La ristra de los contratos del Ayuntamiento de Murcia sujetos a investigación por las denuncias de PSOE y Ciudadanos ha vuelto a crecer. El exvicealcalde Mario Gómez, de Ciudadanos, entregó este miércoles a la unidad policial de delitos de corrupción un nuevo informe que detalla el "incumplimiento flagrante" del contrato adjudicado en abril de 2016 para la implantación de la plataforma de administración electrónica municipal. Gómez es quien en octubre ya puso en manos de la Udef más de tres gigas de documentos que supuestamente refuerzan la idea de un escenario de corrupción. La difusión de esa denuncia de octubre hizo añicos el pacto de gobierno local y operó como el desencadenante final de una moción de censura de PSOE y Ciudadanos cuyo debate ha comenzado este miércoles en la Asamblea Regional y que, salvo el improbable y remoto apoyo de diputados de ultraderecha, el PP ha logrado parar en seco gracias a tres diputados tránsfugas de Ciudadanos.
Al igual que el informe que desvela una presunta malversación en un contrato multimillonario para la mejora de parques, este segundo informe también ha sido elaborado por el PSOE. Sus 35 páginas, a las que ha tenido acceso infoLibre, aportan múltiples datos técnicos. ¿El objetivo? acreditar que nunca ha llegado a funcionar el sistema que en el Ayuntamiento de Murcia debía trazar una verdadera autopista autónoma de comunicación digital -la llamada interoperatividad- con otras administraciones para la gestión de todo tipo de trámites. Y que pese a ello el consistorio acepta que el coste a pagar por la implantación de la plataforma asciende a más de un cuarto de millón: exactamente, 262.570 euros.
En conversación con este periódico, Mario Gómez ha confirmado que a última hora de la mañana envió tal informe a la UDEF. El edil, que asume por completo su contenido, describe así la situación: "Si yo tengo que registrar algo para cualquier trámite con la Comunidad, he de hacerlo en el registro normal como si fuera un ciudadano más pese a la cantidad de millones que nos hemos gastado en digitalización y en programas informáticos".
La aportación por parte de Gómez a la UDEF de documentos que cuestionan la legalidad de numerosos contratos municipales le ha convertido en el concejal más conocido de los cuatro de Ciudadanos en Murcia. Salvo sorpresa análoga a la marcha atrás de los tres diputados tránsfugas del partido de Inés Arrimadas, la formación naranja votará sí el día 25 a la segunda moción de censura planteada en Murcia: la que desalojará al PP de la Alcaldía tras 26 años de poder ininterrumpido. Si la moción triunfa, se convertirá en nuevo alcalde el socialista José Antonio Serrano. Porque el PP (11) y Vox (2) se quedarían, aun votando juntos, a dos votos de los 15 que suman PSOE (9), los cuatro ya referidos de Ciudadanos (Cs) y los dos de Unidas Podemos.
Tanto el edil de Ciudadanos como expertos informáticos que han participado en el informe del PSOE subrayan que la obligatoriedad de acudir a la administración electrónica ha provocado un auténtico cuello de botella en la corporación murciana. "En el ayuntamiento -explica uno de los técnicos socialistas– solo hay disponibles para los trámites electrónicos varios ordenadores conectados al ORVE [Oficina de Registro Virtual] del Gobierno central y que se localizan en La Glorieta [la sede principal del consistorio]. Y eso afecta, por ejemplo, a las oficinas de información al ciudadano en las más de 50 pedanías del municipio y a los servicios de las distintas áreas del ayuntamiento, donde no existe posibilidad de enviar documentos a otras administraciones".
El informe que ya está en manos de la UDEF recalca que lo ocurrido entraña la comisión de "numerosas faltas muy graves". Y en cumplimiento de lo establecido en el expediente deberían haberse traducido en sanciones o incluso en la rescisión del contrato. Pero, resaltan fuentes socialistas, "no solo no se le ha abierto a expediente sancionador a esta empresa, sino que se le ha renovado la primera prórroga basándose en un informe" firmado por el concejal responsable, José Guillén. Y ese informe, al que también ha accedido este medio, es el que validó precisamente que los adjudicatarios obtuviesen en abril de 2020 una prórroga de dos años. Porque, según Guillén, la UTE había "prestado el servicio de forma satisfactoria" y había cumplido "todas las condiciones establecidas en el contrato". Bajo esa premisa, el informe del PSOE entiende que existe un "perjuicio para las arcas públicas". Y que -añaden ahora sus portavoces- "se pueden estar cometiendo varias irregularidades e incluso algunas podría ser tipificadas como delito".
Los adjudicatarios del contrato son dos empresas agrupadas en una UTE: Alfatec-Teralco. En el organigrama de una de ellas, Alfatec Sistemas SL, aparece Carlos Pujadas, un empresario cuyo nombre salió a la luz mientras la Fiscalía Anticorrupción investigaba varias adjudicaciones del exconsejero valenciano del PP Rafael Blasco. Blasco se encuentra en tercer grado desde 2019 tras cumplir tres años de cárcel. El caso que afectaba a ese empresario acabó archivado, según fuentes que siguieron de cerca su evolución. Antes del cerrojazo, la Fiscalía había dirigido sus pesquisas a averiguar si, como señalaban los indicios, quien había sido uno de los puntales del Ejecutivo valenciano durante la etapa de Francisco Camps había tejido una trama para amañar la adjudicación del sistema de informatización de los historiales médicos valencianos. El informe que ahora llega a manos de la UDEF incorpora a su relato ese episodio.
El hecho sustancial en que el PSOE basa su conclusión de que ha habido un flagrante incumplimiento del contrato para la plataforma de administración electrónica se resume en un punto complejo que su informe desbroza: que, en aplicación de la normativa legal vigente, el expediente consideraba preceptiva "la interoperabilidad y la conexión entre sistemas". En otras palabras, que el sistema permitiera interactuar con los instalados por otras administraciones. Para garantizar ese fin, la UTE adjudicataria aseguraba en su proyecto técnico disponer "de un módulo SIR (Sistema de Interconexión de Registros) acorde Norma Técnica de interoperabilidad Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales - SICRES 3".
Pero tal módulo SIR –aduce el PSOE– o no existía o no se había solicitado la certificación en tiempo y forma. La explicación que ofrece el informe viene a ser la siguiente: que al finalizar el proceso de "implantación", para la que la UTE contaba con un año de plazo al que luego seguían tres de mantenimiento, debía obtenerse la certificación acreditativa de que el plan desarrollado aseguraba la "interoperabilidad" impuesta por la norma. En marzo de 2020, el PSOE pidió formalmente al Ayuntamiento que le explicase el tipo de integración de la plataforma con otras aplicaciones de registro de la comunidad autónoma o del Estado. Y le requirió datos sobre la ya mencionada certificación. Pero lo que respondió el gobierno local fue que esa certificación se había solicitado en 2019. Es decir, cuando la "implantación" de la plataforma llevaba en teoría dos años realizada.
La respuesta aumentó las sospechas de que el contrato se estaba incumpliendo de plano. Y por ello, el 6 de mayo de 2020 los socialistas presentaron un nuevo requerimiento donde solicitaban la remisión "en el menor plazo posible" de "una copia del documento que se remitió en su día a la Secretaría General de Administración Electrónica (SGAD) con el fin de obtener la certificación en plataforma SIR (Sistema de Interconexión de Registros) de la aplicación de Registro del Ayuntamiento de Murcia". El tiempo pasó sin que nadie explicara ni diera nada. Tanto es así que el 1 de febrero de este año dos concejales se plantaron en la concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración "a recoger dicha información", señala el informe. No recibieron ni un papel. Para entonces ya había transcurrido casi un año desde que expiraba el contrato, abril de 2020. Pero el Ayuntamiento lo prorrogó por dos años más.
Lo que dice el ayuntamiento y lo que dicen lo pliegos de condiciones del contrato
Las fuentes socialistas consultadas subrayan que el software vinculado al contrato, Gexflow, está instalado en todos los ordenadores del Ayuntamiento. Y que todos los servicios del Ayuntamiento se comunican de forma interna a través de Gexflow. Pero que "nadie puede enviar nada a ninguna Administración externa desde ese sistema –cláusula fundamental del contrato–, que se debería haber implantado al año de su contratación y para el que no se solicitó su certificación hasta casi la finalización de los cuatro años del contrato".
A primera hora de este miércoles, portavoces del equipo de gobierno local corroboraron por escrito y a preguntas de infoLibre que la certificación del sistema, que es el documento que demuestra que funciona, no se solicitó hasta diciembre de 2019: es decir, a punto de expirar el contrato. Y aún hoy no ha sido concedida. Una hora más tarde los mismos portavoces enviaron otra respuesta para asegurar que todo está en orden. Pero ante una nueva pregunta sobre si se puede interoperar o no con otras administraciones, la respuesta ahora fue la siguiente: "Sí se puede interoperar y de hecho, se está interoperando".
"Los técnicos municipales –continuaba la respuesta– se encargan de manera rigurosa del control, ejecución y pago del contrato. Si algún elemento dentro del mismo (de este o de cualquier otro) no se realizase, no se certificaría, por tanto no se pagaría, e incluso se podría tramitar la correspondiente sanción económica que se detraería del aval que la empresa tiene depositada ante el ayuntamiento hasta que quede finalizado la totalidad de la ejecución del contrato, incluyendo las prórrogas del mismo". De nuevo, este periódico preguntó si es posible interoperar –realizar trámites con otras administraciones– desde los escasísimos ordenadores conectados a la plataforma ORVE del Gobierno central o si resulta factible hacerlo desde cualquier dependencia municipal, incluidas las de las 55 pedanías del municipio. Esta vez no hubo contestación.
Por la tarde, los mismos portavoces del equipo de gobierno enfatizaron el mensaje de que todo se ha hecho correctamente. "El objeto fundamental de este contrato –se leía en una de sus respuestas– era la implantación de la sede electrónica y un tramitador de expedientes administrativos electrónicos que están funcionando al 100% y a pleno rendimiento y que se pueden consultar en sede.murcia.es". El consistorio recalca que la sede electrónica "permite realizar más de 200 trámites administrativo de forma telemática". Pero esos trámites tienen por destinatario al Ayuntamiento de Murcia. Lo que la interoperabilidad –es decir, la interconexión de registros telemáticos– permite es agilizar aquellos otros trámites que una administración ha de realizar en conjunción con otras, trátese de la comunidad autónoma o el Gobierno central.
En cuanto a la sede electrónica, y como puede comprobar quien disponga de certificado digital, una vez se cumplimenta el formulario de solicitud –alojado en formato pdf– no es posible activar la tecla de envío: salvo que el pdf se descargue en el ordenador, paso del que la web no avisa y que solo es posible conocer previa consulta a algún experto, como hizo este miércoles infoLibre. El informe del PSOE ya menciona ese extremo pero este periódico lo verificó por sus propios medios.
Según el consistorio murciano, la interoperabilidad "es una pequeña cláusula que está en ejecución sin sobrecoste". Lo que dicen los pliegos de condiciones de la licitación es por completo distinto. De hecho, la primera página del pliego introduce como primer "antecedente" justificativo del contrato un hecho crucial en el campo de la interoperabilidad: que el "registro de Entrada/Salida de documentos [los que distintas administraciones cruzan entre sí]" no cumple "con las especificaciones de la norma SICRES 3.0. (Intercambio registral con el SIR)". Y que "dicha herramienta no dispone de servicios web para la interoperabilidad con otras aplicaciones corporativas".
Párrafo sobre interoperabilidad
Es justamente por ello que en el apartado del pliego de condiciones dedicado a la "Descripción técnica de los servicios" arranca con un extenso punto que comienza así: "El modelo de registro de Entrada/Salida a implantar debe cumplir la Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) (...) La documentación procedente de/o para otros organismos públicos ha de utilizar el intercambio registral a través de la plataforma SIR cumpliendo dicha normativa".
Apartado sobre interoperabilidad
La versión ofrecida por el Ayuntamiento de Murcia insiste en que "sí se puede interoperar y de hecho se está haciendo a través de ORVE". Es decir, a través de la plataforma del Gobierno central para la interacción entre administraciones que carezcan de un sistema SIR propio como el que en 2016 adjudicó el Ayuntamiento de Murcia a la UTE Alfatec-Teralco. A la pregunta de infoLibre sobre cuántos de los 3.000 ordenadores municipales tienen instalado ORVE, los portavoces del equipo de Gobierno dejaron la pregunta sin respuesta. ¿Son dos o tres o cuatro?, repreguntó varias veces este periódico. La respuesta fue siempre la misma: que "está disponible a través de la intranet del ayuntamiento para utilizarse en cualquier ordenador y se podría llegar a instalar en cualquiera que lo solicitase hasta los 3.000 existentes".
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"El producto que ya tenemos instalado en el ayuntamiento -prosiguió la fuente- cumple todas las condiciones del contrato (...). Solo falta su certificación para ponerlo en producción, para lo que requiere un trámite administrativo que depende del Ministerio". En realidad, esa certificación, garantía clave de que hay interconexión real entre distintas administraciones para realizar los trámites necesarios -por ejemplo, solicitud de ayudas-, no se solicitó hasta diciembre de 2019. Lo previsto en el contrato es que la fase de implantación del sistema de interconexión finalizase al año de iniciarse su ejecución. Es en ese momento -cuando termina la implantación y comienza el periodo de mantenimiento- cuando ha de solicitarse la certificación.
En cualquier caso, y una vez el informe del PSOE ha llegado a manos de la Policía, serán los expertos quienes determinen la veracidad de los hechos denunciados por la oposición y su eventual alcance delictivo si es que se observan indicios de criminalidad.
La ristra de los contratos del Ayuntamiento de Murcia sujetos a investigación por las denuncias de PSOE y Ciudadanos ha vuelto a crecer. El exvicealcalde Mario Gómez, de Ciudadanos, entregó este miércoles a la unidad policial de delitos de corrupción un nuevo informe que detalla el "incumplimiento flagrante" del contrato adjudicado en abril de 2016 para la implantación de la plataforma de administración electrónica municipal. Gómez es quien en octubre ya puso en manos de la Udef más de tres gigas de documentos que supuestamente refuerzan la idea de un escenario de corrupción. La difusión de esa denuncia de octubre hizo añicos el pacto de gobierno local y operó como el desencadenante final de una moción de censura de PSOE y Ciudadanos cuyo debate ha comenzado este miércoles en la Asamblea Regional y que, salvo el improbable y remoto apoyo de diputados de ultraderecha, el PP ha logrado parar en seco gracias a tres diputados tránsfugas de Ciudadanos.