La ofensiva antiabortista del bipartito de PP y Vox que gobierna en Castilla y León, con anuncios como una supuesta obligatoriedad de ofrecer la escucha del denominado latido fetal a las mujeres que se acojan al derecho a interrumpir el embarazo, ha originado un amplio revuelo social y político. Organizaciones feministas mostraron su claro rechazo y el Gobierno de España, a través de un requerimiento formal, advirtió el Ejecutivo castellanoleonés de que no puede contravenir la legislación vigente sobre el aborto, agregando que su arsenal jurídico incluye, en última instancia, la intervención directa a través del artículo 155 de la Constitución.
El plan antiabortista de Vox en Castilla y León, en la línea de gobiernos ultraderechistas como el húngaro, hizo regresar al primer plano de la política estatal la coalición sellada por los conservadores en esa autonomía tras las elecciones de febrero de 2022, gestada cuando Pablo Casado era aún líder de la formación pero sellada cuando Alberto Núñez Feijóo ya lo había sustituido. Como en aquellos primeros días al frente del PP, Feijóo se encuentra en la agenda con un asunto incómodo y controvertido, el derecho al aborto y su eventual recorte, que él mismo agitó desde la oposición en Galicia y también en sus primeros tiempos como presidente de la Xunta. No en vano, como máximo mandatario gallego, fue pionero en proteger por ley las tesis antiabortistas.
En el año 2007, durante el mandato en el Gobierno gallego de PSOE y BNG, el Foro Español de la Familia lanzó también en Galicia su iniciativa legislativa popular antiabortista denominada Red Madre, con la que pretendía que los diferentes gobiernos autonómicos dieran soporte y financiaran su red de centros. En 2008 habían logrado reunir las firmas precisas para tramitarla, si bien socialistas y nacionalistas habían evitado agilizarla y la cuestión quedó pendiente para la siguiente legislatura. En 2009, el PP logró la mayoría absoluta y la primera iniciativa legislativa que impulsó en el Parlamento fue precisamente la de la Red Madre, tomada en consideración menos de un mes después de la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta y aprobada definitivamente como ley a principios del verano de 2010.
Oficialmente, la ley promovida por el Foro Español de la Familia y asumida como propia por el PP de Feijóo –PSOE y BNG habían votado en contra– tenía como propósito "establecer y regular una red de apoyo a la mujer embarazada". La norma dio cobertura legal a la denominada Red Madre y la entidad antiabortista pasó a asumir funciones como el asesoramiento a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas. No en vano, formalmente su actividad suele ser presentada como una iniciativa de "acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto", sin mencionar abiertamente su carácter antiabortista.
Aunque la matriz de la Red Madre es una fundación –actualmente está presidida María Torrego y en su patronato figura Francisco Vázquez, antiguo alcalde de A Coruña y exmilitante del PSOE–, su despliegue territorial se realizó, sobre todo, a través de asociaciones con personalidad jurídica propia. En Galicia son tres: Redmadre Coruña –con delegaciones en A Coruña y Santiago– Redmadre Pontevedra –con sedes en Pontevedra y Vigo– y Redmadre Ourense.
A través de ellas obtienen diversas ayudas de la Xunta, que solo en los últimos cuatro años (desde 2019) suman algo más de 295.000 euros, según la base estatal de subvenciones del Ministerio de Hacienda. En años anteriores habían obtenido también otras subvenciones para, por ejemplo, sufragar gastos de personal. También lograron cesiones de espacios públicos como un piso destinado la fines de emergencia social proporcionado por el Ayuntamiento de Santiago mientras gobernó el PP (2011-15) –después retirado por el gobierno de Compostela Aberta– y, más recientemente, un espacio en el área para colectivos del campo "social, cultural o sanitario" de la nueva sed de la Xunta en Pontevedra. Estos y otros grupos intensificaron en los últimos años la intensidad de su actividad y movilizaciones para oponerse a la nueva ley de salud sexual que impulsa el actual Gobierno de España.
Más allá de estas aportaciones y ayudas directas de la Xunta, la aprobación de la ley de la Red Madre trajo consigo la difusión de los mensajes de la organización en espacios públicos y el desarrollo de normativas anexas como el protocolo de renuncia de bebés en el hospital aprobado por el Consello de la Xunta en 2012. Según explicó entonces el Gobierno gallego, la intención del documento era la "promoción" entre las mujeres que esperan un bebé, sobre todo en casos de embarazo no deseado, "de la acogida y de la adopción como alternativas eficaces para permitirles seguir adelante" con la gestación.
El espíritu de la ley de la Red Madre impregnó también otras leyes posteriores. Así, por ejemplo, fue especialmente significativo que la ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, aprobada en 2011, regulara junto a otros aspectos de la política social la "asimilación a descendiente" del "hijo o hija concebido o concebida" para realizar diversos trámites o solicitar ciertas ayudas del Gobierno gallego. La ley facultaba también el Gobierno gallego para financiar "campañas de sensibilización destinadas a la concienciación social de la importancia de la maternidad, al fomento de la natalidad y a la protección del derecho a la vida en formación".
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En la misma línea, el primer Plan integral de apoyo a la mujer embarazada de Feijóo como presidente contempló la "valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a los efectos de las ayudas previstas en materia de vivienda", en baremos para el acceso a plazas de colegios" u otras "materias sociales". Hasta 2019, según confirmaba entonces la Consellería de Política Social a Praza.gal, la Xunta había expedido "algo más de 400 certificados" para que los "concebidos no nacidos" sean "asimilados a la categoría de descendientes".
En aquellos años, el PP gallego había presentado estas medidas como contraposición a la ley del aborto aprobada por holgada mayoría absoluta en el Congreso en 2010, la conocida como ley de plazos. Así, por ejemplo, los conservadores gallegos defendían en 2012 en el Parlamento autonómico la necesidad de frenar lo que habían calificado como "aberraciones" del "desgobierno socialista" de Zapatero, al cual habían atribuido una supuesta "utilización incontrolada" de la píldora poscoital y del propio aborto "como métodos anticonceptivos". Lo cierto es que, como muestra el gráfico sobre estas líneas, desde la aprobación de la ley de 2010 y hasta los últimos datos disponibles (2019), las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo descienden año tras año.
El hecho de que fuera el Gobierno de Feijóo el que adelantara medidas antiabortistas como estas lo recordó este lunes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que preguntada sobre la controversia proveniente de Castilla y León consideró preciso recordar que "una de las primeras decisiones" del ahora líder del PP al frente de la Xunta fue "poner en marcha un apoyo público para una red antiabortista". El PSOE gallego, por su parte, anunció también su intención de preguntar en el Parlamento al presidente Alfonso Rueda si va a permitir o implantar en Galicia medidas semejantes a las de su compañero de partido "intervenido por Vox", señaló el portavoz socialista, Luis Álvarez.
La ofensiva antiabortista del bipartito de PP y Vox que gobierna en Castilla y León, con anuncios como una supuesta obligatoriedad de ofrecer la escucha del denominado latido fetal a las mujeres que se acojan al derecho a interrumpir el embarazo, ha originado un amplio revuelo social y político. Organizaciones feministas mostraron su claro rechazo y el Gobierno de España, a través de un requerimiento formal, advirtió el Ejecutivo castellanoleonés de que no puede contravenir la legislación vigente sobre el aborto, agregando que su arsenal jurídico incluye, en última instancia, la intervención directa a través del artículo 155 de la Constitución.