Familias inmigrantes denuncian el "trato vejatorio" que reciben en el centro de acogida madrileño de Valdelatas

"Te tratan como a escoria, con asco". Así de tajante resume María (nombre ficticio) su paso por el Centro de Acogida de Valdelatas, en Madrid. Su relato, no obstante, no es único. Otras familias coinciden. Hablan de "trato vejatorio", de "desatención" y de alimentos en mal estado. Una realidad convertida en un día a día que, añade María, repercute psicológicamente. Todas las familias que acaban en ese centro lo hacen por pura necesidad. El albergue, ubicado cerca de Colmenar Viejo, acoge a familias inmigrantes que no tienen los recursos necesarios para encontrar una alternativa habitacional. Algunas de ellas, de hecho, han sido desahuciadas. Tras acudir a los Servicios Sociales o al Samur Social fueron derivadas a Valdelatas, un centro subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la ONG Accem.

María y el resto de personas que relatan su vivencia en el centro prefieren permanecer en el anonimato. Según explican, el personal del centro no suele recibir con agrado las críticas. Por eso hablan de "indefensión". Y es que cualquier queja tiene respuesta. "Si solicitamos algo o reclamamos mejoras amenazan con dejarnos sin bono transporte, con la disgregación familiar o la pérdida de ayudas", lamentan. Tanto es así que hasta conseguir una hoja de reclamaciones, dicen, ha sido casi misión imposible. Y aunque lo han intentado, la gota que colmó el vaso y agotó la paciencia de las familias fue lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

Un hombre que vive allí fue expulsado del centro cuando volvía de trabajar y se vio obligado a dormir dos noches fuera del centro. Todo, según la versión de los denunciantes, sin un aviso previo sobre algún tipo de incumplimiento de las normas de convivencia. Este caso concreto, de hecho, fue denunciado por escrito y llegó hasta la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo. Fuentes de la institución confirman a infoLibre que la denuncia fue recibida y que se remitió al Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid, "la administración competente". "Esto no es un hecho aislado, y en lo que respecta a mi familia ya intentaron promocionar la disgregación del núcleo familiar al emitirse desde el centro una denuncia falsa de maltrato contra uno de mis hijos", explica el afectado en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico. Una situación que también fue denunciada por activistas de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) que acudieron al centro tras conocer el caso y, tras una visita, constataron las quejas de las familias.

"Amedrentados constantemente"

No obstante, tras ese caso se esconden días y días de, aseguran las familias, "humillaciones" y "tratos vejatorios". Y comienzan nada más llegar. Las personas que ingresan en el centro lo hacen por un periodo de un año, un plazo de tiempo que se puede acortar o extender, según las necesidades individuales de cada cual, explica en conversación telefónica Carmen Creanga, coordinadora del Programa de Intervención Sociocomunitaria de Accem. Pero, según informan las familias, nada más llegar al albergue el personal del mismo comienza a instarles a buscar una alternativa habitacional rápidamente para permanecer allí el menor tiempo posible. Y eso es una constante. Están, lamentan, "amedrentados constantemente". 

Además, "se desatiende la situación particular de las familias", critican. "Según recoge el decálogo de la entidad gestora con los derechos y deberes de las usuarias, la persona usuaria tendrá derecho a un programa de intervención individual definido y realizado con la participación y con el conocimiento del propio beneficiario. Una obligación que la entidad incumple sistemáticamente", añaden. Pero es que, además, en el centro "se generan desigualdades en el trato, habiendo algunas personas usuarias que gozan de privilegios y otras que son discriminadas y obligadas a cumplir tareas denigrantes. Por ejemplo, las tareas de limpieza y cuidados del espacio suelen recaer sistemáticamente sobre las mismas usuarias, librando a otras personas de desarrollar ese tipo de tareas como premio a su silencio y falta de quejas". Quien no guarda silencio y reclama, en cambio, llega a ser amenazado con la expulsión del centro. "Pueden hacer un informe asegurando que alguien no cumple con las normas de convivencia y, de este modo, esa persona puede verse obligada a salir del centro", explica María. 

De lo que se quejan es, fundamentalmente, del trato. Las familias, que duermen en habitaciones construidas a base de contenedores, reciben comida que, según aseguran, en muchas ocasiones no está en buen estado. Las instalaciones tampoco son las más adecuadas y, además, no reciben un buen trato por parte del personal. "Se nos niega el derecho a recibir información, a participar conscientemente de las actividades del centro y se nos priva en algunas ocasiones de algunas herramientas para poder desarrollar de manera autónoma nuestras vidas". 

Por ello, reclaman "soluciones definitivas" para, dicen, "garantizar una vivienda digna y adecuada a las familias que habitan el centro". "También exigimos a la entidad gestora mejoras en el trato humano", añaden. 

El centro guarda silencio

infoLibre se puso en contacto con la delegación de Accem en el centro de Valdelatas tras conocer  las quejas de las personas que saben lo que ocurre dentro del albergue. Pero se negaron a responder a las preguntas de este periódico. Remitieron directamente al Ayuntamiento de Madrid, desde donde admitieron que "en ocasiones se producen algunas quejas sobre circunstancias concretas". "Como en cualquier otro sitio", puntualizaron. Y añadieron, además, que si existen quejas, estas tienen que ser presentadas en el "área correspondiente" para que "los técnicos del Ayuntamiento" den respuesta. 

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"En alguna ocasión se han presentado quejas, como en cualquier servicio", dicen. Y cuando eso ocurre, actúan. "Se estudia cada queja en concreto y se da respuesta por parte de los servicios municipales", explican las mismas fuentes. No obstante, insisten en que "desde el Ayuntamiento se considera que desde Accem se realiza un trabajo estupendo". 

Desde Accem, no obstante, Creanga admite que se recibió una hoja de reclamaciones. "Hay un sistema de calidad que está implementado y hay hojas de reclamaciones que se facilitan para poder trasladar las quejas", explica. En cualquier caso, la ONG explica que en 2018 se atendió a 154 familias y un total de 525 personas y que, hasta este momento, no se había recibido ningún escrito similar. Pero las familias denuncian que, precisamente, conseguir una de estas hojas ha sido uno de los mayores problemas a los que han tenido que enfrentarse. 

Creanga explica que Accem, además de este centro, que tiene plazas para 22 familias, gestiona el de San Roque, donde pueden convivir hasta 30. "Las familias que llegan son inmigrantes en situación de vulnerabilidad social", explica. "Cuando ingresan en el recurso porque hay plazas libres se hace una entrevista social y se realiza con ellos un plan de intervención consensuado. Se acuerdan unos objetivos para trabajar durante el periodo de estancia en el centro", añade. Una vez salen de allí, el objetivo es que consigan un piso en comunidad pero, en caso de dificultad, Creanga asegura que la organización puede seguir ayudando con el pago del alquiler.