Feijóo se suma a la campaña alentada por el entorno de Marchena para derribar a magistrados del TC

El mismo Partido Popular que pide respeto a los jueces está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes para deslegitimar la mayoría progresista que domina el Tribunal Constitucional (TC). La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva años tratando de desacreditar a la institución por su supuesta falta de "imparcialidad" y ahora el líder del PP ha dado un paso más allá en una entrevista en El Mundo, en la que insinúa que los magistrados del TC pueden ser juzgados por prevaricación por el contenido de sus resoluciones.

“Nadie, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”, advierte el líder del PP apoyándose en recientes autos del Tribunal Supremo que abren la puerta a investigar a sus colegas del Constitucional a pesar de las limitaciones de la ley. Una decisión que sería insólita y que generaría una crisis constitucional sin precedentes, ya que la ley permite al Constitucional anular cualquier decisión de un tribunal ordinario, como el Supremo, que "menoscabe" su jurisdicción. Así lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que señala que sus resoluciones "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado".

Una batalla en la que Feijóo se alinea con las tesis del tribunal presidido por el expresidente de la Sala de lo Penal, el conservador Manuel Marchena y se suma a la campaña del entorno del magistrado que defiende la posibilidad de actuar contra el TC. Concretamente, Feijóo pone el foco en su presidente, Cándido Conde-Pumpido: “Me preocupa mucho que haya cundido en la sociedad española que el Tribunal Constitucional es un tribunal político al servicio del Gobierno”, señala. 

Para el líder de la oposición “lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en este momento no lo había hecho nunca ningún otro: derogar, enmendar y anular sentencias del Supremo”. La ofensiva se está recrudeciendo pero la estrategia es clara desde hace tiempo. En enero del 2024, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal y después se vio obligado a rectificar.

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El mismo PP que critica abiertamente la actual correlación de fuerzas, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, es el que participó en la elección de tres de ellos, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado el verano pasado por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos son perfiles vinculados a la derecha y que han tenido que ser recusados en casos que afectaban a la formación.

Cuando el PP de Casado pactó los nombres de Espejel y Arnaldo —lo que provocó malestar en la izquierda, hasta el punto de que en la votación del Congreso hubo varios diputados que no siguieron la disciplina de voto—, tanto Almeida como la actual número dos del PP, Cuca Gamarra, defendían la decisión de su presidente. "Sin duda alguna, el acuerdo es satisfactorio", defendía Gamarra, subrayando que eran "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Almeida, por su parte, presumía de la iniciativa del presidente del PP. "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante", señalaba, en referencia al acuerdo, que incluía también los nombramientos para el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Feijóo, por su parte, defendió la elección de Macías para el Constitucional y se lo anotó como propio. El líder del PP acusó entonces al Ejecutivo de haber "impedido” proponer el miembro que le correspondía. Macías fue apartado recientemente de los debates de la ley de amnistía, pero solo lo hizo cuando le obligaron sus compañeros, pese a haberse manifestado desde el órgano de gobierno de los jueces a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación.