García Ortiz confirma que la Fiscalía está trabajando para evitar que prescriban las muertes en residencias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confirmó este martes en su comparecencia en el Senado que las fiscalías trabajan contrarreloj con un objetivo: que no prescriban las muertes en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En menos de un mes empezarán a cumplirse cinco años de los fallecimientos de los 111 residentes objeto de la macrodenuncia por un presunto delito de discriminación. Y cuando eso ocurra, los casos que no hayan sido judicializados pasarán al olvido.
La denuncia la presentaron 109 familias en octubre. Y supuso abrir una nueva vía en la estrategia que habían seguido hasta entonces en los tribunales. En su día denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que de momento no han prosperado en los tribunales. García Ortiz, de hecho, cifró durante su comparecencia de este martes que todavía permanecen abiertas 27 causas en la Comunidad, ocho de las cuales están pendientes de resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el sobreseimiento provisional. Por eso buscaron la alternativa de denunciar la comisión de un delito del artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios".
Pusieron sobre la mesa de la fiscal superior de Madrid más de un centenar de folios con nuevas pruebas. Pero no se les dio salida hasta un mes después. Fue entonces cuando Almudena Lastra se declaró incompetente y envió la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la Comunidad, que decidieron empezar a investigar caso a caso: 53 se enviaron a la Provincial, 13 a la de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. Como publicó infoLibre, esta última ha sido la última que ha terminado de tomar todas las declaraciones. Las otras tres, por su parte, pisaron el acelerador el pasado lunes. Y así lo confirmó el fiscal general del Estado.
En concreto, dijo, cada una de esas fiscalías está comprobando si los hechos ya han sido objeto de investigación para asegurar que se hayan "realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia". Si ya había un proceso penal abierto, las pruebas de la misma ya han sido añadidas; si no, señaló el fiscal general, "se está desarrollando la correspondiente actuación investigadora en el seno de unas diligencias de investigación, tratando de realizarlo a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados".
Pero, ¿cuál es el plazo? Por un lado, en los casos de los 111 fallecimientos el presunto delito se daría por prescrito el mismo día de la muerte del mayor; en los otros cuatro casos —porque los ancianos objeto de la querella son 115—, en el momento en el que se le empezó a dar esa atención médica. En resumen: cada caso de esos 109 prescribirá un día diferente, pero será en la gran mayoría de los casos entre marzo y abril.
En cualquier caso, García Ortiz aseguró que los familiares serán informados en todo momento. Y que en caso de archivo se darán las explicaciones también a las organizaciones que impulsaron la macrodenuncia. Es decir, a Marea de Residencias y a 7291 Verdad y Justicia.
"Una prioridad"
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Durante su comparecencia en el Senado, el fiscal general del Estado ha asegurado que lo ocurrido en las residencias madrileñas ha sido siempre "una prioridad". Tan sólo entre marzo y abril de 2020, fallecieron en ellas 9.468 mayores, 7.291 de las cuales lo hicieron sin asistencia sanitaria, como desveló infoLibre. La Fiscalía, señaló García Ortiz, no ha sido nuna "ajena" a ello. Y por eso en 2022 instó a las fiscalías a escuchar a todas las víctimas. Y también por eso en 2023 se reunió con varias de ellas. "Ordené que los y las fiscales tuvieran una actuación particularmente proactiva en estos casos y que interesasen la toma de declaración de las víctimas o de sus familiares, en especial cuando no estuvieran personados en el procedimiento", recordó el fiscal general este martes.
Del mismo modo, aseguró, recibió el informe de la Comisión de la Verdad, que cifró en hasta 4.000 los mayores que podían haberse salvado si la Comunidad de Madrid hubiera tomado otras decisiones políticas. En relación a este documento, señaló, la Fiscalía pidió a Lastra que explicase "los datos que se habían evaluado para elaborar la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de 2021 relativa al año memorial 2020" que, como publicó infoLibre, estuvo marcada de omisiones y falsedades como, por ejemplo, que el Protocolo de la Vergüenza "no funcionó como impedimento" para las derivaciones o que los mayores recibieron en los geriátricos "un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados".
En cualquier caso, "más allá de las eventuales responsabilidades penales", García Ortiz sentenció que "la pandemia constató la necesidad de replantear el modelo residencial de nuestro país", algo en lo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya trabaja. "La prevención, la asistencia y la protección son de gran importancia para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas", señaló este martes García Ortiz.
