Feijóo exporta a Bruselas su guerra contra el fiscal general tras perder allí las del TC, la amnistía y el CGPJ

Hace tiempo que la derecha convirtió al jefe del Ministerio Público en una pieza clave a derribar en su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Alberto Núñez Feijóo reprobó a Álvaro García Ortiz en el Senado —donde cuenta con mayoría absoluta— como si de un político más se tratase y también lo intentó en el Congreso, en ese caso sin éxito. Desde hace unas semanas el Partido Popular ha trasladado esa ofensiva a la Comisión Europea a través de su portavoz en el Parlamento, Dolors Montserrat, que ya ha remitido dos cartas al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que analice la imputación del Fiscal General como una "desviación del Estado de Derecho" en España. "No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho", escribe Monserrat en esta segunda misiva.

El PP insiste en la vía europea para desgastar al Ejecutivo de Sánchez pese a que, hasta ahora, sus intentos han derivado en un fracaso en diferentes frentes. También, por el momento, por lo que respecta al propio García Ortiz, ya que McGrath no respondió a la primera carta de la dirigente del PP, a la que también recibió en persona el pasado 21 de enero. "La permanencia del Fiscal General, pese a su imputación, podría vulnerar el principio de independencia judicial", asegura Montserrat, que aprovecha el escrito para cargar también contra el el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde-Pumpido. "El Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado", señala la conservadora, en referencia a la amnistía y al hecho de que el magistrado conservador José María Macías, fuera apartado tras haberse a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación.

La formación de Feijóo lleva meses presionando para que García Ortiz dimita bajo el argumento de que es el "ministro número veintitrés" del Gobierno. Una ofensiva que se recrudeció después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarle por una supuesta revelación de secretos en relación con la filtración de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bajo el foco del juez, la publicación de la denuncia contra el empresario por fraude fiscal y de un correo y una nota que desmintieron que la Fiscalía buscase un pacto con él, como trataba de imponer mediáticamente el jefe de Gabinete de Ayuso. Se trata de un caso con acusaciones particulares y populares. Y, entre estas últimas, se encuentra Manos Limpias, representado por un asesor del PP en el Senado.

Al elevar la queja a Bruselas, lo que busca el PP es retratar al Gobierno de España como un Ejecutivo que intenta someter a los jueces y poner fin a la independencia del poder judicial. Dos acusaciones que, de ser ciertas, con seguridad derivarían en sanciones, como las que la Comisión ya ha dictado contra algunos países, como Hungría y Polonia. "Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea. La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas", subraya Montserrat en su carta a McGrath. "Señor comisario, en estos momentos geoestratégicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen de nuestras instituciones, es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional", finaliza.

Sobre los magistrados del TC: "No es el único país en el que se da esta situación"

La estrategia del Partido Popular no es nueva. Lleva años situando su batalla contra Sánchez en Bruselas siguiendo los pasos del antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, que tampoco obtuvo los éxitos esperados. Una y otra vez, la formación conservadora ha pinchado en hueso. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, la reforma de las pensiones, la crisis medioambiental de Doñana, la Política Agraria Común (PAC) o las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Lo más cerca que ha estado el líder del PP de asestarle un golpe al Gobierno de Sánchez fue a raíz del nombramiento de la exministra Teresa Ribera, pero finalmente tampoco logró su objetivo.

Sobre los magistrados del Constitucional, el 'modus operandi' fue el mismo que con el Fiscal General. Monserrat trató de que Bruselas se pronunciara sobre la elección de Juan Carlos Campo, exministro de justicia, y a Laura Díez, exalto cargo del ministerio de presidencia, como miembros del Constitucional. Los conservadores denunciaron que se trataba del "último asalto institucional" del Ejecutivo español. "Este movimiento supone una violación de los continuos llamamientos de la Unión Europea a los Estados miembros para que garanticen la independencia judicial", avisaba la portavoz del PP en una carta dirigida al entonces comisario de justicia, Didier Reynders. Su respuesta, no obstante, no fue la que los conservadores esperaban: "No es el único país en el que se da esta situación", indicó Reynders tras ser cuestionado sobre si esa decisión iba en línea con las recomendaciones de Bruselas.

Sobre la amnistía: un dictamen descafeinado de la Comisión de Venecia

Uno de los principales problemas que tiene el PP es, por un lado, el papel de Sánchez como referente de la socialdemocracia europea y, por otro, la falta de aliados para lograr imponer un relato en su contra. Génova lo apostó todo por la amnistía. El pasado año el líder la oposición española se empleó a fondo para convencer a sus socios europeos de que España estaba rompiendo las reglas del Estado de Derecho, al igual que ahora. Su hoja de ruta pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba.

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La UE ya advirtió de que seguiría el criterio marcado por el órgano consultivo del Consejo de Europa que la Comisión utiliza como fuente de autoridad para saber quién cumple y quién no los estándares de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. El borrador no le dio la razón al PP y validó el planteamiento político del gobierno, aunque sí expuso algunas salvedades. El dictamen frustró las expectativas de Feijóo, convencido de que con un pronunciamiento del organismo declarando la amnistía contraria a las normas jurídicas europeas, Bruselas haría frente a Sánchez. En el informe sobre el Estado de derecho de la UE publicado el pasado año, la Comisión pasó de puntillas sobre la amnistía y únicamente destacó que la norma "suscitó polémica" por abordar "una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho".

Sobre el CGPJ: Feijoo no pudo imponer el cambio de elección del sistema

El Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación el PP mantuvo bloqueada durante cinco años y medio en base a decenas de condiciones, siempre ocupó un lugar privilegiado dentro de la ofensiva por europeizar cada debate nacional. Casado, por ejemplo, no dudó en trasladar a las instituciones comunitarias el plan del anterior Gobierno de reformar la ley que regula el funcionamiento del CGPJ para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese vetar la renovación de dicho órgano siempre que hubiese un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Ahí sí, la Comisión Europea expresó sus dudas. Y al Ejecutivo no le quedó más remedio que dejar su iniciativa guardada en un cajón, pese a la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo que sí apostaban por esa fórmula.

Feijóo, sin embargo, no logró que Bruselas aceptara su exigencia de reformar el sistema de elección del órgano, de forma que los propios magistrados fueran quienes eligieran a los vocales de procedencia judicial, como condición sine qua non para la renovación. La Comisión repetía una y otra vez que lo prioritario era la renovación del Poder Judicial y que, sólo una vez se cierre ésta, se podrá hablar de cambios en el sistema de elección. El acuerdo, ratificado en jun en base a la ley actual, dejó la designación en manos del Congreso y el Senado. El acuerdo rubricado por ambas formaciones no estableció un cambio en su funcionamiento, como al que aspiraba el PP, sino que dejó en manos del CGPJ "la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los vocales".