La Fiscalía pidió prisión para Falciani pese a que Anticorrupción aún investiga en secreto un caso basado en sus revelaciones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este jueves prisión incondicional para Hervé Falciani pese a que la Fiscalía Anticorrupción aún investiga en secreto un caso basado en las relevaciones del informático. Fuentes jurídicas confirmaron a infoLibre que los datos facilitados por Falciani, el informático que ayudó a destapar a 130.000 evasores fiscales de distintos países y cuya extradición reclama de nuevo Suiza, son esenciales para el avance de esa pieza secreta. La solicitud de cárcel, finalmente desechada por el juez ante el que compareció el ingeniero, no fue consultada ni comunicada con carácter previo a Anticorrupción.

Nada ha trascendido sobre el contenido de esa pieza secreta nutrida con información facilitada por Falciani. Nada, salvo que se inscribe en la causa donde un juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, investiga también, aunque en otra pieza distinta, a directivos del HSBC –el banco para el que trabajaba Falciani en Suiza–, así como del Santander y del BNP Paribas.

El paso dado implica un viraje de 180 grados en la doctrina que en 2013 llevó a la Fiscalía a defender al informático con uñas y dientes frente al primer intento de Suiza por conseguir su entrega. Entonces, las autoridades helvéticas adujeron que Falciani estaba siendo investigado bajo la acusación de que había robado y difundido datos del HSBC. Pero la Audiencia Nacional denegó la extradición con un argumento cuya validez consideran intacta todos los juristas consultados: que la legislación española no solo no considera ilegal desvelar información sobre evasores fiscales sino que Falciani hizo lo que debía. Ahora, la Oficina Federal de Justicia reclama por segunda vez su extradición bajo el argumento de que el antiguo empleado del HSBC en Ginebra ha sido condenado ya en sentencia firme por esos hechos a una pena de cinco años de cárcel. Su condena se ha producido en rebeldía. La legislación española veta las condenas en rebeldía superiores a dos años.

Aunque el ministro de Justicia y los portavoces oficiales de la Policía han desmentido categóricamente que esta sea una operación destinada a contentar a Suiza para que extradite a las independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, lo sucedido ha extendido las sombras de sospecha. "Esto parece el inicio de un canje de prisioneros", describió de manera gráfica una cualificada fuente jurídica. El abogado de Falciani, Manuel Ollé, apuntó en la misma dirección cuando ante el juez de la Audiencia que finalmente dejó libre a Falciani, Diego de Egea, deslizó la expresión "cambio de cromos".

En medios especializados en la lucha contra el fraude, la nueva política del ministerio público sobre Falciani en el todavía reciente mandato de Julián Sánchez Melgar como fiscal general ha causado estupor. El verdadero riesgo, explican las fuentes sondeadas por este diario, no es el de que el antiguo empleado del HSBC en Suiza huya para zafarse de una solicitud de extradición que los expertos entienden jurídicamente condenada al fracaso por cuanto su base fáctica es la misma que ya esgrimió Suiza hace cinco años. El riesgo, sostienen los expertos consultados, estriba en que la Fiscalía vea mermado su prestigio y España pase a ser percibida como un país menos fiable, por ejemplo, por países con los que ha afianzado su colaboración en la lucha contra el fraude y el blanqueo y que, como Francia, Italia o EEUU, también recibieron información de Falciani.

Hay –advierte una de las fuentes– un segundo pero también grave peligro en ciernes: el de que la petición de cárcel para Falciani tenga un efecto disuasorio para quienes hasta hoy estuvieran sopesando ofrecer información sensible de tramas financieras internacionales en manos de la justicia española. "Es un grave error", resume uno de los fiscales cuya opinión pulsó infoLibre.

Frente a los detractores de este cambio de posición, fuentes pulsadas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional creen que hay que esperar a la documentación que envíe Suiza para saber si se trata del mismo caso sobre el que ya se pronunció la Audiencia en 2013 o si hay elementos distintos.

Detenido el miércoles por la tarde en Madrid, Falciani se encuentra desde este jueves a mediodía en libertad vigilada. Sin pasaporte, con prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y obligado a comparecer cada semana en un juzgado. Ni siquiera puede salir sin permiso del municipio donde reside, cuya Policía Local deberá vigilar a diario sus movimientos para evitar el "riesgo de fuga"  invocado por el equipo del fiscal general, Julián Sánchez Melgar. Un riesgo que consideran inexistente quienes hoy subrayan cómo Falciani ha ayudado "a recuperar muchísimos millones" y a colocar a la justicia tras la pista de importantes defraudadores.

"No hubo petición congelada durante un año"

Tras la inopinada solicitud de la Fiscalía, planteada por su número dos en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, cuya entrada en escena previo desplazamiento de la fiscal que en 2013 se opuso a la extradición, Dolores Delgado, ya auguraba un cambio de posición, un segundo episodio abrió más incógnitas por la tarde. En declaraciones a la agencia Europa Press, un portavoz de la Oficina de Justicia suiza aseguró que las autoridades helvéticas no reclaman a Falciani desde el pasado 19 de marzo sino desde el 3 de mayo de 2017.

¿Estuvo entonces congelada la petición durante casi un año? Las fuentes policiales consultadas niegan que sea así. Y ofrecen un relato distinto, según el cual Suiza sí introdujo en el llamado Sistema de Información de Schengen (SIS) la petición sobre Falciani, pero de esa petición no tuvo constancia España. "No es cierto que hubiera una petición congelada durante un año", resumen los interlocutores de este diario.

¿Por qué entonces fue detenido Hervé Falciani el miércoles cuando se disponía a ofrecer una conferencia en Madrid? Porque, hace aproximadamente un mes, cuando Falciani acababa de entrar en España, la Policía detectó por medios que los portavoces a que acudió este diario no accedieron a revelar, la existencia de una "orden de averiguación de domicilio" cursada por Suiza. Tras esa alerta, la Policía contactó con las autoridades suizas, que entonces transmitieron que sobre el informático pesa una orden de extradición por la sentencia que le condenó a prisión en mayo de 2016. Es a partir de ahí cuando Suiza "expide la orden de detención con fecha de 19 de marzo". Esa orden, asegura la Policía, es de cumplimiento automático.