Louise Neyton y Nicolas Barret, los dos fiscales que ejercen la acusación en este proceso iniciado el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París, solicitaron que la líder de la extrema derecha francesa sea condenada por malversación de fondos públicos y por ser cómplice de ese mismo delito. Según EFE, reclamaron en concreto para ella una pena de cinco años de cárcel, tres exentos de cumplimiento, 300.000 euros de multa y de cinco años de inhabilitación. Los representantes del Ministerio Público también pidieron la condena del Frente Nacional (FN) como persona moral y de los otros 26 encausados a penas en este proceso por haber utilizado de forma indebida el dinero del Parlamento Europeo en favor de la formación ultraderechista a través de los contratos de los asistentes parlamentarios.
En caso de que los jueces del tribunal decidan imponer a Le Pen la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la sentencia que se espera para comienzos de 2025, se da por hecho que ella recurrirá, lo que en principio debería suspender la ejecución de la pena hasta que haya una sentencia definitiva. Pero la Fiscalía reclamó que a todos los acusados se les imponga de forma inmediata la ejecución de las penas de inhabilitación para cargos públicos, lo que supondría un serio obstáculo para las ambiciones políticas de Le Pen. La cuestión es si esa eventual inhabilitación sería ejecutoria de aquí a que se tengan que formalizar las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales que, si no hay cambios -como una poco probable dimisión de Macron antes del fin de su mandato- deben celebrarse en la primavera de 2027.
Las reacciones no se han hecho esperar
Marine Le Pen se enfrenta al juicio que puede comprometer su conquista del Elíseo
En su primera reacción a la requisitoria ante los medios, Marine Le Pen denunció la voluntad de la Fiscalía de privarla a ella de la posibilidad de poder presentarse a las elecciones y de privar a los franceses "de poder votar por quien quieran". La líder de la extrema derecha dijo que esperaba que el tribunal no atendiera esas demandas del Ministerio público."Lo único que interesa a la Fiscalía es pedir la exclusión de Marine de la política" y "arruinar" a su partido, acusó.
Según la fiscal Neyton, el FN puso en marcha "un sistema organizado" con el objetivo de "servir a los intereses del partido" para ahorrar dinero con los asistentes parlamentarios en un momento en que atravesaba "una situación financiera particularmente tensa". En su requisitoria, puso el acento en la naturaleza inédita de los hechos que han conducido a este proceso "por su magnitud, su duración y, sobre todo por su carácter organizado, optimizado, sistémico y sistemático", que acarrearon "un ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático (...) y a la transparencia de la política".
Además, señaló que había "un interés personal directo" por parte de los máximos dirigentes del partido, porque la malversación les permitía mantener "un tren de vida confortable" y porque ese dinero les ayudó a consolidar, primero en torno a Jean-Marie Le Pen, y luego cuando su hija Marine tomó el relevo de la formación, un equipo con el que llevar adelante "su ambición política personal". Por eso consideró que hace falta "una respuesta ejemplar" para ella y para los otros acusados.
Louise Neyton y Nicolas Barret, los dos fiscales que ejercen la acusación en este proceso iniciado el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París, solicitaron que la líder de la extrema derecha francesa sea condenada por malversación de fondos públicos y por ser cómplice de ese mismo delito. Según EFE, reclamaron en concreto para ella una pena de cinco años de cárcel, tres exentos de cumplimiento, 300.000 euros de multa y de cinco años de inhabilitación. Los representantes del Ministerio Público también pidieron la condena del Frente Nacional (FN) como persona moral y de los otros 26 encausados a penas en este proceso por haber utilizado de forma indebida el dinero del Parlamento Europeo en favor de la formación ultraderechista a través de los contratos de los asistentes parlamentarios.