El fiscal pide 27 años de prisión para Millet y Montull y siete para el extesorero de CDC

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha pedido en su escrito de acusación una pena de 27 años y seis meses de cárcel para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo de la entidad.

Solicita penas de entre tres y 27 años para un total de 17 acusados, entre ellos la exdirectora financiera Gemma Montull para la que pide 26 años, y nueve años y seis meses para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano.

También pide siete años y seis meses de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar y un año y seis meses de cárcel para el abogado y exdiputado de CiU en el Parlament Jaume Camps.

Además, solicita decomisar 6.676.105 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" –desde su incorporación como directa financiera en 2003–, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos –Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo–, y otros gastos suntuosos.

El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent –fallecido en 2005– con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

Comisiones del 4%

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

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Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC –entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-– y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.