Familiares de residencias entregarán a la Fiscalía más de 200.000 firmas para pedir "justicia y reparación"
Tras pedirlo en tres ocasiones y esperar ocho meses, familiares de mayores usuarios de residencias se reunirán este miércoles con la Fiscalía General del Estado. Según han informado en una nota de prensa conjunta la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarios de residencias, Marea de residencias y la Federación galega de usuari@s e familiares (REDE), el encuentro tendrá lugar a las 10 horas y en él estarán presentes siete representantes de las organizaciones y el fiscal general, Álvaro Ortiz, al que entregarán 209.000 firmas en favor de realizar "investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y sus familiares".
Todos esos apoyos tienen su origen en dos iniciativas distintas. La primera, que se publicó en Change.org, la emprendieron el periodista de investigación de infoLibre Manuel Rico y el abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Fernando Flores y ha conseguido, a 31 de enero, más de 135.600 apoyos. La segunda fue iniciada poco después por Amnistía Internacional, que bajo el lema "Las personas mayores muertas en residencias merecen justicia. ¡Actúa!", ha conseguido más de 73.200.
Con todas ellas, los familiares solicitaron una primera reunión con la Fiscalía el pasado 3 de junio, cuando todavía estaba al frente Dolores Delgado. Ante la ausencia de respuesta, volvieron a intentarlo el 22 de julio, ya con Ortiz al frente de la institución que, lejos de variar el trato a los familiares, tampoco respondió. La última petición fue en noviembre y ahora, dos meses después, ha llegado la contestación. "En las tres misivas se hacía hincapié en la intención de las organizaciones de familiares y usuarios de entregar al fiscal la totalidad de las firmas recabadas en Change.org y en el portal de Amnistía Internacional, además de solicitar una reunión con la cabeza visible del Ministerio Público 'para que conozca de primera mano lo que pensamos las usuarias de las residencias y sus familiares' sobre la (no) acción de la justicia y de la fiscalía para esclarecer y dar luz a la tragedia acontecida", resaltan en su nota de prensa.
"Las familias tenemos una decepción absoluta con la (no) intervención de la Fiscalía (y de la justicia en general). Nos hemos sentido absolutamente abandonados, hemos sentido que no se ha investigado lo suficiente", lamenta Paulino Campos, presidente de Rede, que recuerda que fueron las asociaciones de Galicia y Cataluña las que presentaron las primeras denuncias masivas contra residencias. "En Galicia contra 52 centros donde se tenía constancia de la existencia de covid y en Cataluña contra 31 residencias con datos y testimonios muy concretos conforme se negaba la posibilidad de trasladar a residentes infectados a los hospitales", denuncia.
Según los datos de Rico, allí murieron 2.797 ancianos sin ser derivados. Pero ocurrió en más comunidades: en Madrid fueron 7.291; en Castilla y León, 2.338 (el 70% sin ser trasladados); en Castilla-La Mancha, 2.170 (de los cuales el Gobierno de Emiliano García-Page se niega a aclarar cuántos no tuvieron la oportunidad de ser trasladados a un hospital). "Resulta prácticamente imposible, sin la información adecuada, saber quiénes habían denegado el acceso a la sanidad, a los hospitales. Solo una investigación a fondo, equitativa, garantista, puede sortear la opacidad y el ocultamiento de la verdad, pero esa voluntad investigadora no existió nunca en los juzgados y en las fiscalías, salvo honrosas excepciones. No se investigó, que era lo mínimo que se espera de la Justicia ante hechos tan graves como la hecatombe ocurrida en las residencias españolas, con 35.000 personas fallecidas", lamenta Campos, que confiesa que se les hace "difícil creer en los gestos" de la Fiscalía.
Aun así, confían en que el encuentro de este miércoles pueda ser un punto de inflexión. "Yo creo que debería cambiar algo. Una sociedad y un Estado que se hace llamar 'de derecho' no puede pasar página y cerrar un capítulo tan negro sin investigar en profundidad y ofrecer justicia. Las familias no van a poder pasar página si no se hace justicia", afirma María José Carcelén, portavoz de La Plataforma y presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. "Si ante una situación de vulneración de derechos fundamentales como esta, todo queda impune, si trasladamos a la sociedad que la gente mayor puede sufrir exclusión sanitaria, estamos condenados a repetir lo que pasó en la próxima pandemia", añade.
María Jesús Valero, de Marea de Residencias, también confiesa estar "esperanzada". "Siempre decimos que la esperanza es lo último que vamos a perder, y a la reunión vamos con ganas", dice. Al igual que Campos y Carcelén, acudirá a la Fiscalía "en representación de todos los familiares", para que por fin puedan ser "escuchados". "Nos han vulnerado el derecho a defendernos, a declarar, y a cerrar el luto después de tres años. Ya no solo luchamos por saber las razones por las que murieron tantos ancianos, sino por comenzar una investigación", añade.
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El pasado mes de octubre, el Ministerio Público dio orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para escuchar a las familias, un movimiento que les dio esperanzas para que, al fin, se esclarezca lo ocurrido. Sin embargo, no era la primera vez que se daba ese paso. Ya en febrero, Delgado anunció lo mismo después de que Amnistía Internacional denunciase la "deficiente" investigación sobre las muertes de residentes durante los momentos más negros de la pandemia.
Poco después, en marzo, la misma organización emitió un demoledor informe en el que aseguraba que que, durante la primera ola del covid, se cometió una "violación del derecho a la salud" de los mayores. De hecho, la suya fue "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia". No fue la única. Según un informe de Médicos Sin Fronteras publicado en agosto de 2020, muchos de los ancianos que fallecieron en centros de mayores durante las primeras semanas de la pandemia lo hicieron solos, "deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos". Y en miles de casos, además, sin posibilidad de ser derivados a hospitales que les atendieran.
Por eso las familias exigirán este miércoles, "por enésima vez", que la justicia y los parlamentos "entren en las residencias para construir ese relato imprescindible que posibilite un cambio de rumbo para dejar atrás de una vez por todas la situación inmunda que soportan y sufren las personas mayores y las personas con discapacidad en las residencias", sentencia Campos. "Estamos preparados", añade Valero.
