La doble vara de medir del PP de Alberto Núñez Feijóo vuelve a poner en evidencia la flexibilidad con la que interpreta la responsabilidad política. La exigen siempre, no importa los niveles de la administración que haya de por medio, cuando el afectado milita en las filas de la izquierda. Y la pasan por alto cuando, en idénticas o incluso peores circunstancias, el que debería hacerse cargo de las consecuencias de los actos cometidos por sus subordinados es uno de los suyos. Eso es exactamente lo que está pasando estos días con Francina Armengol, a la que el PP ha puesto en el punto de mira y cuya dimisión “inmediata” reclaman por tierra, mar y aire con la ayuda de sus aliados mediáticos.
La acusación es sencilla. Según el PP, la actual presidenta del Congreso debe renunciar a su cargo porque cuando era presidenta de Balears, cargo que perdió en las elecciones autonómicas de mayo, “avaló” a la empresa implicada en el caso Koldo certificando por escrito que les había suministrado “de manera satisfactoria” una partida de mascarillas por 3,7 millones de euros.
¿En qué se basan para atribuir ese aval a Armengol? En un documento fechado el 12 de agosto de 2020 firmado por Antonio Mascaró Crespí, en calidad de subdirector de Compras y Logística del Servei de Salut de les Illes Balears. Es decir: el PP atribuye personalmente a la actual presidenta del Congreso la responsabilidad política de un documento del que cuando se expidió la separaban cuatro escalones administrativos: la Conselleria de Salut, la dirección del Servei, la dirección de Coordinación Administrativa y la subdirección de Compras.
“El Partido Popular reclama su dimisión inmediata porque no puede representar al pueblo balear quien ha generado un perjuicio económico a sabiendas a los ciudadanos de su comunidad autónoma”, sostuvo este viernes el partido de Feijóo.
Las condenas en la Xunta
El líder del PP, en cambio, no vio responsabilidad alguna por parte de su conselleiro de Economía ni de él mismo cuando, en 2017, dos directivos clave del organismo de la Xunta que reparte las subvenciones públicas a los empresarios gallegos fueron condenados por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Entre Feijóo, cuando era presidente, y las personas que fueron condenadas penalmente por la Audiencia de Lugo había menos separación administrativa que entre Armengol y el documento que el PP trata de exhibir ahora como la prueba decisiva con la que reclamar la cabeza de la presidenta del Congreso.
Los condenados de la Xunta en 2017 eran Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva, el director y el subdirector de Información Especializada del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un organismo autonómico a través del cual el Gobierno gallego distribuye millones de euros en subvenciones. De acuerdo con la ley reguladora de este instituto público, su director lo nombra un Consejo de Dirección (que elige el Consello de la Xunta presidido entonces por Feijóo) a propuesta del conselleiro de Economía.
Millones de euros en subvenciones
De acuerdo con aquella sentencia, la participación de Varela y Silva fue “decisiva” para que la “trama” creada en torno al empresario lucense Jorge Dorribo obtuviese préstamos y subvenciones públicas de varios millones de euros. Un diputado autonómico del PP, Pablo Cobián, condenado en el mismo juicio por un delito de tráfico de influencias, actuó entonces, según el fallo de la Audiencia, como “intermediario” entre Jorge Dorribo y el director del Igape para que este organismo, dependiente de la Xunta, concediera un trato de favor y preferente en la tramitación así como en la final concesión” de una subvención y de un préstamo a cuenta del erario público, “funciones de intermediación que resultaron determinantes”.
Los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios forman parte de los que el Poder Judicial considera corrupción, pero, a pesar de la sentencia, Feijóo no se sintió interpelado por responsabilidad política alguna. Y eso que él fue una pieza clave en el acceso de los condenados al dinero público entregado de manera fraudulenta.
Feijóo no solo no asumió responsabilidad política alguna por ese caso, sino que nunca reprobó la conducta de sus subordinados. Es más: en noviembre de 2018, apenas un año después de que la Audiencia de Lugo dictase sentencia, agradeció a Joaquín Varela de Limia los servicios prestados. Lo hizo aprovechando un acto conmemorativo del 25 aniversario de la creación del instituto a través del cual se había entregado dinero público de manera “fraudulenta”.
La excusa de Feijóo
Feijóo vetó investigar los contratos del covid, entre ellos los del cofundador de la SL de Ayuso y su hermano
¿Por qué el hoy presidente del PP decidió no responder por las acciones de los condenados, uno de los cuales fue nombrado a propuesta de su conselleiro de Economía? Nunca lo explicó. Un año antes de la sentencia, eso sí, aseguró que el caso no afectaba al dinero público y defendió a los cargos públicos involucrados diciendo que vieron su labor “envuelta” en la trama sin “intencionalidad”. En su opinión, en este caso no había “responsabilidad penal”. La sentencia, en cambio, estableció que sí la hubo. Por delitos de corrupción.
No tuvo nada que decir sobre un caso sentenciado por los jueces que le salpicaba directamente, pero sí toda clase de acusaciones contra Armengol. Aunque ningún juez haya dictado auto alguno que tenga que ver con ella ni con su gestión cuando era presidenta de Balears, el PP convocó este viernes a todos sus dirigentes para retratarla como culpable de un delito de corrupción.
“La situación de Armengol es insostenible”, “está inhabilitada políticamente”, sostuvo el portavoz del partido, Borja Sémper, en una rueda de prensa convocada de urgencia en la sede del partido. A la vista del documento firmado por el subdirector de Compras del Servei de Salut, remarcó, “no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también, supuestamente, de delito”.
La doble vara de medir del PP de Alberto Núñez Feijóo vuelve a poner en evidencia la flexibilidad con la que interpreta la responsabilidad política. La exigen siempre, no importa los niveles de la administración que haya de por medio, cuando el afectado milita en las filas de la izquierda. Y la pasan por alto cuando, en idénticas o incluso peores circunstancias, el que debería hacerse cargo de las consecuencias de los actos cometidos por sus subordinados es uno de los suyos. Eso es exactamente lo que está pasando estos días con Francina Armengol, a la que el PP ha puesto en el punto de mira y cuya dimisión “inmediata” reclaman por tierra, mar y aire con la ayuda de sus aliados mediáticos.