La decisión del bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar, justamente, la renovación del propio órgano es un "atropello democrático" a juicio de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Desde EH Bildu a Más País han puesto de manifiesto que la decisión del TC de aceptar las cautelarísimas del Partido Popular es un hecho inédito en la democracia española, al ser la primera vez que el Constitucional paraliza la tramitación de una ley en las Cortes, que se aprobó el pasado jueves con una mayoría de 184 votos. Además, esta decisión la adopta un Alto Tribunal caducado, que frena así su propia renovación.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sido una de las primeras en pronunciarse desde el Congreso. La líder de la formación abertzale ha tildado de "gravísimo" lo ocurrido, ya que a su juicio es "un golpe judicial" contra la "representación legítima emanada de las urnas". "Es un auténtico escándalo. La derecha se sitúa fuera de los parámetros democráticos y fuera de la asunción de los resultados de las elecciones" , ha firmado. Aizpurua ha valorado positivamente la iniciativa de Unidas Podemos de convocar al bloque de investidura para poner fin al bloqueo del Partido Popular y ha demandado una "reflexión tranquila pero rápida" que desemboque en un "acuerdo global de la mayoría parlamentaria".
El representante de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha incidido en la idea de poner en marcha un nuevo trámite legislativo para renovar el alto tribunal. El republicano ha afirmado que la decisión del TC es "grave" porque "una parte del poder judicial le ha declarado la guerra a una serie de partidos e ideas" y ha pedido "calma" porque "la desobediencia institucional" sin tener un plan "no sirve de nada, es confeti". Rufián también ha abierto la puerta a cambiar el sistema de mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Podemos estar quejándonos sobre el Poder Judicial pero no cambiará hasta que no nos pongamos de acuerdo", ha afirmado.
Para Aitor Esteban, portavoz del PNV, es "inaceptable" que el Constitucional impida una votación en el Senado. "Detrás de todo esto hay intereses y desde luego un bloqueo absolutamente incomprensible de la renovación de los órganos constitucionales desde hace ya muchos años, que no es justificable", ha criticado Esteban. "Hay un conflicto institucional pero creo que es perfectamente superable. Esto lo que hace es retrasar la aprobación, pero creo que a la postre se va a producir", ha incidido.
Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha enarbolado un discurso muy crítico contra los magistrados conservadores del Constitucional, a los que ha acusado de comportarse como "diputados del PP" y provocar una "crisis profunda de Estado". A su juicio, el comportamiento de estos "magistrados en rebeldía" han cometido un "atropello democrático" que pone en peligro el "equilibrio de poderes" que emana de la Constitución de 1978. Errejón se ha mostrado dispuesto a conformar un frente cívico ante esta deriva conformado por la mayoría de investidura, que es "clara y amplia", para consensuar una iniciativa de forma rápida que solucione este "atropello" a la soberanía popular y, a la vez, recuperar la autonomía parlamentaria.
Otros, como el diputado del BNG Néstor Rego, han llamado directamente a "desobedecer" la "ilegítima" resolución del Constitucional. Desde su punto de vista, el alto tribunal ha sido "instrumentalizado" por la "política ultra" y ha optado por vulnerar la separación de poderes y limitar la facultad del legislativo. Para Rego, el Senado debería seguir adelante con la tramitación de la norma íntegra, sin atender al requerimiento del Constitucional.
Una proposición de ley, la vía más "razonable" para desbloquear el TC
Tanto desde la formaciones del Ejecutivo como el resto de socios defienden que hay que desbloquear las mayorías del TC lo "antes posible". Fuentes de la dirección socialista creen que la vía "más razonable" para conseguirlo es registrar una Proposición de Ley. La última es la que registró Más País el lunes a última hora en el Congreso que reproduce e texto registrado la pasada semana por el PSOE y Unidas Podemos. Esta proposición establece que los dos magistrados del TC nombrados a propuesta del Gobierno no tienen por qué elegirse al mismo tiempo que los dos que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial, si este último retrasa su decisión. El objetivo de esta reforma era el de sortear el bloqueo de los vocales conservadores del CGPJ.
La iniciativa de Más País también suprime la obligatoriedad de que el Tribunal Constitucional constate en una sesión la idoneidad de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno. En este supuesto, sería el Ejecutivo y el propio designado quienes tendrán que atestiguarla, según recoge el texto. Un texto que avalarían los socios parlamentarios del Ejecutivo, tal y como han asegurado este martes portavoces como Esteban, Rufián o Aizpurua.
Rebaja de las mayorías para elegir al CGPJ
La otra vía defendida por Unidas Podemos pasaría por una rebaja de las mayorías necesarias para elegir a los vocales del gobierno de los jueces. En 2020 el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una propuesta para tratar de desbloquear los órganos constitucionales, pero la acabaron retirando a instancia de los socialistas. En concreto, el espacio confederal plantea que en lugar de los tres quintos actuales, lo que permite a los conservadores tener una minoría de bloqueo, sea suficiente con una mayoría absoluta. Un cambio que, no obstante, solo puede realizarse para la docena de vocales del cupo judicial, cuyo sistema de elección no está definido de forma clara en la Constitución.
El bloque conservador del TC impide votar en el Senado la reforma sobre su propia renovación
El espacio liderado por Pablo Echenique en el Congreso añade, además, otro requisito: que el 50% de los grupos de la Cámara avalen también este cambio, una vía que defiende el exmagistrado José Antonio Martín Pallín. La modificación normativa podría impulsarse a toda velocidad. Si se registra como proposición de Ley –es decir, a iniciativa de los grupos y no del Gobierno– y se tramita por la vía de urgencia, podría ser una realidad en un par de meses, requiriendo una mayoría absoluta a favor en el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos creen que no hay que "precipitarse" porque es un "tema muy delicado" y entienden las apelaciones a la "calma" de su socio de gobierno, pero abogan por sacar adelante esta reforma con los partidos del bloque de la investidura.
UP llama a las movilizaciones
El diputado Gerardo Pisarello, secretario de la Mesa del Congreso por Unidas Podemos, ha afirmado este martes que la situación actual "no se resuelve sólo desde las instituciones", y ha asegurado que "se tiene que implicar la sociedad civil". Una posibilidad que ya deslizó la ministra Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, a última hora del lunes, al igual que Izquierda Unida, a través de un comunicado.
Sin embargo, el portavoz socialista, Patxi López, descartaba estas movilizaciones y apelaba a utilizar las "herramientas de la política" en aras de superar el bloqueo del TC. Fuentes del grupo parlamentario han pedido "no calentar más los ánimos" en un ambiente que ya es, de por sí, complicado.
La decisión del bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar, justamente, la renovación del propio órgano es un "atropello democrático" a juicio de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Desde EH Bildu a Más País han puesto de manifiesto que la decisión del TC de aceptar las cautelarísimas del Partido Popular es un hecho inédito en la democracia española, al ser la primera vez que el Constitucional paraliza la tramitación de una ley en las Cortes, que se aprobó el pasado jueves con una mayoría de 184 votos. Además, esta decisión la adopta un Alto Tribunal caducado, que frena así su propia renovación.