El candidato del PP, Mariano Rajoy, es ahora mismo el aspirante con más opciones de revalidar su cargo y volver a ser presidente del Gobierno. Pero, en caso de resultar elegido, el panorama que tendría ante sí sería radicalmente diferente al que vivió durante la X Legislatura, en la que el rodillo de la mayoría absoluta conservadora le sirvió para aprobar multitud de leyes con el único apoyo de su partido y el rechazo frontal del resto de fuerzas de la cámara. La fragmentación del Congreso sería un freno para algunas de las propuestas de Rajoy, y además la oposición tendría opciones de sacar adelante medidas pese al rechazo del Gobierno, en un juego de mayorías que se antoja clave en esta legislatura.
El único precedente que existe de un Congreso con cuatro fuerzas potentes es precisamente el de la corta legislatura anterior, la que vio cómo Podemos y Ciudadanos accedían al parlamento con 69 y 40 escaños, respectivamente. A excepción de ese periodo fallido, la tónica habitual ha sido de mayorías absolutas y los casos más sonados en los que un Gobierno ha tenido que pactar para sacar adelante sus propuestas han sido el del último Ejecutivo de Felipe González (que entre 1993 y 1996 firmó un acuerdo con CiU, que al no aprobar los presupuestos de 1996 provocó la convocatoria de elecciones) y el del primero de José María Aznar (en 1996 firmó con CiU el Pacto del Majestic y también recabó el apoyo del PNV).
De igual forma, José Luis Rodríguez Zapatero tampoco consiguió en ninguno de sus dos Gobiernos la mayoría absoluta, por lo que tuvo que hacer uso de la "geometría variable" para sacar adelante sus medidas, pactando a veces con los nacionalistas de derechas –fundamentalmente CiU y PNV– y a veces con la izquierda –ERC, IU, ICV o CHA–. De esta manera, el presidente socialista pudo por ejemplo sacar adelante su plan de recortes en 2010 gracias a la abstención de CiU, un grupo con varios diputados que se opusieron, por el contrario, a una ley de matrimonio homosexual que Zapatero aprobó gracias al apoyo de IU, ERC o PNV.
Pero la situación de Rajoy es mucho más precaria, porque sus 137 escaños están mucho más lejos –a 39 actas– de la mayoría absoluta. Por eso la propuesta que entregó este miércoles al resto de los grupos define una serie de propuestas programáticas para establecer un Gobierno estable que no tenga que negociar cada votación por separado. No obstante, parece complicado que el resto de fuerzas –y fundamentalmente PSOE y Ciudadanos, a los que Rajoy quiere como socios– apoyen este programa y firmen un pacto de legislatura estable, dado que les obliga a renunciar al núcleo de sus propuestas.
Los Presupuestos, primera prueba del fuego
Lo que sí que ha anunciado Ciudadanos es que se abstendrá para que Rajoy sea elegido presidente. Si el candidato del PP consigue finalmente el resto de apoyos para ser investido, tendrá que negociar individualmente los apoyos para cada ley, y eso incluye los Presupuestos Generales del Estado, la herramienta fundamental con la que cuenta el Gobierno para llevar a cabo sus políticas. Pese a que en su programa electoral el PP no hace mención a nuevos recortes del gasto público, Rajoy se comprometió por carta con la Comisión Europea a hacerlos si fuera necesario para alcanzar el objetivo de déficit impuesto para este año, que el Gobierno se niega a renegociar.
En este sentido, de los otros tres grandes partidos, únicamente Ciudadanos es partidario de tratar de cumplir con Bruselas el objetivo de déficit fijado en el 3,6%. Suponiendo que los de Albert Rivera apoyasen las cuentas del Gobierno del PP, éste también tendría que obtener el apoyo o la abstención de otras fuerzas políticas, si bien los Presupuestos Generales del Estado, al tener carácter de ley común, no requieren de una mayoría absoluta para ser aprobados, con lo que al Ejecutivo le valdría con que no hubiera más votos en contra que a favor.
Lo mismo ocurriría con algunas de sus medidas a nivel fiscal. El programa de mínimos presentado por Rajoy a los partidos establece, por ejemplo, una rebaja de dos puntos en todos los tramos de IRPF, una reforma que se uniría a la de otras figuras impositivas, como la implantación de una tasa específica para financiar las pensiones. Para modificar los impuestos el Gobierno podría utilizar, como ya ha hecho en otras ocasiones, reales decretos, que permiten al Ejecutivo que una medida se ponga en marcha sin la aprobación del Congreso.
Pero esas decisiones tendrían que ser ratificadas en un plazo máximo de un mes por el Parlamento, y el resto de los grandes partidos no parecen muy dispuestos a seguir las recetas fiscales del PP. Ciudadanos retiró de su último programa electoral la reducción de impuestos que proponía para poder cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, mientras que el PSOE ha asegurado en varias ocasiones que no es realista querer bajar los impuestos y mantener los servicios públicos. Unidos Podemos, por su parte, promulga todo lo contrario: una subida de los tipos del IRPF para las rentas más altas. Sumados, los votos de los tres partidos suman 188 diputados, por lo que tienen la mayoría absoluta para rechazar la reforma.
Los conservadores, por el contrario, sí que podrían obtener apoyos si planteasen que "la ampliación de prestaciones" en el ámbito de las pensiones "sea financiada por el presupuesto del Estado", tal y como recoge su conjunto de propuestas. El PSOE planteó durante la campaña establecer una tasa específica para financiar el sistema de pensiones, y Unidos Podemos se mostró favorable a ello, por lo que esa reforma podría salir adelante con los votos de las tres formaciones.
El PP, no obstante, lo tendría mucho más complicado para poner en práctica otras de las reformas concretas especificadas en su pacto, como son la reforma de la ley electoral para que, a nivel local, gobierne siempre la lista más votada. Esta cuestión está regulada a través de una ley orgánica, por lo que al presidente del Gobierno le haría falta conseguir al menos el apoyo de 176 parlamentarios. PSOE y Unidos Podemos, pese a que plantean una reforma de la ley electoral, rechazan de plano la opción del PP, y la propuesta de Ciudadanos tampoco va en esa línea. No obstante, aunque el PP obtuviera el apoyo del partido de Albert Rivera, tampoco sería suficiente, ya que juntos los dos partidos sólo suman 169 actas, por lo que les haría falta el apoyo de otros partidos.
La ley mordaza, el decretazo sanitario o la Lomce
La falta de mayorías absolutas también podría facilitar que la oposición aprobase por su cuenta leyes en el Congreso sin contar con el PP e, incluso, que derogasen algunas de las normas más polémicas aprobadas por los conservadores durante la X Legislatura. Así podría ocurrir, por ejemplo, con la polémica ley mordaza, que cuenta con carácter de ley orgánica, por lo que sería necesaria mayoría absoluta para su modificación: PSOE y Podemos apuestan por su derogación íntegra, y Ciudadanos por reformar algunos artículos. No obstante, salvo el PP, todos los grupos están en contra de la norma en su actual redacción, como quedó claro la anterior legislatura, cuando la Comisión de Interior del Congreso pidió por escrito al Gobierno su derogación.
También está en el punto de mira la Lomce, que al afectar a un derecho como la educación también tiene carácter de ley orgánica, por lo que es necesaria la mayoría absoluta para modificarla. De nuevo, PSOE y Podemos coinciden en que es necesario derogar la norma, pero en este sentido Ciudadanos plantea avanzar hacia "un pacto nacional" por la educación y no concreta si su intención es la derogación de la ley; durante la pasada legislatura, de hecho, el Congreso aprobó una proposición de ley de los socialistas para paralizar el calendario de implantación de la Lomce, y el partido de Albert Rivera se abstuvo.
De esta forma, PSOE y Podemos tendrían que sumar a sus votos, al menos, los de ERC, PNV y CDC, que en abril sí se mostraron partidarios de derogar la norma. Posteriormente, las formaciones tendrían que ponerse de acuerdo para elaborar un nuevo proyecto, y sus propuestas son dispares en algunos puntos: Unidos Podemos, por ejemplo, plantea acabar gradualmente con los conciertos educativos, mientras que el PSOE y Ciudadanos son proclives a mantenerlos.
Otro punto de diferencia entre Ciudadanos y las dos formaciones de izquierdas es su posición sobre la universalidad de la atención sanitaria pública. El partido de Albert Rivera no es partidario de que el Sistema Nacional de Salud atienda a los inmigrantes irregulares, mientras que Unidos Podemos y el PSOE quieren volver a la situación anterior a 2012 y devolver la tarjeta sanitaria a este colectivo. Por ello, la situación se repite: si estas dos fuerzas quieren derogar el decreto con el que el Gobierno impuso el recorte en sanidad, tendrán que contar con el apoyo de algunos de los nacionalistas para tener únicamente mayoría simple, ya que el decreto modificó leyes ordinarias. En 2012, PNV, CiU y ERC se opusieron en el Congreso a este recorte.
Lo que sí parece mucho más sencillo de modificar es el polémico IVA cultural, que en 2012 el Gobierno elevó hasta el 21% entre las protestas de todo el sector. Ahí, la coincidencia entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos es total, ya que las tres fuerzas plantean que los productos culturales pasen de estar gravados al tipo reducido del 10%, por lo que su mayoría absoluta de 188 diputados serviría sobradamente para modificar la Ley 37/1992 del IVA, que además, al ser una norma ordinaria, no necesitaría de mayoría absoluta para ser cambiada.
La ley electoral y la reforma laboral
Las reformas de la ley electoral y la legislación laboral, por el contrario, supondrán dos problemas para la oposición, ya que Unidos Podemos, Ciudadanos y el PSOE están de acuerdo en modificar ambas normas, pero no se ponen de acuerdo sobre las leyes que deben sustituirlas. En el primer caso, hay varias propuestas para la modificación de la ley electoral. La de Podemos es la que menos opciones tiene, ya que implica que la circunscripción provincial pase a ser autonómica para favorecer la proporcionalidad, lo que necesitaría una reforma de la Constitución que necesita de mayoría de tres quintos en ambas cámaras. Como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, no parece probable que esta opción salga adelante.
El PSOE, por su parte, también plantea la necesidad de modificar "la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General" para cambiar el sistema electoral. Únicamente cambiando la segunda norma, que necesitaría de mayoría absoluta, los socialistas proponen un sistema de listas desbloqueadas y, de manera genérica, "mejorar la proporcionalidad". El problema es que el planteamiento de Ciudadanos es completamente diferente, ya que también plantean una reforma constitucional para cambiar el sistema de circunscripciones y, además, su iniciativa contempla "un sistema electoral de doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente".
Qué margen tiene el PP para torpedear las propuestas de la oposición en el Congreso
De igual forma, la legislación laboral que plantean estos tres partidos es muy diferente entre sí. Unidos Podemos y el PSOE coinciden en la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012, aunque la coalición liderada por Pablo Iglesias también quiere deshacerse de la de 2010 para volver, entre otras cosas, a una indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Ciudadanos, por su parte, propone un modelo de contrato único, muy diferente al de las otras dos formaciones. Por tanto, si los dos partidos de izquierda se pusieran de acuerdo al menos en derogar la última reforma laboral necesitarían mayoría simple, que podrían conseguir o bien con la abstención del partido naranja, o bien con el apoyo de formaciones como ERC y PNV. Esa suma, no obstante, no les serviría si todo el resto de la Cámara Baja votase en contra.
Por el contrario, la dación en pago, una de las medidas más reclamadas por los colectivos antidesahucios para las familias desalojadas de sus viviendas, tiene opciones de prosperar pese al rechazo del PP, ya que Unidos Podemos, el PSOE y Ciudadanos la llevan en sus programas y entre los tres suman mayoría absoluta. Más complicada es la prohibición de los desahucios para las familias que no puedan hacer frente a los pagos de sus hipotecas, ya que el partido naranja no incluye esta medida en su programa. Unidos Podemos y el PSOE, de esta forma, tendrían que obtener el apoyo o la abstención de partidos como el PNV, ERC o CDC, si bien las formaciones catalanas ya aprobaron por unanimidad en el Parlament un paquete de medidas antidesahucios que incluye esta prohibición para familias en riesgo de exclusión.
En materia de regeneración democrática también puede haber entendimiento entre los partidos de la eventual oposición. Un ejemplo simbólico es el de los aforamientos, que podrían verse drásticamente reducidos –como plantean PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos– pese a que el PP se opusiera. Los tres partidos proponen que esta figura únicamente se aplique a los altos cargos en el ejercicio de sus funciones, por lo que los presuntos delitos cometidos fuera de este ámbito serían juzgados por tribunales ordinarios y no por el Supremo.
El candidato del PP, Mariano Rajoy, es ahora mismo el aspirante con más opciones de revalidar su cargo y volver a ser presidente del Gobierno. Pero, en caso de resultar elegido, el panorama que tendría ante sí sería radicalmente diferente al que vivió durante la X Legislatura, en la que el rodillo de la mayoría absoluta conservadora le sirvió para aprobar multitud de leyes con el único apoyo de su partido y el rechazo frontal del resto de fuerzas de la cámara. La fragmentación del Congreso sería un freno para algunas de las propuestas de Rajoy, y además la oposición tendría opciones de sacar adelante medidas pese al rechazo del Gobierno, en un juego de mayorías que se antoja clave en esta legislatura.