La formación de género en la justicia: cómo es y qué modelo demandan las juristas feministas

La sentencia de La Manada ha reabierto un debate ya manido entre las organizaciones feministas, que miran la formación de los jueces como uno de los principales síntomas del machismo estructural que opera en todos los ámbitos. Si algo ha puesto sobre la mesa el dictamen judicial contra los cinco hombres que abusaron de una joven durante los Sanfermines de 2016, es la posibilidad de efectuar reformas legislativas y la necesidad de impulsar una estricta formación para los profesionales de la magistratura que contemple la perspectiva de género como valor fundamental y transversal en todos los órganos.

¿Cómo es el actual modelo formativo en materia de género dentro de la justicia? Según explica un portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a preguntas de infoLibre, la formación es obligatoria únicamente para los jueces y magistrados "destinados en órganos especializados en violencia de género", es decir, en los juzgados de violencia sobre la mujeres, en los juzgados de lo penal y en secciones de audiencias provinciales.

Este tipo de formación obligatoria, que reciben los jueces "antes de tomar posesión de su nuevo destino", consiste en "un curso que combina contenidos teóricos y prácticos con una carga lectiva aproximada de 50 horas". Se compone de dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. Dichas estancias tienen una duración de diez días, y cada profesional es asistido por un tutor "con un perfil idóneo para llevar a cabo esta labor". Los jueces y magistrados que trabajen en los juzgados de violencia permanecerán ocho días en el órgano judicial y los dos restantes visitarán "recursos asistenciales de los organismos sobre igualdad y casas de acogida a víctimas". En cuando a la fase online, la carga equivale a 16 horas lectivas "que se desarrollan en el estudio del material básico del curso, realización de cuestionarios, la participación en los foros de debate que se planteen y la elaboración de dos propuestas de resolución y dos casos prácticos obligatorios".

La formación obligatoria termina ahí, pero existe además un conjunto de actividades formativas sobre la materia. Según el CGPJ, "en los últimos cinco años se han llevado a cabo cerca de 200 actividades relacionadas con la violencia de género, habiéndose ofertado más de 4.000 plazas a los jueces españoles para profundizar en sus conocimientos sobre esta materia". También existe un curso específico sobre iniciación en la formación en violencia de género, abierto a cualquier profesional que desee cursarlo. En el año 2017 "se celebraron cinco actividades formativas presenciales sobre materias de igualdad, trata y violencia de género" y en cada una participan una treintena de miembros de la carrera judicial, "lo que supone que un total de 150 jueces o magistrados recibieron directamente esta formación el año pasado". Para este año, confirma el organismo, hay otras cinco actividades en el programa.

Por otra parte, "en los últimos años se están introduciendo ponencias con carácter transversal en un total de 50 actividades del Plan Estatal de Formación Continua, permitiendo así ofrecer formación con perspectiva de género en materia concretas –derecho de familia, delitos penales con componente de género como el sexting o el ciberaboso, delitos sexuales…–", abordando algunas de ellas "la ruptura de estereotipos y prejuicios de género y el enjuiciamiento con perspectiva de género".

Finalmente, el alumnado de la Escuela Judicial, concretamente "los miembros de las últimas dos promociones", asistieron a una "conferencia sobre la materia durante su formación", siendo esta actividad, para la próxima promoción, ampliada y convertida en un seminario de varios días "dirigido a formar en el enjuiciamiento con perspectiva de género".

Perspectiva de género transversal, obligatoria y continua

Las juezas consultadas por infoLibre, no obstante, estiman insuficiente la formación optativa, los cursos online y las conferencias complementarias. Creen que, por el contrario, la formación desde una perspectiva de género debe ser continua y obligatoria desde las facultades hasta el ejercicio de la profesión, cualquiera que sea el órgano judicial desde el que se ejerza. 

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, entiende que "el problema de fondo es el machismo estructural", que empieza "por el colegio y continúa en las facultades". Precisamente en las aulas donde se imparte Derecho, dice, "no hay ninguna asignatura que esté destinada a analizar cuál ha sido la situación jurídica de las mujeres en el país". Para Gonzalo, "desconocer esta situación significa que difícilmente vas a entender por qué un hombre se cree dueño de una mujer". Este tipo de formación tiene que estar, como primer paso, presente en todas las facultades. En la oposición, continúa la jurista, "todos los temarios tienen que incluir un análisis con perspectiva de género" y también "el sistema de acceso a la carrera judicial tiene que ser revisado". En este sentido, apuesta por evitar la memoria en virtud del análisis. "Las leyes están todas escritas, el alumnado no tiene por qué aprendérselas" y, sin embargo, la perspectiva de género "no se puede limitar a tres clases" y debe ser demostrada en el acceso a la profesión.

Gonzalo pone un ejemplo. "En Derecho Urbanístico, sería interesante ver cómo el urbanismo no tiene una perspectiva de género", es decir, cómo las ciudades están hechas por y para hombres adultos y con poder adquisitivo. Se trata, añade la experta, de "cuestionar todo lo que siempre nos hemos cuestionado las feministas"  e "integrar y normalizar" esa óptica sin que quede "limitada a un curso al año". 

También Marisa Fernández, miembro de la organización Dones Juristes, entiende insuficiente el "cursillo online de muy pocas horas" que cursan los titulares de los juzgados de violencia de género. Fernández recuerda que el mismo Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) recomendó en 2017 una mayor formación para los jueces. El organismo reprochó tanto "el carácter voluntario de la formación continua" como "la falta de referencia" respecto a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dentro de los módulos formativos. La propia ONU criticó este miércoles la sentencia de La Manada y el Parlamento Europeo acogió el mismo día un debate sobre la formación de género en el sistema judicial, concluyendo que "hace falta más capacitación para los profesionales".

El Derecho, sostiene la jurista, "está impregnado de una estructura muy patriarcal" y es urgente "salir de ahí hacia una justicia más dúctil", es decir, "una justicia feminista en la que todo el mundo quepa". En este sentido, Fernández critica que se hable de "modificar las leyes como si tuviera efectos mágicos", e insiste en poner el foco en la aplicación de las normas. La jurista observa, en base a su experiencia, que la formación voluntaria tiende a ser adquirida por quienes desean "tener méritos, por inquietudes personales o porque suma horas de trabajo". Pero además, critica, llega tarde. También ella cree que son las universidades quienes deben sentar las bases formativas, "no con una asignatura de género, que no sirve, sino a través de una perspectiva que debería atravesar, ser transversal". A su juicio, el fondo del asunto es "cuestión de esfuerzo y de recursos, porque los programas de formación continuada que no tienen efectos a corto plazo, requieren de mucho esfuerzo y recursos".

El mismo análisis lo comparte la magistrada Carla Vallejo, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España. En primer lugar, critica, "no existe en el temario de oposición ni en las prácticas tuteladas de la Escuela Judicial una formación específica con perspectiva de género". Es necesario, por ello, que se introduzca desde este primer escalón "como criterio interpretativo" a través de una "formación continua que debe responder a una planificación concreta". Los cursos voluntarios, no obligatorios, coincide, finalmente son sólo recibidos "por los más concienciados".

Vallejo recuerda que el artículo cuarto de la Ley de Igualdad de 2007 establece que "la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas". En base a ello, cabe señalar que la perspectiva de género "lo cruza todo y debe ser aplicada en todos los órdenes jurídicos". Integrar este tipo de mirada en el criterio interpretativo y de aplicación de las leyes, continúa, requiere "de un conocimiento profundo primero de qué es la perspectiva de género, qué son los prejuicios, los estereotipos, qué efectos producen y cuáles son".

Por ello, es fundamental el "reconocimiento como principio informador de la perspectiva de género, conocer dónde está recogida, por qué es obligatoria, qué tratados internacionales la reconocen, cuál es la concepción de igualdad material y por supuesto sus utilidades prácticas, incluso estudiando cuáles son sus efectos y qué tipos de resoluciones judiciales se dictan cuando esa perspectiva no existe". 

Equipo multidisciplinar

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Surge en este punto una cuestión clave. ¿Quién debe responsabilizarse de impartir este tipo de formación? Altamira Gonzalo, que ha participado en cursos específicos en materia de género dirigidos a jueces y magistrados, estima que los docentes tienen que ser "no solamente asociaciones de mujeres, sino personas con la garantía suficiente de transmitir aquello a lo que se dedica la formación", es decir, capaces de "asegurar que se va a enseñar a aplicar las leyes con perspectiva de género".

Carla Vallejo entiende que la formación debe ser responsabilidad de "equipos multidisciplinares", es decir, "juristas con una formación específica en perspectiva de género pero también profesionales" de otros sectores. Recuerda, la magistrada, la carta emitida por más de 1.800 psicólogos y psiquiatras sobre la sentencia de La Manada, sobre la reacción de la víctima y sobre el concepto de consentimiento. En este caso, advierte Vallejo, "es interesante el análisis desde la psicología y la psiquiatría respecto a la credibilidad del testimonio", porque ahí también "hay prejuicios ligados al género que tienen que ver con cómo a veces valoramos una declaración como creíble partiendo de una idea preconcebida".

Vallejo cita, entre los modelos que pueden servir de inspiración, a países como México, que "a pesar del problema de base real que tiene, cuenta con una literatura y unas resoluciones muy avanzadas", de modo que se podría "tomar ejemplo a título académico, doctrinal y jurisprudencial, de los países de América Latina". Altamira Gonzalo, por su parte, pone la vista sobre los países nórdicos, "tradicionalmente mucho más avanzados en esto".