Tanto la sección de lo Contencioso-Administrativo del Supremo encargada de revisar la adecuación o no a la ley de las nuevas medidas anti covid tras el levantamiento del estado de alarma como la Fiscalía de este órgano se preparan de cara a los recursos que podrían presentarse tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno, que fija en el alto tribunal la última decisión sobre estos asuntos.
Así, desde las 12.00 de este lunes la fiscal general, Dolores Delgado, mantiene una reunión junto con el fiscal delegado de lo Contencioso-Administrativo de Supremo Pedro Crespo y los fiscales especialistas en este campo con el objetivo de armonizar posturas de cara al primero de los recursos que se esperan, que es el del Gobierno de Canarias. En dicha comunidad, el TSJ ha tumbado el toque de queda y el cierre perimetral en aquellas islas con más incidencia de la enfermedad, según recoge Europa Press.
Según han señalado fuentes fiscales a Europa Press, "armonizar" no quiere decir que cada recurso no deba estudiarse caso por caso, en función de su contenido y de los derechos fundamentales afectados en cada territorio. Se trata de estudiar el escenario de recursos que puedan producirse a partir de este momento, con el fin de fijar criterios comunes.
Participación de Tolosa
Por lo que se refiere a la Sección Cuarta de lo Contencioso del Supremo, encargada de ver estos asuntos, en principio se barajó la posibilidad de que a sus deliberaciones se incorporara el nuevo presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, nombrado el pasado mes de noviembre, si bien esta posibilidad, que causaba cierto descontento entre algunos magistrados, ha sido descartada ahora por el propio presidente.
La razón de este resquemor se encuentra en el hecho de que, desde su nombramiento, Tolosa no haya reunido aún a todos los magistrados de la Sala Tercera –la de lo Contencioso del alto tribunal– para plantearles su plan de trabajo tras haber accedido a la presidencia.
A ello se unen unas recientes declaraciones que Tolosa realizó a un medio de comunicación manifestando la existencia de un "déficit" legislativo en materia sanitaria, y apuntando que los jueces no están "para gobernar"; así como la filtración de un informe interno encargado por éste que señalaba ciertas deficiencias técnicas en el decreto del Gobierno de Sánchez.
En todo caso, y dado que el Gobierno de Canarias ha solicitado este mismo lunes una aclaración a su Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el auto que tumbó las medidas, en el Supremo no esperan poder pronunciarse sobre este asunto, en el caso de que termine por recurrirse, hasta la semana que viene.
Fuentes de esta Sala han señalado a Europa Press que la respuesta dependerá mucho del planteamiento concreto del recurso, y que estarán muy atentos a la postura de la Fiscalía y los criterios jurídicos que ésta ponga sobre la mesa en sus alegaciones.
Dudas en el auto de Canarias
Campo aclara que el Gobierno no prepara ningún cambio legal para avalar las restricciones tras el estado de alarma
La aclaración del TSJ de Canarias se ha solicitado porque, en opinión del Gobierno de las islas, en el auto no se expresa de manera explicita en cuanto a si se pueden mantener o no las medidas del Gobierno de Canarias mientras se pronuncia el Supremo, que tiene cinco días a partir de que se recurra.
Se trata de la primera comunidad que, por el momento, ha planteado utilizar el recién creado recurso de casación ante el alto tribunal. En el País Vasco los jueces también tumbaron las medidas, si bien su Gobierno descartó la presentación del recurso.
En otros territorios, como Baleares y la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores han respaldado las restricciones de derechos impuestas por los gobiernos autonómicos, mientras que se está a la espera de conocer el dictamen de los jueces navarros.
Tanto la sección de lo Contencioso-Administrativo del Supremo encargada de revisar la adecuación o no a la ley de las nuevas medidas anti covid tras el levantamiento del estado de alarma como la Fiscalía de este órgano se preparan de cara a los recursos que podrían presentarse tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno, que fija en el alto tribunal la última decisión sobre estos asuntos.