Feijóo vetó investigar los contratos del covid, entre ellos los del cofundador de la SL de Ayuso y su hermano

Las noticias sobre las suculentas comisiones para Tomás Díaz Ayuso por la venta de mascarillas en la pandemia al Gobierno que preside su hermana y la confirmación de que uno de los cofundadores en 1999 de la empresa que Isabel y Tomás poseen ahora al 50%, Sismédica SL, había obtenido durante la pandemia contratos sanitarios de la Xunta de Galicia a través de otra sociedad llevaron en abril de 2022 al BNG a pedir una auditoría. Los nacionalistas reclamaron que todas las adjudicaciones tramitadas desde el inicio del covid por la vía de emergencia se sometieran a un examen externo. Pero la propuesta quedó en papel mojado y pasó prácticamente inadvertida. Todavía con Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia, el PP la tumbó, aseguró que ya había enviado los datos a la oposición a finales de 2020 y que todo estaba en orden.

El caso de las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso por las mascarillas que la empresa de un amigo, Priviet Sportive, suministró a la Comunidad de Madrid acabó archivado por la Fiscalía Anticorrupción al igual que hizo luego la Fiscalía Europea. Acabó también con la carrera política de Pablo Casado por exigir explicaciones a Ayuso y propició el ascenso de Feijóo a la cúspide del PP. En la Asamblea de Madrid, el PP impidió la puesta en marcha de una comisión de investigación.

Las dos fiscalías concluyeron que en el caso de las mascarillas no había indicio de delito ni de incremento de precio por la intervención de terceras personas, en referencia a Tomás Díaz Ayuso. La condición de socios que ambos hermanos mantienen en una sociedad limitada –la citada Sismédica SL– que no presenta cuentas desde 2014 pero que por razones desconocidas no se ha extinguido aún, representa un verdadero enigma. La presidenta de Madrid siempre ha aducido que la empresa la heredó muerta [puedes acceder aquí a la más reciente declaración de bienes de la jefa del Ejecutivo madrileño]. Nunca ha explicado por qué ella y su hermano, administrador único de la compañía según los datos consultados este jueves en el Registro Mercantil, no han emprendido entonces el proceso de liquidación.

Dos contratos por 384.665 euros

Ahora, y a la vez que el BNG anuncia una nueva petición de auditoría que el sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, ya se ha adelantado a rechazar, los portavoces de la sanidad pública gallega, el Sergas, han confirmado a infoLibre que la empresa Prhoinsa, administrada por Juan Carlos Herrero, uno de los empresarios que junto con los padres de Isabel Díaz Ayuso constituyó Sismédica SL en 1999, obtuvo dos contratos de emergencia para suministros médicos, y no solo uno como en 2022 señaló el BNG, por importe total de 384.665 euros.

A través de una respuesta escrita, las mismas fuentes del Ejecutivo gallego remarcaron este jueves la legalidad y oportunidad de los contratos con Prhoinsa: "Proyectos Hospitalarios Internacional, SA [Prhoinsa] es una empresa constituida en el año 1999, inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y cuyo objeto social comprende la comercialización de equipación médica de todo tipo, bien sea de fabricación propia total o parcial o de fabricación ajena, tanto nacional como internacional. Anteriormente ya había participado en diversas licitaciones de equipación sanitaria del Servicio Galego de Saúde y había sido la adjudicataria de algún lote de los contratos".

Cuando en abril de 2022 el BNG defendió su propuesta de auditoría de contratos del covid, el diputado del Alberto Pazos tachó de "ridícula" la acusación de la oposición al respecto de los contratos con Prhoinsa y acudió a la ironía: "Quiero felicitar a los servicios de la Cámara, porque conseguir limpiar con una bayeta toda la lama que se vertió aquí. Tiene todo el mérito". Pazos demandó "respeto" para una consejería que lo que hizo fue "adquirir por la vía de urgencia material sanitario a una empresa que se dedica a vender material sanitario", que "tiene domicilio fiscal conocido", que ofrecía el material "más barato" y que firmó contratos "con todos los gobiernos de la Xunta, el del bipartito incluido".

El informe del Consello de Contas

Los portavoces de la Xunta recalcaron tres datos: que en 2022 el PP consideró "innecesario" apoyar la solicitud de una auditoría externa, que ya en diciembre de 2020 la Xunta remitió al Parlamento "un informe sobre todas las adjudicaciones tramitadas por emergencia durante la pandemia" y que el Consello de Contas –el equivalente gallego al Tribunal de Cuentas– había realizado "una auditoría que resultó favorable".

Tanto portavoces del BNG como el ahora exdiputado Julio Torrado, responsable de sanidad en el grupo socialista de Galicia durante la anterior legislatura, negaron de forma taxativa en conversación telefónica con infoLibre que se les hubiese facilitado un informe sobre todos los contratos de emergencia. "No tuve ni tengo ese informe en mi poder", subrayó Torrado. A solicitud de este periódico, la Xunta remitió copia del informe referido y omitió dar respuesta a la pregunta de a cuánto ascendió el gasto de los contratos de emergencia, concepto que el BNG cifró en 96 millones. Los importes parciales anotados por la Xunta al final de cada una de las nueve tablas incorporadas al informe como gastos de suministro entre marzo y octubre de 2020 suman 54,8 millones de euros, aunque este periódico no ha podido verificar si deben añadírsele otros números.

Cuando el PP se opuso taxativamente a encargar una auditoría sobre los contratos del covid, faltaba más de un año para que cuatro días antes de las vacaciones de agosto de 2023 el Consello de Contas aprobara el Informe de Fiscalización del impacto de la pandemia covid-19 en el ámbito de la contratación del Sergas. Ese informe, que eleva a 140,77 millones lo abonado en 2020 como “Gastos extraordinarios COVID-19” y a 60,8 millones lo contratado entre enero y mayo de 2021, pone desde luego en jaque la versión del Gobierno gallego sobre la transparencia de los contratos. Porque, según la Xunta, "todos los expedientes de emergencia tramitados fueron objeto de publicación" en una determinada web institucional. Pero no es eso lo que en su informe de fiscalización concluye el Consello de Contas. "La tramitación de emergencia –dice el texto– no exime de dar publicidad a las adjudicaciones de los contratos en el perfil del contratante. Salvo en los expedientes de SSCC [Servicios Centrales del SERGAS] relativos a la adquisición de equipamiento médico y otro material inventariable, cuyas adjudicaciones sí figuran detalladas en dicho perfil, en los restantes expedientes se incumple dicha obligación. En los SSCC se publicó, en una página web ad hoc relativa al coronavirus, una especie de fichas de ejecución de los contratos, así como una resolución de la Dirección General de Recursos Económicos relativa a algunos contratos financiados con fondos Feder, sin que dichas publicaciones puedan suplir lo dispuesto en la normativa".

Pero la crítica no solo no acaba ahí sino que va creciendo a lo largo de las páginas. "No existe constancia, en el listado del Registro de Contratos, de los expedientes de emergencia tramitados por las áreas sanitarias. En este caso, salvo excepciones, las compras se efectúan antes de la declaración de emergencia y sin ninguna planificación, constando una enorme cantidad de pedidos (en varios supuestos hasta 20 pedidos del mismo producto en la misma fecha), al parecer, con la finalidad de fragmentar la cuantía y tomarlo como un contrato menor".

Y aún más: "En la A.S. [Área Sanitaria] de Santiago, paradójicamente la de mayor volumen de gasto, todas las adquisiciones relativas al capítulo II dentro del proyecto de gasto COVID-19 se efectuaron, en 2020, mediante pedidos directos a proveedores no amparados en ningún expediente de emergencia, con la consiguiente vulneración normativa en muchas de las adquisiciones y servicios contratados".

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En el área sanitaria de A Coruña –prosigue el informe– se detectó en A Coruña "la inclusión como gasto del proyecto COVID-19 de compras realizadas con bastante anterioridad a la declaración de la pandemia y del estado de alarma. Asimismo, en todas ellas se observa la existencia de gastos ya adquiridos y ejecutados en 2020 para su imputación presupuestaria en 2021, con la consiguiente alteración contable del gasto real".

Los trabajos de fiscalización se realizaron con la colaboración del personal responsable de los servicios de contratación y compras y de las gerencias de las áreas sanitarias fiscalizadas. Sin embargo, en la obtención de la información se encontraron determinadas limitaciones, en particular debida a incongruencias entre las distintas fuentes documentales facilitadas y la carencia de soporte documental adecuado para valorar determinadas cuestiones.

"El alcance de la fiscalización –agrega el informe– se vio dificultado al no estar debidamente codificados como expedientes de emergencia los que fueron tramitados por las áreas sanitarias. Asimismo, supuso una limitación el hecho de que la contabilidad presupuestaria de las áreas sanitarias no permite identificar el gasto correspondiente a cada uno de ellos".