La Fiscalía General del Estado ve adecuado que la Administración ejecute el bloqueo de páginas webs de descargas ilegales sin autorización judicial, según se desprende de la memoria anual de 2018 que el organismo ha publicado este lunes, 9 de septiembre.
El Ministerio Público señala en esta memoria, consultada por Europa Press, que "cada vez se percibe que resulta menos eficaz la autorización judicial que se insta de los Juzgados Centrales para la ejecución provisional de las resoluciones".
Tal y como indica, el autor de la conculcación del derecho de propiedad intelectual, que está fuera de España, "no comparece nunca" y además las operadoras a través de las que se cursan las descargas "no se oponen a la resolución que se comprometen a acatar inmediatamente".
La Fiscalía apunta que, aunque no está constatado, entiende que "el autor de la página desde la que se facilitan las descargas abrirá enseguida otra nueva". Por todo ello, cree que sería "mejor" que
fuera la propia administración la que ejecutara sus resoluciones y "dejara al afectado que recurriera, en su caso, y pidiera la suspensión".
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El Parlamento ya aprobó el pasado mes de febrero una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que recoge, entre otros asuntos, una modificación por la que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá requerir al operador un segundo bloqueo sin necesidad de volver a acudir a un juez.
En concreto, la nueva ley contempla que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa" cuando estas webs sean reincidentes.
Ahora, la Fiscalía va más allá y propone que la Administración pueda ejecutar el bloqueo desde el primer momento sin necesidad de la autorización judicial.
La Fiscalía General del Estado ve adecuado que la Administración ejecute el bloqueo de páginas webs de descargas ilegales sin autorización judicial, según se desprende de la memoria anual de 2018 que el organismo ha publicado este lunes, 9 de septiembre.