La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP bloquea desde hace casi cuatro años, sigue en el alero. Pero la negociación que comenzó el lunes se mantiene viva y eso está alimentando la creencia de que, esta vez sí, habrá acuerdo entre el Gobierno y el PP para trasladar al Congreso y al Senado los 20 nombres llamados a formar parte del pleno del CGPJ, ocho a voluntad de los partidos y doce a partir de las propuestas que en su día les hicieron llegar las asociaciones de jueces y magistrados.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alimentado en las últimas horas las especulaciones al modular las líneas rojas que el principal partido de la oposición llevaba marcando desde los tiempos de Pablo Casado. El jefe de la oposición ha pasado de exigir una reforma legal que entregue a jueces y magistrados el nombramiento directo de 12 de los 20 vocales —los que la Constitución no reserva expresamente al Congreso y al Senado— a pedir que tengan “más peso” en la decisión.
Al margen de una renovación inmediata, que únicamente puede hacerse de acuerdo con la ley vigente, para resolver la prolongada interinidad que vive el CGPJ desde 2018, el PP sigue reclamando una reforma legal en el plazo de seis meses en la que, según Feijóo, “los jueces tengan más peso, más protagonismo”, en la elección de los vocales del Consejo. Que tengan “un peso determinante, importante, sustancial“, insistió Feijóo este jueves cuando varios periodistas, aprovechando su presencia en un acto público en Madrid, le hicieron ver que eso no es lo mismo que elegir a los vocales directamente.
Feijóo remarcó que lo que está diciendo no es distinto de lo que el PP propuso por escrito en julio y trasladó al Gobierno. Y es verdad. Aquel documento no hablaba de elección directa sino que proponía un modelo “que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección”.
“Lo hemos dicho desde el principio”, remarcó Feijóo, en una propuesta que incluye además el establecimiento de nuevos criterios al margen de la legislación vigente para incrementar los motivos de inelegibilidad de los vocales y Consejo y de otras autoridades del Estado, como el fiscal general.
Si hay acuerdo, el PP lo quiere por escrito. “Sería muy sorprendente llegar a un acuerdo oral con un Gobierno en algo tan trascendente” como el establecimiento de causas de inelegibilidad para los vocales. “Esas cosas hay que escribirlas y hay que aprobarlas”, subrayó. Y añadió, dando a entender que la pelota está en el tejado del Ejecutivo: “Si el Gobierno quiere, puede haber acuerdo y si el Gobierno no quiere, seguiremos como hasta ahora“.
Sin mayoría conservadora
Feijóo explicó este jueves que el PP sigue pidiendo lo mismo que en julio: que PSOE y Unidas Podemos acepten reformar la ley para, entre otras cosas, encargar al nuevo CGPJ —el que se nombraría en cuestión de días si hay acuerdo, por tanto sin mayoría conservadora— la redacción de un nuevo modelo de elección en el plazo de seis meses, justo antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea y que Bruselas haga público su informe anual sobre el Estado de derecho en España.
Ese plazo no garantiza una reforma del modelo de elección porque, para entonces, la legislatura estará en su tramo final y para el Gobierno sería sencillo demorar la tramitación y hacerla decaer con la convocatoria de elecciones. Pero daría al PP una excusa para poner fin al bloqueo. Tanto es así que Feijóo, curándose en salud, ya ha dejado claro que, si al final la reforma no se concreta antes de que acabe la legislatura, si gana las elecciones y forma Gobierno reformará la ley “para darle peso a jueces y magistrados”. “Es un compromiso electoral y político”, remarcó.
La derecha dura, integrada por Vox, Ciudadanos, los medios conservadores y el sector más radical del PP, rechaza cualquier solución que no pase por la elección directa de los vocales por parte de jueces y magistrados. Así que la posibilidad de que Feijóo acepte desbloquear el CGPJ sin arrancar al Gobierno una reforma que ponga fin a la intervención del Congreso y el Senado en el proceso ha encendido en ese espacio todas las alarmas.
Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Gobierno para aumentar la participación de jueces y magistrados en el sistema de elección es una incógnita que los negociadores se niegan a despejar. En la actualidad ya tienen una enorme influencia en la designación porque el Congreso y el Senado no pueden elegir a quien les dé la gana sino que deben seleccionar doce nombres de entre los 50 que las asociaciones judiciales les hacen llegar. Todos ellos idóneos a los ojos de jueces y magistrados.
El Gobierno y el PP confían en un pacto “en días” sobre el CGPJ pero chocan en el sistema de elección
El PP presiona al Gobierno haciendo suya la opinión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que aunque considera que lo urgente es renovar el Consejo actual y poner así fin a casi cuatro años de bloqueo, también es partidario de que el órgano de gobierno del Poder Judicial sea elegido directamente por jueces y magistrados, tal y como defiende el Consejo de Europa desde 2010.
Coincidiendo con la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y el PP, también este jueves vocales progresistas y conservadores se unieron para rechazar con contundencia el plan de sucesión que dejó diseñado Carlos Lesmes antes de abandonar el barco. La mayoría de vocales (16) ha decidido que sea el progresista Rafael Mozo, como miembro de mayor edad, y no el vicepresidente en funciones del Supremo, el candidato oficial, el que se sitúe de forma provisional al frente del Consejo General del Poder Judicial. Sólo hubo un voto en contra.
Que hay motivos para pensar que la negociación puede llegar a buen puerto se deduce de las palabras del propio Feijóo, que expresamente se negó a hacer más comentarios “que puedan interrumpir las posibilidades de acuerdo”. “Me debo al Estado”, alegó. “Yo sigo trabajando y el señor González Pons [encargado de la negociación] tiene la instrucción de seguir trabajando”.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP bloquea desde hace casi cuatro años, sigue en el alero. Pero la negociación que comenzó el lunes se mantiene viva y eso está alimentando la creencia de que, esta vez sí, habrá acuerdo entre el Gobierno y el PP para trasladar al Congreso y al Senado los 20 nombres llamados a formar parte del pleno del CGPJ, ocho a voluntad de los partidos y doce a partir de las propuestas que en su día les hicieron llegar las asociaciones de jueces y magistrados.