La Fiscalía de Murcia rechaza investigar si un hospital causó 34 muertes saltándose las listas de espera

El fiscal jefe del Tribunal Superior (TSJ) de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, acaba de dar carpetazo a la investigación oficialmente abierta hace cinco meses tras la denuncia de dos cirujanos cardiovasculares sobre fallecidos en la lista de espera del mayor hospital público de la región, el Virgen de la Arrixaca (HUVA). La denuncia aportaba datos sobre 34 pacientes muertos entre 2014 y el primer tercio de 2021 y a los que, siempre según los denunciantes, el centro sanitario habría relegado mientras adelantaba las intervenciones quirúrgicas de otros enfermos incorporados más tarde a la lista de espera o con patologías de menor gravedad.

La Fiscalía sostiene que el asunto está sub iudice porque permanece en manos de un juzgado de instrucción, el 8 de Murcia. Pero el magistrado aludido por Díaz de Manzanera ya rehusó en julio de 2019 dar un solo paso en lo que, relativo a listas de espera y de modo difuso, incluía una querella por acoso laboral. Aún viva, esa querella tenía y tiene como firmante a uno de los dos cirujanos que el pasado noviembre denunciaron la treintena de muertes en la Arrixaca por saltos en la lista de espera: José María Parra. El cirujano acusaba y acusa al jefe del servicio de cirugía cardiovascular de maltratarle profesionalmente. Y para reforzar su tesis asegura que no le permitía participar en intervenciones quirúrgicas pese a que la gravedad de las afecciones cardiacas y el tiempo de espera se traducía en pacientes que mueren antes de ser operados. Ese es el contexto de la referencia que Parra hacía en su querella a las listas de espera.

En una decisión luego avalada por la Audiencia Provincial, fue el juez de instrucción 8 de Murcia quien admitió la querella por acoso laboral pero acentuando que la admisión tenía carácter parcial. Para sorpresa del denunciante, cuya denuncia no tenía por objeto la persecución de ningún delito vinculado a las listas de espera, el magistrado denegó por iniciativa propia abordar las muertes de pacientes que esperaban a ser operados. Y lo hizo alegando que esa es "una cuestión política que afecta al sistema sanitario español en su conjunto, o en su caso, como máximo, cuestión administrativa". Una cuestión, remarcaba la resolución judicial, "completamente ajena a la vía penal".

Pese a que el juzgado 8 no ha accedido en ningún momento a investigar nada en relación a las listas de espera, el decreto de archivo de la Fiscalía murciana anuncia el cierre de sus diligencias así: "Procede pues acordar el archivo de las presentes actuaciones con remisión de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción 8 de Murcia para su unión a las diligencias previas referidas, de estimarlo procedente". "Y –añade– si los denunciantes no están conformes con lo que aquí se acuerda (...) se les hace saber nuevamente que tienen derecho a reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción". Contra la resolución del ministerio público no cabe ningún recurso.

La de ahora no es la primera vez que la Fiscalía murciana se niega a adentrarse en el complejo mapa de las listas de espera quirúrgica. En su decreto de archivo y de forma adicional, Díaz Manzanera se ampara en que ya en 2019 los dos cirujanos –José María Parra y Víctor Glenn– denunciaron ante el ministerio público muertes por la tardanza de las operaciones. Manzanera recuerda que aquella primera denuncia se archivó. Pero aquel escrito de los dos facultativos se limitaba a dar la alerta sobre una supuesta "pésima gestión" que provocaba fallecimientos. En ningún momento aludía a una supuesta operativa destinada a colar a determinados pacientes en detrimento de otros. Y justamente eso último es lo que centra la denuncia del pasado mes de noviembre a la que el fiscal jefe acaba de dar portazo.

El segundo argumento de Díaz Manzanera para no investigar el caso se resume en que los informes emitidos ahora a instancias de la Fiscalía por la gerencia del HUVA y su servicio de cirugía cardiovascular descartan cualquier delito. "Son [los informes realizados por la Arrixaca] más que suficientes para excluir cualquier sospecha de manipulación o alteración fraudulenta con apariencia delictiva de las listas de espera". Tanto el gerente del Virgen de la Arrixaca como el jefe de cirugía cardiovascular figuran entre los seis directivos a quienes los dos cirujanos denunciantes atribuyen prevaricación, homicidio por imprudencia o malversación de caudales públicos. En la relación de denunciados por infringir las normas establecidas para asegurar un orden lógico en las operaciones a pacientes incluidos en listas de espera también aparece el actual consejero murciano de Salud, Juan José Pedreño, y su predecesor, Manuel Villegas.

La Fiscalía murciana refleja su total confianza en los informes aportados por el epicentro de la denuncia, el Virgen de la Arrixaca: "Las explicaciones vertidas por los denunciados" sobre las modificaciones que las listas de espera "pueden sufrir" les liberan de cualquier sospecha. Según el fiscal, "ningún dato objetivo" apunta a que las listas de espera hayan sido modificadas "por intereses o motivos abyectos y que pudieran subsumirse en los diversos delitos imputados".

A tenor de su decreto, no consta que el ministerio público haya solicitado ninguna pericial independiente. Es decir, ajena a la jerarquía de la sanidad pública murciana y destinada a desenredar la madeja de si pudo existir una relación causa-efecto entre los cambios en el orden de la lista de espera y la muerte de los 34 pacientes cuyos datos incorporaba la denuncia de los cirujanos. Esos datos precisan la patología del paciente, su posición en la escala de criterios de prioridad, cuándo se incorporó cada uno a la lista de espera, en qué fecha se produjo el fallecimiento y qué otros enfermos se operaron con antelación.

Presentada el pasado 26 de noviembre, la denuncia original desgranaba 30 casos, todos ellos identificados con el número del historial clínico. Tras una ampliación posterior igualmente entregada a la Fiscalía, llegaron a 34.

La abundancia de datos aportados a la Fiscalía en noviembre de 2021 constituye una de las diferencias esenciales respecto a la ya mencionada querella que uno de los dos denunciantes formuló hace tres años por acoso laboral. Y con la primera denuncia, la de 2019, ante la Fiscalía. El texto de la querella por acoso que el juzgado 8 de Murcia admitió el 4 de julio de aquel año mencionaba las muertes por el lento avance de las listas de espera de la Arrixaca. Pero lo hacía casi de soslayo. Es decir, sin información en cuanto a número de fallecidos ni casuística detallada. Y, sobre todo, sin ninguna alusión a hipotéticos delitos derivados de saltarse la lista de espera en el HUVA.

Fue dos años y medio después del archivo de la primera denuncia que llegó a manos del fiscal Díaz Manzanera cuando los cirujanos Parra y Glenn acudieron de nuevo a la Fiscalía. Ocurrió en noviembre de 2021. Y esta vez sí quedó plasmado en la denuncia quiénes habían fallecido mientras esperaban a entrar en quirófano. Incorporaron también quiénes se les habían adelantado aun si la gravedad de su patología cardiaca era menor o si, siendo la misma, el enfermo llevaba aguardando menos tiempo. Los identificaron en su escrito aplicando exactamente el mismo sistema que con los fallecidos: el número de historial. Para comprobar su veracidad –recordaba la denuncia que acaba de rechazar el fiscal jefe– "únicamente cabe acudir a los archivos oficiales".

La versión de la Fiscalía

infoLibre formuló el miércoles por email dos preguntas a la Fiscalía murciana. La primera, la de por qué sostiene que el asunto de las muertes por listas de espera sigue sub iudice dado que el auto de admisión en julio de 2019 de la querella del cirujano José María Parra por el supuesto delito de acoso laboral ya dejó fuera la opción de investigar nada sobre las listas de espera y dado que la Audiencia de Murcia avaló luego tal resolución. El segundo interrogante es el siguiente: ¿solicitó la Fiscalía algún otro informe a expertos o peritos ajenos al sistema público de la sanidad murciana dado que tanto el gerente del hospital como el jefe del servicio de cirugía cardiovascular figuran entre los denunciados ahora por dos cirujanos cardiovasculares?

En respuesta a las preguntas, fuentes de la Fiscalía aseguraron que la apelación que hace el decreto de archivo a que el caso está sub iudice se refiere a que “lo estuvo”. Y afirmaron que "se puede reaperturar por el Juez a la vista del decreto de archivo del Fiscal y de la documentación que, como consta en ese decreto, se le remite al citado juez". El archivo –continúan las personas consultadas– se explica también porque no se puede “llevar a cabo una instrucción paralela” a la que desarrolla el juzgado de instrucción 8 de Murcia en la querella por acoso laboral del cirujano José María Parra. Su texto pone sobre la mesa un supuesto delito de acoso y menciona las listas de espera, además de como ejemplo del supuesto maltrato laboral, manifestando que hay pacientes que se están muriendo.

"Esta –remarcan las fuentes de la Fiscalía murciana– es la razón por la que el juez acordó no admitir a trámite la investigación de esas listas de espera que estaban produciendo muertes, y este problema y las posibles malas consecuencias que ello puede tener para los pacientes, es cuestión completamente ajena a la vía penal, siendo cuestión política que afecta al sistema sanitario español en su conjunto, y en su caso como máximo, cuestión administrativa".

"Por tanto, el juzgado 8 dictó un auto donde declinaba investigar las listas de espera, resolución que ya es firme al haberse confirmado por la Audiencia Provincial".

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Respecto a las diligencias de investigación abiertas en 2019 tras una primera denuncia de los dos cirujanos ante la Fiscalía murciana, las mismas fuentes aseguran que la actual relata los mismos hechos, ya que versa precisamente sobre la gestión de esas listas de espera y que se están produciendo muertes de pacientes, y en concreto, se mencionan con identificación numérica, a 13 pacientes que fallecen.

En lo que concierne a los informes del Virgen de la Arrixaca que sustentan el archivo de diligencias, la Fiscalía sostiene que “no hace falta acudir a ningún perito externo”. Y ello porque “los razonamientos que se dan en tales informes son perfectamente coherentes”. Los informes fueron realizados por la gerente del hospital y el servicio de cirugía cardiovascular. Sus titulares figuran entre los denunciados por los dos cirujanos.

 "Y en cualquier caso –finalizan las fuentes de la Fiscalía murciana– la tutela judicial efectiva está perfectamente amparada al poder presentarse la pertinente querella por los mismos hechos ante el Juez de Instrucción competente, tal como se ha manifestado expresamente en el decreto de archivo de la Fiscalía".