El número dos de la lista de Vox en Albacete, Juan Francisco Robles Descalzo, deberá comparecer el próximo 2 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 3 de esa ciudad manchega, donde se le va a juzgar por seis delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un total de 24 años de cárcel y el pago de una multa de 3,56 millones de euros. Por los mismos delitos tendrán que responder también su esposa y su suegro. A los tres se les acusa de haber creado un entramado de empresas instrumentales con testaferros para confeccionar facturas falsas, con las que defraudaron 1,78 millones de euros entre 2007 y 2009, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA, como ha adelantado la Cadena Ser.
En 2013, la Agencia Tributaria inspeccionó las cuentas de Bodegas Unidas de La Mancha SL, una empresa radicada en Madrigueras (Albacete) de la que era administrador único Juan Francisco Robles. Descubrió que sus responsables habían creado, por un parte, una red de empresas instrumentales “con testaferros como socios y administradores”, cuya “única finalidad” era “proporcionar papel”, y por otra, “un rentable negocio consistente en vender, principalmente en el mercado comunitario, como mosto genuino (supuestamente a un precio competitivo) un producto adulterado, mucho más barato de producir, resultante de la adición de isoglucosas”, también llamado jarabe de maíz.
El número dos de Vox por Albacete no ha querido contestar a infoLibre cuando le ha llamado para preguntarle por su próximo juicio.
Según el informe elaborado por los inspectores, al que ha tenido acceso este periódico, Bodegas Unidas de La Mancha era emisora y receptora de facturas falsas. El entramado de empresas “carentes de medios y estructura” y administradas por testaferros de nacionalidad rumana, como han explicado a este periódico fuentes conocedoras del caso, funcionaba como “tapadera”, en palabras de la Agencia Tributaria, de un “rentable negocio” que consistía en la venta como mosto genuino y a precio de tal de un “producto adulterado”. Ese supuesto mosto lo vendía la bodega en Bélgica, a cuyas autoridades reclamó la Agencia Tributaria información sobre la empresa investigada.
La operativa de Bodegas Unidas de La Mancha, tal y como la describen los inspectores de Hacienda en su informe, incluía a las empresas que declaraban –cuando lo hacían– liquidaciones negativas o de muy pequeño importe en el impuesto sobre sociedades, y las del IVA siempre eran a compensar. “Esto último es especialmente revelador porque, aunque sus cantidades a compensar sean elevadas, nunca se arriesgan a pedir devoluciones”, destaca la Agencia Tributaria.
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Empresa heredera
La Fiscalía pide cuatro años de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales de los que acusa a Juan Francisco Robles, el máximo posible: es delito contra la Hacienda Pública cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. Y el número dos de la lista de Vox por Albacete dejó de pagar 266.334 euros en el impuesto sobre sociedades y 253.165 euros del IVA en 2007, 492.618 euros en sociedades y 315.975 euros del IVA en 2008, así como 228.249 euros en sociedades y 226.638 euros del IVA en 2009. Las multas reclamadas, por importe de 3,56 millones, corresponden al doble de esas cantidades defraudadas. La Abogacía del Estado pide que esa multa equivalga al cuádruple.
En 2009, además, Juan Francisco Robles constituyó una nueva sociedad, CRA Bodegas SL, que la Fiscalía considera “heredera” de Bodegas Unidas de La Mancha SL. Una vez creada la primera, asegura en su informe, la actividad de la segunda “fue disminuyendo progresivamente de manera paralela al aumento realizado” por esta última. CRA Bodegas realizaba las mismas operaciones que la anterior, “con idénticos clientes”, el mismo objeto, el mismo negocio en las mismas instalaciones, aun cuando tenían distinto domicilio fiscal y con el mismo administrador, el número dos de Vox por Albacete, y el mismo apoderado.
El número dos de la lista de Vox en Albacete, Juan Francisco Robles Descalzo, deberá comparecer el próximo 2 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 3 de esa ciudad manchega, donde se le va a juzgar por seis delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un total de 24 años de cárcel y el pago de una multa de 3,56 millones de euros. Por los mismos delitos tendrán que responder también su esposa y su suegro. A los tres se les acusa de haber creado un entramado de empresas instrumentales con testaferros para confeccionar facturas falsas, con las que defraudaron 1,78 millones de euros entre 2007 y 2009, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA, como ha adelantado la Cadena Ser.