El "duopolio de las empresas que gestionan los rankings de las publicaciones" científicas, Clarivate Analytics y Elsevier, conduce a un "modelo de evaluación" de la investigación universitaria "no neutral", que se traduce en "una hegemonía de las ciencias sobre las ciencias sociales", "sobrerrepresenta la literatura científica en lengua inglesa" y empuja a todo el modelo a "universidades sin debates, investigaciones sin compromiso y a un sistema académico sin pensamiento". Éste el diagnóstico que ofrecen las investigadoras de la Universidad de Málaga Ana Jorge y Ruth de Frutos en su artículo La evaluación de la investigación científica en España, publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación, y que está circulando en medios críticos con el actual esquema de funcionamiento del sistema de valoración de los artículos, basado en el incentivo de la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de las multinacionales Clarivate y Elsevier, que a su vez cobran a las universidades por el acceso a sus bases de datos.
La conclusión de Ana Jorge –profesora del departamento de comunicación audiovisual y publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga– y Ruth de Frutos –coordinadora de la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga– es drástica: se trata de un sistema que aísla al investigador, dificulta la cooperación, privatiza los contenidos financiados con dinero público. Y cuesta ingentes cantidades de dinero público. Jorge y De Frutos, citando un texto de Holm-Detlev Köhler, alertan: "Estamos entregando nuestra calidad científica a Thompson Reuters [ahora Clarivate] igual que la calificación de nuestras economías a Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s". "La estandarización de nuestra enseñanza universitaria y de nuestra producción científica nos llevará a universidades sin debates, a investigaciones sin compromiso y a un sistema académico sin pensamiento", escribía Köhler.
Como ha publicado infoLibre, dos empresas multinacionales, Clarivate Analytics –anteriormente una rama de la estadounidense Thomson Reuters– y la holandesa Elsevier, controlan el negocio de la publicación y consulta de artículos en revistas científicas en España. El Gobierno, a través de las normas establecidas por los ministerios de Economía y Educación, favorece e incentiva la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de referencia que utilizan estas compañías para valorar el trabajo científico en función de su impacto: el Journal Citation of Reports (JCR), en el caso de Clarivate Analytics, y el Scimago Journal Rank (SCR), en el caso de Elsevier. El resultado es que si un investigador quiere promocionar en su carrera universitaria, tiene que publicar artículos en las revistas indexadas por estas compañías. Una de estas compañías, Clarivate, es resultado de la venta por parte de Thomson Reuters de su negocio de propiedad intelectual y ciencia a dos sociedades inversoras.
A su vez, ambas empresas cobran a las universidades un canon anual por la licencia de uso de sus herramientas de búsqueda y bases de datos, en las que están incluidas estas publicaciones. Concretamente, son 4 millones de euros al año por el uso de la Web of Knowledge (WOK), antes de Thomson Reuters y ahora de Clarivate Analytics, y 1,5 millones por el uso de Scopus, de Elsevier, según datos ofrecidos a infoLibre por la Red de Bibliotecas Rebiun, una comisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que agrupa a 76 universidades y al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además las universidades y centros de investigación deben comprar las revistas en las que se publican los artículos. Sólo en el caso de Elsevier, que también edita revistas, Rebiun ha cerrado un contrato con esta multinacional por el que sus miembros abonarán más de 24 millones de euros al año por las publicaciones incluidas en su paquete Science Direct.
En su artículo, Jorge y De Frutos afirman que el pago de millonarias cantidades de dinero público a estas empresas "contrasta con la política de otras entidades punteras, como la biblioteca de la Universidad de Harvard, una de las más ricas del mundo, que en 2012 declaró que no continuaría pagando los más de tres millones y medio de dólares al año que costaba la suscripción a las mayores revistas científicas y recomendó a sus investigadores publicar en revistas de acceso abierto". "El sistema se mantiene", añaden, "porque que se sufraga a través de fondos públicos tanto la financiación como la difusión del producto de la empresa Thomson Reuters [ahora Clarivate] y ello permite el desarrollo de un sistema comercial de evaluación que durante años ha actuado en régimen de monopolio". "En la actualidad, se están produciendo correcciones en el equilibrio del funcionamiento de este mercado del conocimiento hacia un duopolio, por la irrupción de la transnacional holandesa Elsevier", continúa el artículo.
A juicio de ambas autoras, "este proceso excluye cualquier otro criterio emanado de la propia comunidad científica y que pudiera situarse al margen de este nicho de negocio, considerablemente rentable para las empresas poseedoras de las bases de datos". En su análisis de los aspectos cualitativos, las dos investigadoras señalan que el modelo castiga a las humanidades: "De las 11.761 revistas indexadas en el JCR en 2015, 8.618 son de Ciencias mientras que solo 3.143 pertenecen al área de ciencias sociales", y ello a pesar de que las revistas sobre lenguaje computacional son consideradas dentro del ámbito de estas últimas. Y también subrayan el sesgo lingüístico: "De las más de 11.000 revistas pertenecientes a la última clasificación JCR, en 2016, 9.580 publicaciones son en inglés, frente a 1.568 que se encuentran en otras lenguas".
Como conclusión, las autoras del artículo señalan que "el actual duopolio de las empresas que gestionan los rankings de las publicaciones científicas internacionales afecta negativamente a la evaluación del conocimiento universitario, generando dinámicas perversas en la acreditación del profesorado investigador en España, principalmente en las primeras etapas".
Éstas no son las únicas voces críticas. Los criterios de evaluación establecidos por las autoridades públicas, que privilegian la publicación de artículos en revistas indexadas en JCR y SJR, han recibido contestación por parte de sectores universitarios. Una campaña en la plataforma de recogida de firmas Change ha logrado más de 3.200 apoyos a una solicitud de anulación de dichos criterios. "JSR y JCR son un negocio, no una garantía de calidad", afirma el texto que acompaña a la recogida de firmas, que también pone énfasis en el impacto negativo de estos requisitos en las ciencias sociales. "La investigación en educación podría tener en cuenta, además de las revistas indexadas en JCR y Scopus (dos bases de datos privadas, de pago), otras de acceso público (gratuitas)", añade. Y se pregunta: "¿Para qué sirve el sello de calidad de la Fecyt si no aparece en los criterios de ciencias de educación?".
"Dictadura del factor impacto"
"Tal y como están establecidos los criterios, son imposibles para la inmensa mayoría de los investigadores. Al final, para cumplirlos debes formar parte de camarillas, grupos de poder y redes clientelares que te abren las puertas de estas revistas", lamenta Ana Jorge. A su juicio, existe una "dictadura del factor de impacto" basado en los índices de estas grandes empresas, que "mercantilizan el conocimiento". "Lo importante no acaba siendo qué has escrito, quién lo ha leído, con quién lo has compartido, de qué ha servido, sino sólo dónde lo has publicado", afirma. Esta autora considera que, detrás de este modelo, hay una intención política: "Aislar al investigador, quebrar lo colectivo, tener a todo el mundo metido en su obsesión por su sexenio y nada más". Como resultado de esta cultura de la "carrera por publicar", se acaba por incentivar –afirma Jorge– el "plagio", que según su diagnóstico tiene en este modelo de funcionamiento un caldo de cultivo ideal. "El plagio es producto del sistema, que sufre una perversión absoluta", afirma.
Enrique Díez, profesor titular de educación de la Universidad de León y coordinador del área federal de educación de IU, es una de las más insistentes voces contra el "duopolio" de Clarivate y Elsevier. "Para acceder a un puesto, acreditarse, cobrar el complemento de investigación o no verte cargado con más horas de docencia, los profesores tienen que conseguir que dos multinacionales les admitan artículos en revistas que ellos eligen, con criterios poco transparentes", señala. Lo contrario, afirma, lleva a la imposibilidad de la promoción, la rebaja salarial y el aumento del trabajo docente, "que a partir del decreto 14/2012 pasó a ser considerado una carga, una especie de castigo".
En opinión de Díez, la investigación está siendo convertida en "una loca carrera basada en la cultura del impacto y de la citación”. "Se ha convertido en un dogma que el factor de impacto, que mide más la visibilidad que la calidad y que está controlado por estas grandes empresas, es el valor fundamental", denuncia. Díez afirma que "frente al discurso del campus de excelencia, que esconde una clara mercantilización del conocimiento, se debería abrir paso el campus de cooperación y el conocimiento abierto", en línea con lo recogido en la Declaración de San Francisco y en la Declaración de Berlín. Lo contrario, afirma, es dejar el conocimiento en manos de multinacionales. "Pero se está yendo en la dirección opuesta. Se están recortando todos los fondos e iniciativas públicas", afirma.
La "dictadura del impacto" se impone en la universidad pese al varapalo del Supremo
Una propuesta de sistema público
Los planteamientos de Díez y su defensa de los repositorios públicos de revistas de acceso abierto tomaron la forma de una proposición no de ley (PNL), registrada en agosto de 2016 por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, miembro del grupo parlamentario de Unidos Podemos. "Nuestras administraciones públicas son cooperadoras necesarias (en financiación y difusión) de la empresa privada Thomson Reuters [ahora Clarivate] para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación", recoge la PNL. La proposición señala que "son frecuentes las relaciones clientelares, las 'familias' basadas en alianzas estratégicas, en 'padrinos' y 'madrinas' que facilitan que un trabajo pueda ser publicado, en intercambios interesados orientados a la maximización de resultados (autorías rotativas, contactos en revistas) y no en la necesidad de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación".
Esta PNL insta al Gobierno a establecer una "política nacional de acceso abierto", con la puesta en marcha de un Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto, que no obligue a la comunidad investigadora a adaptar su trabajo exclusivamente a los requisitos exigidos para obtener sexenios. Este modelo defiende un sistema de evaluación público que permita prescindir progresivamente de los índices JCR o SJR para medir la calidad de las publicaciones siendo sustituidos por criterios de evaluación acordados por la comunidad científica. El objetivo es que la investigación gane independencia con respecto a los rankings establecidos por Clarivate [Thomson Reuters, en el texto] y Elsevier e incorpore otros elementos de valoración como la investigación de base y a largo plazo o el impacto social de las investigaciones. La PNL pretende que todas las investigaciones que reciban financiación pública estén obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso libre.
El "duopolio de las empresas que gestionan los rankings de las publicaciones" científicas, Clarivate Analytics y Elsevier, conduce a un "modelo de evaluación" de la investigación universitaria "no neutral", que se traduce en "una hegemonía de las ciencias sobre las ciencias sociales", "sobrerrepresenta la literatura científica en lengua inglesa" y empuja a todo el modelo a "universidades sin debates, investigaciones sin compromiso y a un sistema académico sin pensamiento". Éste el diagnóstico que ofrecen las investigadoras de la Universidad de Málaga Ana Jorge y Ruth de Frutos en su artículo La evaluación de la investigación científica en España, publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación, y que está circulando en medios críticos con el actual esquema de funcionamiento del sistema de valoración de los artículos, basado en el incentivo de la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de las multinacionales Clarivate y Elsevier, que a su vez cobran a las universidades por el acceso a sus bases de datos.