Suma y sigue. Barcelona, el municipio más importante de Cataluña (1,6 millones de habitantes), la joya municipal del la política catalana, se ha sumado a la lista de ayuntamientos donde los partidos contrarios a la intervención de la autonomía catalana han hecho pagar al PSC que no se haya opuesto a la destitución del Govern de Carles Puigdemont después de la declaración de independencia del 27 de octubre.
Los socialistas catalanes se han resentido especialmente de este golpe no sólo por tratarse del ayuntamiento de mayor tamaño en el que tenían tareas de gobierno sino porque quien se lo ha propinado es Ada Colau, la principal dirigente de Catalunya en Comú, pasando por encima de un acuerdo de gobierno que expresamente comprometía a ambas organizaciones a respetarse mutuamente fuese cual fuese la posición que cada parte defendiese en relación con el procés independentista.
La actitud de Colau va a tener, según el líder del PSC, Miquel Iceta, consecuencias en el futuro. Una advertencia que remite directamente al día siguiente a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y que tendrá especial relevancia si el independentismo (PdeCAT, ERC y CUP) o el unionismo (PP, Cs y PSC) no consiguen mayoría absoluta.
Con la capital catalana son ya una docena los gobiernos municipales que los socialistas han tenido que abandonar. En la mayoría de los casos expulsados por las formaciones independentistas; en otros de forma pactada. Dos de ellos al frente ayuntamientos muy relevantes, Girona y Sant Cugat del Vallès (en el filo de los 100.000 habitantes), y ambos con alcaldesa del PDeCAT. Otros tres en localidades medianas, Olot, Manlleu y Molins de Rei, y el resto en poblaciones más pequeñas: San Carlos de la Rápita, Balaguer, Argentona, Alella, Arenys de Munt y Móra la Nova. En total, antes del conflicto, los socialistas participaban en 70 gobiernos locales.
La crisis política provocada por la declaración de independencia del Parlament y la intervención de la autonomía catalana ha alcanzado incluso a cinco alcaldías socialistas, un número pequeño si se tiene en cuenta que el PSC se hizo con 122 tras las elecciones locales de 2015. El caso más trascendente fue el de Terrassa, un municipio con más de 200.000 habitantes, en el que el alcalde del PSC, Jordi Ballart, no sólo rompió el carnet de los socialistas catalanes sino que enunció al bastón de mando. Su gesto fue secundado por cinco concejales y abrió una crisis local todavía sin resolver pero que, paradójicamente, puede concluir con otro socialista al frente del ayuntamiento si se cumplen los deseos del dimitido Ballart.
En Blanes, con 39.000 habitantes, el alcalde Miquel Lupiáñez tomó el mismo camino —dejó el PSC y la alcaldía, en desacuerdo con el respaldo de los socialistas a la intervención de la autonomía—. En Castellar del Vallès, en cambio, el alcalde Ignasi Giménez se limitó a romper el carnet socialista pero decidió seguir al frente del municipio, de casi 24.000 habitantes.
Moción de censura
Muy distinto es el caso de Sant Hipòlit de Voltregà (3.400 habitantes) y Gimenells (1.100 vecinos). En el primer municipio fue una moción de censura impulsada por los grupos del PDeCAT y Som Voltregà —nucleado en torno a ERC— la que derribó al alcalde socialista, Xavier Vilamala. En el segundo, el regidor Dante Pérez abandonó el PSC y fichó por el PP en desacuerdo con la entrada de ex miembros de Unió Democràtica en las candidaturas socialistas para el 21 de diciembre.
Los daños colaterales de la crisis política catalana para el PSC no se quedan ahí, ni mucho menos. Hasta 11 alcaldes socialistas se han quedado sin apoyo suficiente para gobernar, aunque de momento conservan el bastón de mando. Dos de ellos, Josep Fèlix Ballesteros y David Bote gobiernan localidades importantes (Tarragona, 131.999 habitantes, y Mataró, con 125.517). El primero perdió el apoyo de un concejal de Units per Avançar (una paradoja, porque es la misma plataforma que el PSC ha incorporado a sus candidaturas autonómicas) y el segundo se quedó sin el respaldo de los concejales de la antigua Convergència.
La lista de alcaldes socialistas que se han quedado en minoría se completa, de momento, con tres localidades medianas (Mollet del Vallés, Esplugues de Llobregat y Pineda de Mar) y otras seis más pequeñas: Lliçà d'Amunt, Palau de Plegamans, Corbera de Llobregat, Montmeló, Tiana y Olivella.
Los problemas derivados de la declaración de independencia han alcanzado también a algunos consejos comarcales como los de Osona, Montsià y Baix Ebre.
No obstante, ERC y PDeCAT siguen gobernando con el PSC en 60 municipios. Y los socialistas dan soporte a los independentistas en otros 40. Entre ellos Vilanova i la Geltrú, donde es alcaldesa la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, y Premià de Mar, en el que el bastón de mando lo lleva Miquel Buch, presidente de la Associació Catalana de Municipis.
De hecho, en la mayor parte de los municipios de la provincia de Tarragona el conflicto soberanista no se ha trasladado a las corporaciones locales. Ese es el caso de Cambrils, Salou, la Selva del Camp, Torredembarra o El Vendrell. Y la relación entre ambas partes sigue funcionando en la Diputación provincial.
Algo parecido a lo que sucede en municipios de Girona como Lloret de Mar, la Jonquera y Llançà y en el Consejo Comarcal del Alt Empordà.
Suma y sigue. Barcelona, el municipio más importante de Cataluña (1,6 millones de habitantes), la joya municipal del la política catalana, se ha sumado a la lista de ayuntamientos donde los partidos contrarios a la intervención de la autonomía catalana han hecho pagar al PSC que no se haya opuesto a la destitución del Govern de Carles Puigdemont después de la declaración de independencia del 27 de octubre.