Fiscalía cree que el hecho de que Aguirre tuviera "control absoluto" del PP madrileño es "insuficiente" para procesarla
La Fiscalía Anticorrupción cree que el hecho de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla en la pieza separada de Púnica en la que se indaga sobre la presunta existencia de una caja b de la formación en la capital.
Así se desprende del informe de 860 páginas, al que ha tenido acceso por Europa Press, que el Ministerio Público remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, y en el que el fiscal califica de "endeble e inconsistente" parte de los indicios, que considera escasos "para sustentar una acusación formal" contra la propia Aguirre.
Y, en lo que respecta al también expresidente regional Ignacio González, Anticorrupción ha pedido al instructor que le exculpe igualmente a pesar de "la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007". En concreto, apunta el escrito, porque los hechos habrían prescrito.
Anticorrupción pide exculpar a Aguirre y a González en el caso por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
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El fiscal considera, además, que "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos". Asimismo, cree que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo".
En cuanto al presunto líder de la trama Púnica, el exconsejero Francisco Granados, Anticorrupción deja claro que su "participación resultó clave" para introducir al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación sobre los que el magistrado ha puesto el foco.
Es por eso que, en su escrito, la Fiscalía solicita al juez que le envíe al banquillo por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias.
