La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado ya a recibir y a estudiar la documentación que se solicitó en noviembre de 2020 a ministerios y organismos oficiales con el objetivo de analizar los contratos que se adjudicaron a una de las empresas donantes del PP entre 2002 y 2004, durante el mandato como presidente de José María Aznar, y que ascendían a aproximadamente 570 millones de euros, según informa Europa Press.
En un escrito de 12 páginas de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, se repasan una decena de contratos de diferentes departamentos en el marco de las diligencias que se realizan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 relativas a las posibles comisiones finalistas que podría haber recibido el Partido Popular.
En el informe de noviembre, la UDEF señalaba que el origen para pedir estas nuevas diligencias estaba en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo (dueño de Constructora Hispánica) y el cabecilla de la trama Francisco Correa.
Así, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del PP, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".
Los primeros ministerios en responder a los requerimientos de documentación han sido los de Interior y Defensa, además de Turespaña, Adif y la entidad estatal del suelo (Sepes). Sobre el primero de los ministerios se ha analizado por el IGAE las obras de construcción de la nueva comisaría de Xirivella, y se apunta que fue adjudicada por subasta al precio más bajo a Constructora Hispánica por un importe de 1,6 millones de euros a los que hubo que sumar otros 535.000 euros por modificados y excesos de mediciones.
Señala la IGAE que el proyecto inicial no viene acompañado de pliegos administrativos pero indica que fue adjudicado a esa constructora entre 12 aspirantes. Sí que pone el foco en que no acompañan al modificado un nuevo proyecto, un comparativo del presupuesto o la identificación de unidades con precios nuevos.
Detecta además "una práctica irregular que es bastante frecuente" y es que como los modificados no pueden superar el 20% del presupuesto original, se llega hasta un 19,9% y el resto del modificado se computa como exceso de mediciones (9,9%). De esta forma se evitaba tener que esperar al dictamen del Consejo de Estado.
Turespaña y la "presunción de temeridad"
Analizan también la documentación remitida por Turespaña para las obras del nuevo parador de Lorca que fue adjudicado a Constructora Hispánica en julio 2003 por un valor de 10,4 millones de euros. Apunta que la oferta "estaba en presunción de temeridad" y añade que en la justificación de los precios el beneficio industrial que incluyen es sólo del 2%.
Ese proyecto tuvo dos modificaciones, una primera de 418.000 euros y una segunda de 3,2 millones, ambos fruto de la aparición de los restos arqueológicos de una sinagoga en el aparcamiento.
Del contrato con Adif para la construcción de un tramo del AVE (La Roca-Llinars) adjudicado a Constructora Hispánica por valor de 44 millones, se apunta que se le adjudicó entre 19 aspirantes al presentar la mejor oferta económica entre los que entregaron una propuesta de calidad técnica calificada como elevada.
Apunta la IGAE que hubo una modificación por valor de 8,2 millones, un exceso de mediciones de 2,8 millones y se tramitaron obras complementarias por valor de 6,1 millones, de las que indica que podían haber sido referenciadas como modificado.
Con Adif también firmó esta constructora el tramo del AVE que va de San Esteve Sesrovires a Martorell con una oferta de 21,4 millones de euros (400.000 euros más barata que la UTE de FCC). Al presupuesto inicial se añadieron en modificado 3,5 millones y un exceso de mediciones por valor de 1,5 millones.
A estas dos adjudicaciones se suman otros dos tramos más de alta velocidad, y de ellos el más importante fue el del túnel de Viadango-Telledo al que aspiró la constructora en UTE con otras empresas y que logró por la oferta económica, 220,3 millones.
Sepes y Ministerio de Defensa
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El informe de la IGAE analiza también el contrato con Sepes para dos proyectos, uno era el de urbanización de Loma de Colmenar que fue adjudicada a una UTE en la que participaba Constructora Hispánica por 4,9 millones y que contaron con obras complementarias por valor de un millón más.
Sobre el nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama, en el informe de análisis se señala que se adjudicó por subasta al precio más bajo a esta constructora por un importe total de 35,5 millones, si bien hubo un modificado que ascendió a más de 7 millones y apunta que entre la documentación aportada por el ministerio no se ha incluido ni el proyecto ni el informe comparativo de ese añadido.
"Da la impresión de que se ha aprovechado la tramitación del modificado para realizar otras obras necesarias en el acuartelamiento son sobrepasar el 20%, evitando así tener que contar con el dictamen del Consejo de Estado.
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado ya a recibir y a estudiar la documentación que se solicitó en noviembre de 2020 a ministerios y organismos oficiales con el objetivo de analizar los contratos que se adjudicaron a una de las empresas donantes del PP entre 2002 y 2004, durante el mandato como presidente de José María Aznar, y que ascendían a aproximadamente 570 millones de euros, según informa Europa Press.