Los fondos de recuperación no están sirviendo para recortar desigualdades entre territorios

Hay investigaciones que parten de lo que esperan hallar y chocan con lo que hallan. El fondo Next Generation europeo aprobado en respuesta a la pandemia ha contado con una pata fundamental: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en España se ha encauzado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gracias al cual se ha regado al país de ayudas europeas y préstamos blandos desde 2021. En él han puesto su mirada los profesores y autores del trabajo El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Una perspectiva regional. Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas analizan la aplicación de esos recursos para concluir que, aunque el PRTR se concibe como un “plan de país”, se ha obviado a las regiones "en su concepción”.

“Se observa una ausencia significativa de participación de las comunidades autónomas en su planificación, lo que conlleva la falta de análisis previo de necesidades a nivel nacional y regional”, se asevera en el documento de trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Y se añade: “Esta situación limita la capacidad de diseñar estrategias de política económica y social adecuadas a cada contexto regional”. Los fondos se han asignado “de manera horizontal y homogénea, sin tener en cuenta” las particularidades de las distintas áreas del mapa nacional y las regiones han recibido con cierto retraso aproximadamente el 40% de los recursos comprometidos, lo que ha disparado la circulación de transferencias de capital, los ingresos, en relación con cualquier periodo precedente, según Fernández y Lago. 

De lo que tampoco tienen duda tras sus cálculos es de “la nula relación entre el nivel de desarrollo regional, estimado por el PIB –Producto Interior Bruto– per cápita, y la asignación de fondos por el PRTR”. “Podemos justificar que al inicio, por la premura de tiempo para lograr que Europa aprobara los fondos no estuvieran presentes las comunidades”, traslada Fernández Leiceaga a infoLibre, pero “es muy llamativo que no se tenga en cuenta para nada el nivel de desarrollo de las comunidades” a la hora de “primar a aquellas que tienen uno más bajo, porque era lo tradicional en términos de política regional en España y existe un mandato constitucional además en ese sentido”, defiende.

“Normalmente –enlazaª la política de desarrollo regional ha tendido a priorizar la inversión pública en aquellas comunidades menos desarrolladas para las que se hacía un esfuerzo adicional con el fin de promover la convergencia en términos de renta por habitante y de productividad entre unas regiones y otras. El objetivo debería ser que Extremadura pueda elevar su nivel de desarrollo y ponerse más próxima a Madrid o Galicia a Cataluña, pero esto aquí no ocurre”, avisa. En otras palabras, consideran que la distribución regional de estos fondos europeos no favorece la convergencia interna ni la cohesión territorial.

El Estado no acapara la mayor parte del dinero

Lo que sí desmontan es la crítica formulada desde algunas regiones y ayuntamientos de que la Administración central, el Estado, las discrimina y se ha reservado la mayor tajada. “Escrutando los datos es difícil compartir este lamento”, se llega a afirmar en el estudio. Sí que “son sobre todo las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo las que reciben unas cantidades proporcionalmente mayores, salvo Cataluña”. “Las regiones para las que el PRTR asignado supera el 250% del Feder planeado -otro programa europeo 2014-2020- son Navarra, La Rioja, Madrid, País Vasco, Baleares, Cantabria, o Aragón, además de Castilla y León”. Si se pone la lupa sobre los ingresos de capital recibidos, “las diferencias son muy superiores: para Madrid los fondos PRTR multiplican por 10 los ingresos de capital medios; y cambian algunos protagonistas, saliendo Aragón, País Vasco o Castilla y León, y entrando Cataluña o la Comunidad Valenciana entre las que presenta una ratio superior a 2,5”, se sostiene en el informe consultado.

En todo caso, para el conjunto de las regiones, incluso las comparativamente menos beneficiadas que son Andalucía, Extremadura y Galicia, “la inyección de nuevos recursos para su capitalización es de una magnitud que no puede minimizarse”, quieren dejar claro.

Otra de las quejas habituales asociada al reparto de fondos europeos ha sido la existencia de sesgos ideológicos en la distribución territorial de esos recursos. En ese sentido, en el documento del Ivie se refleja que, en particular, se ha planteado que “se estaría discriminando a aquellos territorios de color distinto al del Gobierno central -integrado en los años revisados por una coalición progresista formada por el PSOE y otros partidos a su izquierda agrupados en Unidas Podemos-, utilizando criterios poco o nada objetivos”.

Los responsables del informe detectan a priori que “parece existir cierta correlación entre la coincidencia partidaria y el volumen de fondos recibidos”. Si bien, Fernández Leiceaga matiza que, aunque de inicio vieron “que podía ocurrir esto”, al aplicar varias variables a la vez, se dieron cuenta de que “eso está condicionado por el tamaño de las comunidades gobernadas por los distintos partidos, porque son sobre todo las regiones pequeñas las que reciben más”. ¿A qué se debe? “Se explica básicamente porque en muchos casos en las conferencias sectoriales, donde se hace la distribución de los fondos, se asigna una cantidad a tanto alzado por comunidad y eso acaba favoreciendo más a las más pequeñas. El resto se reparte por criterios diversos, pero como se da una cantidad igual a todas, pues es lo mismo”, anota el profesor. E incide: “Una vez que se introduce ese dato del tamaño, deja de ser significativa la ideología. A menor tamaño, mayor cantidad de fondos por habitante”, recalca.

A "velocidad desigual"

Vincula también las conferencias sectoriales, en las que las inyecciones de fondos a los territorios “se van haciendo progresivamente”, lo que resta a las comunidades posibilidades “de planificar a varios años”; a otro hecho que han comprobado: la “velocidad desigual de ejecución” del dinero. El Estado gestiona a un ritmo superior al resto, que tampoco lo hace igual entre sí. Los autores del análisis creen que “la incertidumbre en cuanto a la asignación de fondos dificulta la puesta en marcha de un adecuado aparato administrativo de control, ejecución, certificación y verificación”. Y se apunta a que “la capacidad de ejecución de fondos europeos de desarrollo regional, que exige un aparato administrativo de cierta dimensión y unos canales con la sociedad ya engrasados, han podido ser puestos al servicio de le ejecución del PRTR, contribuyendo a que su despliegue sea ligeramente más ágil”. O dicho de otro modo: “Las comunidades que ya tenían una estructura administrativa preparada para esto, es posible que vayan más rápido”, condensa Fernández. Para el resto, la falta de un programa de actuación calendarizado y organizado complica, temen, el refuerzo del aparato administrativo que sería conveniente.

En resumen, los profesores advierten de que, aunque es innegable que “el PRTR representa una oportunidad significativa para impulsar la recuperación y transformación económica y social del país”, entienden que “es necesario abordar las deficiencias” reseñadas para “garantizar una implementación efectiva y equitativa que responda a las necesidades regionales y maximice el impacto del plan”.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha impulsado una herramienta denominada Elisa para poner a disposición de los interesados información actualizada sobre la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación. El ministro del ramo, Carlos Cuerpo, ha comunicado recientemente que ya se han desembolsado más de 38.600 millones de euros de los fondos que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, algo más del 55% del total. Sólo en el pasado mes, se han resuelto convocatorias por 900 millones y se han publicado otras por valor de 2.000, con 12.000 nuevos beneficiarios durante el mes de referencia, de acuerdo a las cifras que maneja el ministerio.