Familias LGTBI: un alegato en defensa de la diversidad frente a los modelos tradicionales

"Las familias LGTBI han existido siempre, pero en la clandestinidad". Con estas palabras abría la abogada y activista Charo Alises la mesa Familias LGTBIQA+, enmarcada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Madrid Summit. El debate, que reunió el miércoles a activistas y representantes de diversas organizaciones, buscaba visibilizar la existencia de modelos familiares distintos a la norma, como primer paso para su total normalización.

Pero deconstruir los arquetipos socialmente impuestos no resulta tarea sencilla. Los obstáculos a los que han de enfrentarse los miembros del colectivo con este fin son múltiples, pero más grave si cabe son las consecuencias para el eslabón más débil. Los hijos de las personas LGTBI tienden a sufrir lo que se denomina discriminación por asociación, es decir, toda aquella que se produce "cuando una persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o familia que incluya a personas LGTBI", tal y como define la Ley contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid. Combatir este tipo de discriminación y defender la diversidad es uno de los retos que afronta el colectivo.

Protección de las familias

Con el avance de la lucha social en las calles, surge también toda una "legislación que destroza las armarios donde estaban las familias LGTBI", subraya Charo Alises. Es a raíz de dicho progreso normativo que las familias "se hacen visibles y toman el lugar social que les corresponde". Pero el reconocimiento legislativo no sólo supone una mayor visibilidad, sino también "la protección de estas familias", tradicionalmente relegadas a un segundo plano y desamparadas jurídicamente.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla en su artículo 16 de la protección de la familia. "De todas, no hace distinción", señala Alises. Los Principios de Yogyakarta –la aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos a la orientación sexual e identidad de género– reconoce, en su principio 24, "el derecho a funcionar sin ninguna discriminación y a formar una familia". La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por su parte, se refiere al derecho de contraer matrimonio en igualdad ante la ley y sin ningún tipo de discriminación.

En España, la propia Constitución contempla en su título noveno la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de velar por la no discriminación de las personas, y en el 14 alude a la no discriminación e igualdad ante la ley. Asimismo, se reconoce la protección social, jurídica y económica de las familias. Existe, por tanto, un amplio respaldo normativo que protege, al menos sobre el papel, a las familias sea cuál sea su estructura.

Además, el Código Penal castiga en su artículo 511 a todo "particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad". No obstante, matiza Charo Alises, todavía se dan casos en los que hijos de familias LGTBI ven obstaculizado su acceso a becas, ayudas y subvenciones, por pertenecer a un núcleo familiar con características que se salen de la norma. 

La protección de las familias está necesariamente ligada a la defensa de los menores. La Ley de protección de la infancia y la adolescencia pone el foco sobre el interés del menor y la prohibición de que sea discriminado, atendiendo a la igualdad de oportunidades de niñas y niños de todas las familias, también las LGTBI.

Ante esta situación, la comunidad LGTBI quiere dar un paso más y caminar hacia una protección real que cuente con todas las garantías necesarias también en la práctica. Por ello, la Ley de Igualdad LGTBI registrada en mayo establece la protección de la familia LGTBI y sus hijos frente a toda discriminación. La principal novedad que introduce respecto a la normativa existente es que los hijos de estas familias serán "miembros de pleno derecho del colectivo, porque desde pequeños pueden sufrir la discriminación de sus padres o sus madres". El propósito es, por tanto, que la ley les proteja como si ellos mismos fueran miembros del colectivo.

Charo Alises pone sobre la mesa, además, la necesidad de políticas públicas que apuesten por la diversidad, "porque de lo que no se habla no existe". Una estrategia decidida en el ámbito educativo "servirá para que durante su desarrollo como personas los niños aprendan a que hay diversidad en el mundo". El trabajo cotidiano es igualmente importante en los documentos administrativos, que "también son discriminatorios" porque no se encuentran adaptados a la realidad –se habla de padre y madre en lugar de progenitor uno y dos, por ejemplo–, y en la formulación de "nuevas formas de gestión de la conciliación laboral y familiar en la que se incluya el hecho de la diversidad familiar".

Tumbar la norma

"El hecho de ser familia LGTBI te convierte en activista". Lo dice Jesús Santos, miembro de la junta directiva de la asociación Nelfa. Santos es padre de un niño de origen ruso que adoptó junto a su marido mediante un proceso de adopción internacional que, lamenta, "a día de hoy sería prácticamente imposible". Su experiencia, reconoce, dicta que España es un país "privilegiado, aunque quedan cosas por conseguir". A su juicio, los aspectos prioritarios que no están resueltos apuntan directamente a las vías disponibles en la formación de una familia para los miembros del colectivo LGTBI.

El acceso a las técnicas de reproducción asistida es uno de los grandes escollos para las familias homoparentales. "A las mujeres lesbianas se les exigen requisitos como estar casadas en ciertas comunidades, y los hombres ni siquiera tienen acceso a la gestación subrogada", lamenta sin profundizar en el polémico debate.

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Por su parte, la activista trans y presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, Diane Marie Rodríguez, reivindica la compleja situación de la comunidad trans en esta materia. "Casi nadie sabe ni entiende qué es la transmaternidad o la transpaternidad", denuncia. Apuesta, como primer paso en su lucha, por "tumbar la Ley de Igualdad española donde dice que las personas trans están locas" al equiparar "el transgenerismo con una patología". A su entender, las familias trans no sólo son "una etiqueta ambulante", sino que se encuentran en "el último escalón de toda la diversidad". Por ello, la elaboración de leyes que atiendan a las necesidades del colectivo y el trabajo por lanzar un mensaje no basado en los roles de género y en los modelos tradicionales se torna fundamental para educar en igualdad y construir escenarios diversos e inclusivos.

Maria Von Känel, coordinadora de International Family Equality Day y cosecretaria de European Lesbian Conference defiende la importancia de "la comprensión y la solidaridad" como base del "gran modelo que inculcar a los hijos". Por ello, considera, "es importante un marco legislativo que apoye a las madres", porque todavía han de "afrontar lastres y obstáculos" en su día a día. Todo ello debe verse respaldado, continúa la activista, por una salida masiva y coordinada del colectivo a las calles. "Debemos salir de nuestras comunidades y mostrarnos", insta Von Känel, "porque hay discriminación por todas partes para todo lo que se sale de la norma".

La activista cree esencial trabajar por una conexión "de todas las minorías, especialmente las LGTBI", de modo que "traspasen las fronteras con sus historias para compartir y expandir derechos igualitarios".  Visibilizar es, sentencia, el paso necesario para normalizar. "Existimos, somos", reivindica Von Känel. "Somos una familia de familias".