"La mayor reforma fiscal de España". Así definió el pasado septiembre Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, su plan de bajada de impuestos a las grandes fortunas, la reducción del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales y la bonificación del de patrimonio, donaciones y sucesiones — "el impuesto de la muerte" según el valenciano—. Una "reforma" que según la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) supone una merma en la recaudación para la Comunitat Valenciana de unos 495 millones de euros, tal y como apunta un informe publicado el pasado mes de julio. De esta cantidad, la Airef calculaba que la rebaja del IRPF supondría una merma de 270 millones de euros, la del sucesiones y donaciones de 212 y de otros impuestos 25 millones.
Pese a lo contundente del informe —que indicaba que esa merma de ingresos excedía en más de 400 millones a otras comunidades del PP— y la situación de infrafinanciación de la autonomía, Mazón presumió de estas rebajas fiscales durante el debate sobre el estado de la comunidad hace solo unas semanas, en el que también anunció una rebaja al 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para grandes proyectos empresariales, emulando el discurso de la "libertad" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al defender "más libertad, menos dirigismo y una gestión más transparente".
Tras el paso de la dana por València, que ha arrasado con las localidades de L'Horta Sud provocando más de doscientos muertos y perdidas materiales que el Ministerio de Transportes ha cifrado en 2.600 millones de euros, Mazón ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una ayuda de 31.400 millones, el equivalente a todo el presupuesto de la Generalitat para este 2024 mientras que, por el momento, únicamente ha prometido 250 millones por parte de la Generalitat. Es decir, la mitad de lo que la Generalitat ha dejado de recaudar con sus rebajas de impuestos según la Airef. "Es hora de los recursos", defiende ahora el valenciano.
La supresión de la UVE y un experto en "festejos taurinos" como director general de Interior nombrado el día de la Dana
La tragedia también ha situado en el primer plano político el desmantelamiento de servicios públicos para hacer frente a estos episodios extremos y los cambios provocados por el cambio climático. De hecho, una de las primeras decisiones que tomó Mazón al llegar a la Generalitat, gracias a un pacto con Vox, fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias. La UVE había sido creada en febrero de 2023, pocos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, por parte del Gobierno del PSPV y de Compromís que pilotaba entonces Ximo Puig. Se trataba de crear un cuerpo similar a la UME pero con carácter autonómico para la rápida intervención en casos de emergencias y temporales. A su llegada al Ejecutivo, Mazón y el PP vendieron su derogación como uno de sus grandes avances: “Es el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciada por el Gobierno valenciano”.
En noviembre del año pasado, con el nuevo Govern se dictó un decreto por vía de urgencia para eliminar este servicio público. Se encargó de ello la entonces consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que formaba parte de 'cuota' de la formación de Santiago Abascal. La política de ultraderecha despachó así la derogación: “Empezamos a solucionar un problema, ya que la UVE es un proyecto que añade más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, una nueva ocurrencia para tapar carencias enormes en esa gestión y que castigaba un sector harto de malas decisiones".
Después de que la extrema derecha saliera del Govern el pasado mes de julio, el Ejecutivo de Mazón permaneció tres meses sin reemplazar al director general de Interior de la Generalitat, del que dependen las funciones delegadas de la Policía autonómica (un cuerpo con unos 400 efectivos), de Protección Civil y de la coordinación de policías locales. Finalmente nombró a Vicente Huet Ballester, exalcalde del PP de Barxeta y exjefe de gabinete del presidente de la Diputación de València pero lo hizo, precisamente, el martes de la pasada semana, el día que la Dana arrasó las localidades de la provincia de València. Huet, según destacó la Conselleria de Justicia, es un experto en "festejos taurinos" y es un trabajador en excedencia de una empresa del sector del empaquetado sostenible.
Un 112 privatizado y precarizado que envió tarde la alerta de protección civil
En el centro del debate público también ha estado la tardanza por parte de la Generalitat a la hora de lanzar el aviso a la población a través de una alerta de protección civil para extremar la precaución. Según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la AEMET declaró alerta roja a las 7.31 de la mañana del martes para la provincia de Valencia y a las 15 horas la comunidad subió al nivel dos para la comarca de Utiel, Requena y La Plana. A las 19.17 la Generalitat elevó al nivel dos también para la provincia, y un poco más tarde, a las 20 horas, se mandó el mensaje. Hasta las 20.36 no se recibió por parte del Gobierno la solicitud del Ejecutivo autonómico para la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), si bien Mazón pidió la intervención de la UME horas antes pero solo para la zona de Utiel.
La cronología de una semana de la devastación de la dana en la provincia de Valencia
A esto se suma, que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar envió cinco emails a Protección Civil para alertar que ya había “barrancos desbordados en el entorno de Manuel y crecida considerable del río Albaida”. Unos correos electrónicos que desmienten la versión del president de la Generalitat, que este lunes aseguró en la Cadena Cope que el organismo desactivó hasta "tres veces la alerta hidrológica; a la una, a las tres y a las cuatro" y que no fue hasta "las siete menos cuarto" cuando traslada la gravedad de la situación con precipitaciones de "hasta 1.700 litros" por la zona de Utiel y Requena. La confederación, además, no activó ni desactivo ninguna alerta hidrológica, porque no es su competencia hacerlo según han recalcado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica
La competencia para el aviso a la población sobre emergencias recae en el servicio 112 de la Generalitat, una materia que se recoge en el propio Estatuto de Autonomía de la comunidad. Pero esa alerta no empezó a mandarse hasta las 20 horas, cuando llevaban horas desbordados varios barrancos. Según explica eldiario.es los empleados del 112 trabajan en condiciones de precariedad. Lo hacen a turnos alternos para cubrir las 24 horas del día, con entre 5 y 15 personas en condiciones de normalidad y con un 20% de la plantilla de baja.
El día de la dana el servicio se reforzó superando la veintena, pero el número de llamadas sobrepasó toda previsión, por lo que muchos de los afectados por la catástrofe recurrieron a servicios como la Policía local o la Guardia Civil. El colapsó llegó a ser tal que el 112 de otras autonomías de España como la Comunidad de Madrid o el País Vasco también recibieron cientos de llamadas. Durante esa noche y la madrugada del 29 de octubre muchos usuarios denunciaron que les fue imposible contactar con emergencias. La gestión del servicio pertenece a Ilunion, una empresa que forma parte del conglomerado del Grupo Social ONCE.
"La mayor reforma fiscal de España". Así definió el pasado septiembre Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, su plan de bajada de impuestos a las grandes fortunas, la reducción del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales y la bonificación del de patrimonio, donaciones y sucesiones — "el impuesto de la muerte" según el valenciano—. Una "reforma" que según la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) supone una merma en la recaudación para la Comunitat Valenciana de unos 495 millones de euros, tal y como apunta un informe publicado el pasado mes de julio. De esta cantidad, la Airef calculaba que la rebaja del IRPF supondría una merma de 270 millones de euros, la del sucesiones y donaciones de 212 y de otros impuestos 25 millones.