí armas por valor de 292 millones de euros en 2014. Tras Reino Unido y Francia, la dictadura saudí fue el tercer comprador de armamento español en ese ejercicio y representó el 9% del volumen total de ventas al exterior. La cifra es la segunda mayor del último lustro, sólo superada por las ventas de 2013, año en que firmas españolas entragaron material bélico por valor de 406 millones de euros al país. Y es muy superior a la de los años 2010, 2011 y 2012, cuando en total se vendieron a ese país armas por importe de 68,5 millones.
Estas operaciones motivaron recientemente una pregunta al Gobierno del diputado de ERC Joan Tardà, que cuestionó el pasado 12 de mayo la conveniencia de vender armas a un país que, tal como recuerda en su escrito –donde cita el Informa Anual 2014-2015 de Amnistía Internacional–, "lleva décadas cometiendo violaciones graves y sistémicas de derechos humanos" y en el que "se aplasta sin piedad a la incipiente sociedad civil y a las organizaciones independientes de derechos humanos".
"En los cuatro últimos años", incidió Tardà, se han empleado "armas importadas de diferentes países en numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades saudíes, que han seguido confiando en el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones (...), lo que en 2013 llevó a cabo la comisión de al menos veinte ejecuciones extrajudiciales de activistas chiítas". El diputado también subrayó la existencia de "informes" que alertan de "envíos de armas desde Arabia Saudí a actores no estatales en Siria y Yemen que, a su vez, fueron empleados en la comisión de grandes abusos".
El Gobierno, satisfecho con el sistema
El pasado jueves el Gobierno respondió a esta cuestión y lo hizo para asegurar que hay controles suficientes. El Ejecutivo sostuvo que cada operación de exportación se analiza de manera "completa" atendiendo a ocho criterios: el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado comprador, su respeto a los derechos humanos, la ausencia de conflictos armados en su territorio, que use las armas para el mantenimiento de la paz, sus relaciones internacionales, su actitud frente a fenómenos como el terrorismo, el riesgo de reexportación y su capacidad económica.
Esos indicadores son los que recoge la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de la Unión Europea, que también establece que las licencias de exportación "se concederán únicamente cuando exista conocimiento previo fiable del uso final en el país de destino" y que, en caso contrario, deberán denegarse. En los últimos cinco años, el porcentaje de peticiones individuales de exportación de armas denegadas por la Junta que analiza cada caso nunca ha sobrepasado el 1%. En 2014 ese organismo dio luz verde a todas y cada una de las peticiones. En 2013 denegó el citado 1%, en 2012 el 0,62%, en 2011 el 0,32% y en 2010 el 0,16%.
En su respuesta al diputado catalán, el Ejecutivo también afirmó que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados, el Gobierno español aplicación el artículo 8 de la Ley 53/2007 (...) por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida". A preguntas de infoLibre, la Secretaría de Estado de Comercio, que depende del Ministerio de Economía, no respondió si en alguna ocasión se ha aplicado ese artículo ni precisó cómo se controla el cumplimiento de las cláusulas mencionadas por el Ejecutivo (ver La Caja Negra al final de la información).
"España vende armas a quien sea"
Pero los expertos contradicen ese relato oficial. Las fuentes consultadas por este diario subrayaron de forma unánime que los controles son deficientes y que es imposible verificar el uso que se hace del armamento español sobre el terreno. Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), afirma que "hay dudas razonables" sobre el destino de ese material bélico y que "no es cierto" que se vigile de forma precisa su recorrido una vez se efectúa la venta. Font sostiene que, a nivel legislativo, no existen instrumentos suficientes y que las cláusulas de los contratos no son más que una suerte de "lavado moral".
La experta considera que el Gobierno español, "salvo que ocurra algo muy extraño, da por hecho que los países receptores utilizan bien las armas" y resalta que, para controlar que efectivamente el uso es acorde con lo establecido en los contratos de exportación, sería necesario que personal militar español lo verificase sobre el terreno. "La mayoría del armamento no se controla", coincide el investigador Juan Carlos Rois, para quien "el destino final de las armas es incontrolable". "Vendemos armas a quien sea, no existen controles objetivos y no se puede hacer un seguimiento in situ", resume.
Alberto Estévez, experto en armas de Amnistía Internacional, explica que el Certificado de último destino es el documento más relevante en las operaciones de venta de armamento a efectos de comprobar si su uso y destino final concuerda con el declarado al solicitar la exportación. Sin embargo, agrega, presenta dos problemas. En primer lugar, que ciertas operaciones pueden quedar exentas de la necesidad de presentar ese documento "sin que el Real Decreto 679/2014, sobre control del comercio exterior de material de defensa, explique exactamente en qué circunstancias es eso posible", apunta. Y en segundo lugar, que el certificado incluye poca información insuficiente para identificar el destino de las armas y el uso que se les va a dar.
Rois agrega que las garantías que España aplica en los contratos de exportación de armas son meramente "formales". Estévez ahonda en este sentido y enumera los tres elementos que un buen sistema de verificación debería incluir: un análisis previo de los riesgos de una operación de exportación, requisitos formales en el momento de la venta y buen control posterior. "Y España sólo tiene en cuenta el segundo aspecto, el referido a la documentación. Es una obsesión por el formulario y nada más: no hay un buen análisis antes de la venta y el chequeo posterior hace aguas por todas partes", lamenta.
Opacidad y pocas garantías
Así, un informe elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Óxfam Intermón y Fundi Pau el pasado junio señala que "con la información disponible (...) no es posible determinar con exactitud el tipo de producto exportado y, especialmente, el usuario y uso final", pues no se puede saber "qué tipo concreto de armas vende España ni la unidad concreta" de las fuerzas armadas a las que van destinadas las ventas. Las cuatro ONG subrayan que las actas de la junta que autoriza o deniega las exportaciones "siguen siendo secretas", lo que hace que el Parlamento no tenga "datos esenciales" para ejercer su tarea de control del Ejecutivo.
En ese documento se señalan como "especialmente preocupantes" precisamente las ventas a Arabia Saudí, donde "la cuestión clave" es, apuntan las organizaciones, saber si los aviones, municiones, torpedos y misiles exportados por España se emplean en ataques aéreos indiciariamente indiscriminados sobre Yemen, lo que supondría "una violación grave del derecho internacional humanitario". Estévez explica que "ya hace seis años el Congreso aprobó una recomendación en la que se pedía a los encargados de Defensa en las Embajadas que hicieran un seguimiento de las armas y una comprobación de su uso", algo que no se ha producido.
El experto relata que, al menos en un caso, las organizaciones comprobaron que un cargamento de armas españolas se desvió del destino previsto y acabó en un país en conflicto. Ocurrió en 2014, apunta Estévez, cuando se encontró munición de caza española que debía llegar a Camerún en la República Centroaficana, un país en conflicto. "El Gobierno español no investigó los hechos y alegó que era una empresa centroafricana la que había reexportado ese material", añade.
SIN RESPUESTA
infoLibre trató de recabar la versión de la Secretaría de Estado de Comercio acerca de las garantías sobre el uso final de las armas que España exporta y los controles para impedir la reexportación de ese material a terceros países. El departamento facilitó una dirección de correo electrónico para enviar las preguntas por escrito, pero manifestó la dificultad de que alguien pudiera responderlas en horario de tarde durante el mes de agosto.
Estas son las cuestiones que este diario remitió al citado organismo:
1. ¿Cómo se controla el uso final del armamento?
2. ¿Qué legislación regula estas ventas y sus condiciones?
3. ¿Está el país de destino obligado a firmar algún documento que garantice el uso final?
4. ¿Está el país de destino obligado a firmar algún documento que prohíba la reexportación?
El Gobierno justifica la venta de armas a Arabia Saudí porque tiene “garantías" sobre su "uso final”
5. ¿Cómo se controla a posteriori el cumplimiento de estos acuerdos?
6. ¿En alguna ocasión se ha detectado un incumplimiento de esos acuerdos?
7. ¿Si es así, en qué casos? ¿Y qué medidas se tomaron?
España vendió a Arabia Saudí armas por valor de 292 millones de euros en 2014. Tras Reino Unido y Francia, la dictadura saudí fue el tercer comprador de armamento español en ese ejercicio y representó el 9% del volumen total de ventas al exterior. La cifra es la segunda mayor del último lustro, sólo superada por las ventas de 2013, año en que firmas españolas entragaron material bélico por valor de 406 millones de euros al país. Y es muy superior a la de los años 2010, 2011 y 2012, cuando en total se vendieron a ese país armas por importe de 68,5 millones.