La Fiscalía de Barcelona ha aceptado la denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y ha abierto una investigación a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, según han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.
Abogados Catalanes por la Constitución le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias, y se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres.
La denuncia también recae en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las subvenciones dirigidas al resto de entidades.
Además de las subvenciones a la PAH y al Observatori Desc, la asociación ha denunciado a la Fiscalía presuntas irregularidades en las concedidas a la Alianza contra la Pobreza Energética y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres, y Colau ha defendido que todas ellas "están justificadas" y que se han concedido siguiendo la normativa.
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Colau recuerda que las subvenciones a la PAH y al Observatori DESC vienen del mandato de Xavier Trias
La alcaldesa ha afirmado en una entrevista en Rac1 que las subvenciones municipales a la PAH y al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU Xavier Trias y que el Gobierno de BComú y PSC se limitó a renovar "un convenio que ya existía".
También ha contado que ha conocido la denuncia "por los medios de comunicación" y ha remarcado que tanto la Secretaría como los servicios jurídicos municipales mantienen que "no hay nada desfavorable" en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones deben adjudicarse por concurrencia pública o consolidando presupuesto siempre que se pueda.
La Fiscalía de Barcelona ha aceptado la denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y ha abierto una investigación a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, según han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.