El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado este miércoles a representantes de organizaciones de familiares de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia que, a fecha 30 de septiembre de 2022, había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales, la mayoría en 2022. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal y la institución recurrió 31 autos de archivo, de los cuales 19 han sido estimados, cuatro han sido desestimados y ocho están pendientes de resolución.
Las cifras han sido facilitadas a los siete representantes de plataformas de familiares y usuarios de residencias, que este miércoles, tras tres peticiones y ocho meses de espera, se reunieron con el fiscal general en la sede del Ministerio Público. En el encuentro han participado también la fiscal de Sala Coordinadora de Atención a las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y otras fiscales de esta unidad.
Los datos proceden de las fiscalías superiores de los TSJ de las distintas comunidades autónomas y tienen su origen en una orden, emitida el pasado mes de octubre, en la que la Fiscalía solicitaba rendir cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para escuchar a las familias, que entonces pensaron que se abría una vía para esclarecer lo ocurrido. Ahora, como han reconocido en una rueda de prensa posterior al encuentro, los familiares están "decepcionados". "Llegamos insatisfechos y nos vamos con un sentimiento similar", ha confesado Paulino Campos, presidente de REDE, una de las plataformas presentes. "Sabemos que el fiscal general se va a preocupar por nuestra situación, pero la reunión no ha ido mucho más allá", ha añadido.
María José Carcelén, portavoz de la plataforma estatal y presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, ha lamentado también no haber salido con un "compromiso firme" de que los 34 procesos archivados "se reabran y se investiguen" y de que la palabra de los familiares sea prioritaria. "Tres años después seguimos pidiendo que se escuche a las familias. Se tenía que haber hecho antes y ni siquiera ahora tenemos la certeza de que vaya a ocurrir", ha dicho. "No hay ninguna garantía de que se reabra nada", ha añadido Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare. "He venido a buscar un compromiso serio, formal y de palabra, y no lo he encontrado", ha lamentado por su parte María Jesús Valero, de Marea de Residencias.
Durante el encuentro, que se alargó más de dos horas, las organizaciones entregaron las 209.000 firmas recabadas durante meses para pedir "justicia y reparación" para los fallecidos en las residencias durante la primera ola del covid y sus familias. Todos esos apoyos tienen su origen en dos iniciativas distintas. La primera, que se publicó en Change.org, la emprendieron el periodista de investigación de infoLibre Manuel Rico y el abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Fernando Flores y ha conseguido, a 1 de febrero, 135.700 apoyos. La segunda fue iniciada poco después por Amnistía Internacional, que bajo el lema "Las personas mayores muertas en residencias merecen justicia. ¡Actúa!", ha conseguido 73.391.
Escuchar a las familias y replantear el modelo residencial
Familiares de residencias entregarán a la Fiscalía más de 200.000 firmas para pedir "justicia y reparación"
Según ha detallado la Fiscalía, la mayor parte de las diligencias abiertas en las fiscalías de los TSJ autonómicos, que han sido más de 400, se iniciaron durante 2020 y la primera mitad de 2021, y concluyeron antes de 2022. Según el Ministerio Público, los motivos de ellos son o bien que algunos de esos hechos estaban ya judicializados o bien que no se había podido acreditar la comisión de un hecho delictivo.
Por otro lado, el fiscal general ha insistido en la voluntad que ya mostró en la orden emitida el pasado mes de octubre: hay que escuchar a los familiares. Por eso, ha informado la Fiscalía, ya se está solicitando su audiencia en todos los procesos en los que no se hubiera acordado de oficio, incluso en las archivadas si los familiares así lo solicitan. Sin embargo, los familiares dudan. "No nos están permitiendo defendernos, declarar y presentar más documentación", ha lamentado Valero.
Por último, García Ortiz ha resaltado durante el encuentro que "la pandemia ha constatado la necesidad de replantear el modelo residencial de nuestro país", recalcando que para la Fiscalía "el ámbito de la prevención, la asistencia y la protección es de gran importancia". En este sentido, el Ministerio Público ha asegurado que los fiscales realizan inspecciones periódicas y ha recordado en este sentido que ya dictó una instrucción hace un año para que las sujeciones en las residencias —tanto físicas como farmacológicas— sean medidas temporales y adoptadas bajo suscripción y supervisión médica.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado este miércoles a representantes de organizaciones de familiares de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia que, a fecha 30 de septiembre de 2022, había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales, la mayoría en 2022. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal y la institución recurrió 31 autos de archivo, de los cuales 19 han sido estimados, cuatro han sido desestimados y ocho están pendientes de resolución.