El círculo de confianza en el PP de Mariano Rajoy está en guerra a cuenta de la operación Kitchen. operación KitchenDos años de pesquisas sobre este operativo policial sin control judicial con presunto uso fraudulento de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero Luis Bárcenas han llevado a los investigadores a apuntar directamente a altos cargos del Gobierno conservador y del que era el principal partido del país como ideólogos y responsables máximos de poner a policías a trabajar para esconder posibles delitos cometidos en el seno de Génova con cargo al erario público.
Uno de estos políticos investigados es Jorge Fernández Díaz, quien ocupó la cartera de Interior entre 2011 y 2016. Su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, también está imputado. Y aunque el juez de momento se queda ahí, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha sido puesta en el foco por la Fiscalía Anticorrupción como otra de las personas a las que la operación Kitchen podía beneficiar, tanto personalmente como en lo que las revelaciones sobre la caja B podía acarrear al partido que dirigía.
Fernández Díaz, hombre de la máxima confianza de Rajoy, muy leal al expresidente y a quien éste protegió tras su salida del ministerio colocándole en puestos clave del Congreso cuando ya habían empezado las sospechas sobre su gestión, ya ha adelantado cuál va a ser su estrategia de defensa con un escrito en el que hace una deducción que apunta al partido o a personas que lo comandaban, para así descartar al departamento que dirigía cuando tuvieron lugar los hechos, como el posible origen de Kitchen.
Aunque no menciona ningún nombre concreto, el exministro tampoco deja mucha oportunidad a la imaginación: si la Fiscalía Anticorrupción señala tanto a él como a María Dolores de Cospedal como las personas que pudieron tener un interés en que el operativo arrancara y tuviera éxito, podría pensarse que la también exministra de Defensa es la dirigente sobre la que Fernández Díaz pone el foco en un recurso, al que ha tenido acceso infoLibre, remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicita su desimputación.
Ni le afectaba ni le perjudicaba
Según el relato que expone el exministro, “es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo ni afectaba al Ministerio del Interior”, ya que “resulta obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior, y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Y es que además, dice el escrito, a Fernández Díaz “ni le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la pieza separada papeles de Bárcenas que se seguía ante el Juzgado Central de Instrucción número 5”.
El exministro, imputado por delitos de prevaricación, descubrimiento, revelación de secretos y malversación de caudales públicos, se refiere aquí a que su nombre no aparecía en las anotaciones que el extesorero iba haciendo con los supuestos pagos en B a dirigentes del PP, “por lo que cabe inferir que no tenía interés alguno o motivación especial en la creación o coordinación de una operación policial dirigida a sustraer determinada información de aquella investigación judicial, suponiendo” que la Kitchen “existiera realmente”.
Y no sólo apunta al PP. Fernández Díaz sugiere al juez que tenga en cuenta otras apreciaciones que le hizo Anticorrupción en su escrito, de las cuales “tampoco se infiere que en el desarrollo de las labores operativas pudieran intervenir sólo personas vinculadas con el Ministerio del Interior”, como el comando Cecilio, en posible referencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como se desprende de una de las comunicaciones intervenidas al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en las que éste dice: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”.
“Por todo ello, focalizar y encapsular la investigación judicial en el Ministerio del Interior y acordar la imputación del señor Fernández Díaz por el mero hecho de que estuvo al frente de dicho ministerio durante los años 2013 a 2015 constituye cuando menos un exceso interpretativo, especialmente si atendemos a la inexistencia de elementos o indicios que apunten a la participación en los hechos”, afirma.
En cualquier caso, lo que revela este escrito y otros que se han ido incorporando al sumario de la causa es que la pieza número 7 del caso Villarejo se ha convertido en una guerra de todos contra todos entre antiguos dirigentes o ex cargos públicos del PP cuando Mariano Rajoy comandaba tanto el partido como el Gobierno. Quizá esta situación ya la empezó a vislumbrar Pablo Casado cuando elaboró las listas electorales de los comicios de 2019 y decidió no incluir ciertos nombres como el de Fernández Díaz o el de Martínez. Esta misma semana, y una vez que se había levantado el velo sobre el sumario de la investigación que dejó a la luz las actividades supuestamente ilícitas de miembros del partido en Kitchen, el actual presidente del PP vino a confirmar esas sospechas, asegurando que sus "prioridades" al escoger a las personas que formarían parte de las listas eran cumplir con los “principios de honorabilidad y ejemplaridad” y hacer un equipo, "incluso antes de que un juez lo dijera, en el que no hubiera ninguna mácula en ese compromiso”.
Antes de esas elecciones, Cospedal ya había dejado la política después de que salieran a la luz sus conversaciones con el comisario Villarejo, no sin antes dejar un recado a la dirección a la que ayudó a ganar las primarias en detrimento de Soraya Sáenz de Santamaría: “Un partido que no defiende a los suyos no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”. La ex secretaria general del PP no está imputada por la operación Kitchen porque el juez García Castellón está dirigiendo su investigación de momento a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, que es donde ha encontrado más indicios hasta la fecha. No obstante, es cierto que tampoco descarta por completo llamar a declarar a Cospedal, tal y como le pedía la Fiscalía, pero el instructor ve necesario escuchar primero a Fernández Díaz y Martínez, ambos en calidad de investigados.
Enfrentamiento de la antigua cúpula de Interior
Entre ambos se ha declarado una batalla sin cuartel desde hace meses, sobre todo después de que el primero dijera en una entrevista en Vozpópuli en el verano de 2019 que se estaba enterando de la operación Kitchen por las publicaciones en prensa y que no le constaba “para nada” que se hubiera establecido dicho operativo policial. Martínez, a quien estas declaraciones le pillaron en Menorca, acudió a un notario allí mismo para dejar constancia de mensajes y notas que guardaba en su teléfono móvil que probarían, según Anticorrupción, que Fernández Díaz tenía un "conocimiento en detalle" del operativo para sustraer documentación a Luis Bárcenas.
En sus conversaciones y anotaciones, el ex número dos de Interior se queja de la "poca vergüenza" del que fue su jefe en el ministerio por desvincularse de Kitchen y también lo reflejó en el apartado de Notas de su teléfono, en el que de forma extensa manifiesta su malestar por el hecho de que "nadie" del PP se ha puesto en contacto con él y en el que alude incluso al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También anticipaba entonces que Mariano Rajoy se vería salpicado por esta investigación, como finalmente ha ocurrido.
El cuestionamiento de la autenticidad de estos mensajes son el segundo argumento de Fernández Díaz para pedir al juez su desimputación, insistiendo en que ni envió ni recibió los mensajes de los que habla Martínez y que sólo constan impresos en dos actas notariales, por lo que reprocha al magistrado instructor que los de “por buenos”. El resto de indicios que se apuntan contra él se basan, en su opinión, en referencias “genéricas, vagas e imprecisas”.
La batalla entre los dos hombres que comandaban el Ministerio del Interior está servida y el escenario de ese enfrentamiento será la Audiencia Nacional. La fecha, los últimos días de octubre, cuando ambos acudan a declarar –en caso de que el juez no atienda la petición de Fernández Díaz de desimputarle– para responder por su supuesta implicación en la operación parapolicial puesta en marcha para robar información a Bárcenas que podía perjudicar al PP en la causa sobre la presunta existencia de una contabilidad en negro en el partido.
Aparición de Rajoy
Los nombres de Fernández Díaz y Martínez llevan planeando sobre la investigación de la operación Kitchen casi desde el principio. La primera línea de las pesquisas que se vienen desarrollando desde el otoño de 2018 se había centrado en los mandos policiales que podrían haber tenido alguna participación, como los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal y por eso apodado Cospedín; o Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, entre otros. Fueron algunos de los policías investigados los que empezaron a apuntar a los nombres de los políticos, tal y como ahora reflejan los audios de las declaraciones que prestaron en la Audiencia Nacional y que están incorporados al sumario de la causa, al que ha tenido acceso infoLibre.
Concretamente, García Castaño, alias ‘El Gordo’, definió tres líneas de transmisión de información sobre el desarrollo del operativo entre los policías reclutados para la Kitchen. La primera, la que él vivió en primera persona, entre él mismo y la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que comandaba Eugenio Pino,también imputado.
La segunda, entre el chófer de Bárcenas Sergio Ríos, captado para espiar al extesorero y su esposa, y Gómez Gordo, quien despachaba directamente con Cospedal, aunque el comisario reconoce que esto es una deducción por la estrecha relación entre este policía y la ex secretaria general del PP y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
La tercera vía de comunicación apunta directamente al que en 2013 era presidente del Gobierno. Según la versión que García Castaño expuso al juez y los fiscales del caso el 26 de marzo de 2019, el comisario Villarejo le había comentado que todo lo que le reportaba el conductor de Bárcenas se lo hacía saber a un “intermediario”, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, quien comunicaba las novedades directamente al jefe del Ejecutivo.
Villarejo dice en un audio del sumario 'Kitchen' que apuñaló a la doctora Pinto
A las pesquisas de la operación Kitchen les queda aún mucho recorrido y es impredecible saber las consecuencias que acarreará para otros ex cargos públicos o del PP aún no imputados, pero a día de hoy los investigadores tienen claro que en 2013 se montó un operativo para torpedear la causa sobre la caja B, que emanaba del caso Gürtel.
Todavía no se ha determinado el grado de éxito que pudieron tener los implicados en la trama y en esta operación de espionaje a Bárcenas en concreto. En cualquier caso, el inspector jefe de la Policía que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, sí tuvo la impresión de que sus superiores le querían apartar del caso.
Fue en 2015, en plena fase de instrucción de la macrocausa de corrupción, cuando le cambiaron de destino durante un año y medio que él calificó como "impass" en su declaración en la Audiencia Nacional. Su percepción fue que le querían "quitar" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal".
El círculo de confianza en el PP de Mariano Rajoy está en guerra a cuenta de la operación Kitchen. operación KitchenDos años de pesquisas sobre este operativo policial sin control judicial con presunto uso fraudulento de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero Luis Bárcenas han llevado a los investigadores a apuntar directamente a altos cargos del Gobierno conservador y del que era el principal partido del país como ideólogos y responsables máximos de poner a policías a trabajar para esconder posibles delitos cometidos en el seno de Génova con cargo al erario público.