Cataluña
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para los veinte acusados de asediar el Parlament
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio al Parlament del pasado 15 de junio de 2011, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara.
En un escrito presentado este viernes, la fiscala Teresa Sandoval les atribuye un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno se le imponga además una multa de 7.500 euros.
El Ministerio Público destaca que los diputados, entre los que se encontraba Artur Mas, presidente de la Generalitat, y que tuvo que acceder al recinto en helicóptero, fueron rodeados e increpados por personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".
"Comportamientos violentos e intimidatorios"
La Fiscalía ha señalado que los 20 acusados tuvieron una activa intervención y que desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que empezó con un retraso de 11 minutos y con sólo 70 de los 135 diputados.
Entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito describe el incidente al vehículo del presidente de la Generalitat, que fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del Parlament: uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear.
Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta del coche, lo que no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado; al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar a Mas "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.
Según Fiscalía, los manifestantes increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos al diputado ciego de CiU, Josep Maria Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" a Alfons López Tena (SI); también sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.
Manifestación contra los recortes
Los hechos se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema "Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes".
En abril, el juez Eloy Velasco continuó con este procedimiento tras dictar un auto que señalaba qué delitos menores y faltas, como los atribuidos a los imputados, se convierten en graves si existe un componente de "intimidación ambiental". Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlament debe considerarse una institución del Estado.