El Gobierno de España pretende que los despidos que realicen las empresas estibadoras se paguen con dinero público. El decreto con el que el Ministerio de Fomento quiere abrir a la competencia el sector de la carga y descarga en los puertos, actualmente un coto cerrado incompatible con la legislación europea, recoge que el coste de las indemnizaciones salga de las arcas públicas, a través de los puertos del Estado.
El Ministerio de Fomento, preguntado por infoLibre, no cuantifica el coste que tendrá la medida para las arcas públicas. Dada la reforma drástica del sector que implica el decreto gubernamental, es previsible una elevada cantidad de despidos en los puertos españoles, cuyo coste no recaería en las empresas. El decreto, que ha suscitado una amenaza de huelga de los estibadores, se encuentra actualmente en negociación. El Gobierno (PP) aún no tiene garantizados los apoyos parlamentarios para aprobarlo. De momento, el Ejecutivo ha ofrecido diálogo, lo que pospondría la aprobación del decreto, por lo que previsiblemente no tendrá lugar la huelga anunciada para la próxima semana.
La carga, descarga y manipulación de mercancías en los 46 puertos del Estado está controlada por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores. Las Sagep van cediendo a los estibadores a las empresas que trabajan en los puertos, según la demanda. Dichas empresas, que son las propias accionistas de las Sagep y cuyos clientes son las navieras, no tienen otra forma de contratar a un trabajador. Es decir, si por ejemplo la empresa Noatum Container necesita un estibador para el puerto de Málaga, no puede convocar un proceso de selección, sino que tiene que acudir a las Sagep, que están amparadas por la ley española de puertos. Actualmente hay en España unos 6.500 estibadores que trabajan a través de las Sagep en las empresas privadas que operan por concesión en los puertos, que son de titularidad pública.
Este sistema de organización portuaria, aunque legal en España, es heredero de formas tradicionales de reparto del trabajo, basadas en comunidades cerradas de intereses donde el margen de arbitrariedad acaba siendo elevado. La integración europea ha implicado, al menos sobre el papel, la obligatoriedad de que los sectores económicos se abran a la libre competencia y los criterios de transparencia y mérito. El sistema de las Sagep comenzó a venirse abajo en diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE estableció en una sentencia que España estaba incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la UE, al poner límites a la libertad de establecimiento de las empresas.
Más de dos años después de aquella sentencia, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), ha puesto sobre la mesa un decreto para adaptar la normativa española a la europea. Según De la Serna, su aprobación es urgente porque España ya ha sido condenada a una multa de 21,5 millones y, a partir del mes de marzo, esta sanción se ampliará en 134.100 euros al día. El decreto ha puesto en pie de guerra a los estibadores, que ven peligrar sus condiciones de trabajo, fijadas en un acuerdo marco y concretadas en convenios pactados con el poderoso sindicato mayoritario, la Coordinadora de Trabajadores del Mar. Es en dicho decreto, a cuya última versión ha tenido acceso este periódico, donde se establece que sean las arcas públicas las que asuman el coste de los despidos.
Nuevos operadores con trabajadores peor pagados
Con la liberalización entrarán en los puertos nuevos operadores que empezarán a trabajar con plantillas peor pagadas, lo que les ofrece una ventaja competitiva sobre las sociedades estibadoras ya instaladas. Para eliminar esta desigualdad, el Gobierno recoge en el decreto que los despidos los paguen las autoridades portuarias, de carácter público. "La administración portuaria asumirá obligatoriamente los pasivos laborales generados con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", recoge el decreto. Esta medida se introduce "con el propósito de igualar la situación competitiva de los operadores privados ya establecidos con los que se incorporen ex novo a la prestación de este servicio", señala el texto, que permite a las empresas acogerse a despidos colectivos conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
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La extinción de los contratos laborales de trabajadores portuarios, excepto de los que se jubilen en los próximos tres años, "dará derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para la extinción del contrato por causas objetivas, que será asumida como obligación ex lege por la autoridad portuariaex lege competente en el ámbito geográfico de la Sagep de que se trate". Es decir, si una empresa que opera en el puerto de Algeciras decide hacer un ERE tras la entrada en vigor del decreto, los costes de indemnización correrán a cargo no de sus cuentas, sino de las del propio puerto de Algeciras, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Fomento.
El decreto establece que los importes serán satisfechos por la autoridad portuaria correspondiente "previa su solicitud, que deberá estar acompañada de documentación justificativa y acreditativa". "Serán desembolsados por la autoridad portuaria para cada uno de dichos trabajadores al empleador de los mismos en el momento de la extinción contractual", añade el texto. De ese modo el pago no se realiza a los trabajadores, sino a las empresas, que también podrán elegir cobrar el dinero para aminorar su deuda de tasas portuarias.
El decreto del Gobierno supone también la liquidación de las Sagep y de los registros de estibadores, considerados mecanismos contrarios a la legislación europea. También prevé la creación libre de empresas de servicios de estiba con un régimen comparable al de las ETT. Sabedor del trauma que esta reforma ocasionará en el sector, la norma prevé un periodo transitorio de tres años. El decreto ha abierto un conflicto que enfrenta al Gobierno, que tiene de su parte a la patronal de estibadoras (Anesco, con 246 empresas), con los estibadores y sus representantes sindicales. Durante el conflicto el foco se ha puesto fundamentalmente en las condiciones de trabajo de los estibadores, que con las horas extra y los pluses de penosidad, nocturnidad, toxicidad y peligrosidad perciben salarios muy por encima de la media española. El Gobierno sostiene que su reforma generará empleo. Lógicamente, para generar ese empleo nuevo, antes habrá que destruir parte del actual. Los planes del Ministerio son destruirlo con cargo a los puertos públicos del Estado.
El Gobierno de España pretende que los despidos que realicen las empresas estibadoras se paguen con dinero público. El decreto con el que el Ministerio de Fomento quiere abrir a la competencia el sector de la carga y descarga en los puertos, actualmente un coto cerrado incompatible con la legislación europea, recoge que el coste de las indemnizaciones salga de las arcas públicas, a través de los puertos del Estado.