La Vicepresidencia segunda, en estrecha colaboración con el Ministerio de Consumo, ultima los detalles para reunir en los próximos días a los representantes de las asociaciones de consumidores y a las principales empresas de distribución que operan en España. El objetivo es que se comprometan voluntariamente a limitar los precios de algunos productos básicos en plena crisis inflacionaria.
No se trata, como la derecha política y mediática han tratado de hacer ver desde que la ministra Yolanda Díaz anunció la iniciativa era una entrevista en elDiario.es, de fijar precios por ley. Lo que busca la titular de Trabajo es aplicar en España lo mismo que el conservador Nicolas Sarkozy ensayó en Francia en durante la crisis de precios que sufrió su país en 2011.
La iniciativa francesa, que se puede consultar aquí, bautizada Le Panier des essentiels, la cesta de los productos básicos, se hizo realidad el 6 de abril de 2011 mediante un acuerdo firmado por el Gobierno galo con los principales representantes de las grandes superficies.
Las grandes superficies que operan en Francia se comprometieron a ofrecer a los consumidores en sus tiendas una selección semanal de productos alimenticios de calidad a precios atractivos. No hizo falta ninguna clase de intervención administrativa de los precios. El modelo francés se basaba en seleccionar un conjunto de productos básicos con el fin de fomentar una alimentación variada y equilibrada de calidad en un contexto de volatilidad de precios.
En aquella ocasión, el secretario de Estado francés de Consumo, Frédéric Lefebvre, señaló que se trataba de acompañar al consumidor a descubrir o redescubrir la calidad de los precios atractivos con el fin de “tomar conciencia colectiva de la importancia de mejorar los hábitos de consumo” haciéndolos más respetuosos, sostenibles y equilibrados.
Aquella cesta de la compra incluía un mínimo de 10 productos entre los que debía haber al menos una fruta, una legumbre, una pieza de carne, una pieza de pescado, una pieza de queso o un producto lácteo y una bebida. Las grandes superficies que firmaron el acuerdo, entre las que están algunas de las más conocidas en España, se comprometieron a seleccionar los precios más atractivos para esa cesta. Y a renovar la mayoría de estos productos de manera semanal, así como a establecer un mecanismo de revisión periódica del sistema con participación de los consumidores.
La cesta de la compra de productos básicos que ofreció Carrefour en 232 hipermercados incluía por menos de 10 euros patatas, zanahorias, calabacines, naranjas, zumo de naranja, dos piezas de carne de origen francés, un kilo de pescado (panga), una barra de pan y un queso blanco.
Márgenes enormes
La parte socialista del Gobierno no se ha opuesto a la iniciativa en la medida en que no supone intervención alguna de los precios —las supuestas declaraciones en contra del ministro de Agricultura, Miguel Planas, formaban parte en realidad de una entrevista publicada días antes—. Para lanzarla, Díaz parte de la constatación de que, según cifras de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), algunos de estos productos se están vendiendo estos días un un incremento de precio de entre el 300 y el 800% en relación con lo que reciben los agricultores y ganaderos.
Es un fenómeno que el Gobierno se propuso corregir con la aprobación de la nueva ley de cadena alimentaria pero que, según las asociaciones agrarias, todavía está lejos de conseguir su objetivo. Ese será precisamente uno de los argumentos que pondrá Díaz encima de la mesa cuando se siente a hablar con las grandes distribuidoras, según fuentes der su departamento consultabas por infoLibre. El margen de estas empresas es lo suficientemente amplio como para ofrecer mejores precios artículos básicos y seguir teniendo márgenes por encima del 100%.
Las mismas fuentes subrayan que la fórmula de un acuerdo es mucho más práctica que otras que se han puesto encima de la mesa estos días. Incluida la idea de Unidas Podemos de aprobar un impuesto sobre las grandes distribuidoras, que creen tardaría demasiado tiempo en ser efectivo. En cambio, un pacto como el que se alcanzó en Francia tiene la ventaja de que puede ofrecer soluciones rápidamente, incluso antes de que finalice el año. Así las familias se podrían ver beneficiadas ahora que es cuando sufren las consecuencias de la inflación cada vez que hace la compra.
Díaz cuenta con el respaldo de la líder de Podemos, Ione Belarra. Aunque ella defiende que, en caso de no haya acuerdo con las distribuidoras, el Ejecutivo impulse algún mecanismo obligatorio para fijar precios.
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Limitar por ley los precios de los alimentos básicos es, según las fuentes consultadas por infoLibre, incompatible con las normas que rigen el mercado único de la Unión Europea. No obstante, ningún economista se atreve a vaticinar que eso no pueda cambiar en el futuro, a la vista de las situaciones de emergencia que pueden producirse en los próximos meses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Fijar precios máximos para bienes de primera necesidad como las mascarillas o el gas también estaba en su momento fuera de las normas, pero se abrió camino gracias a la pandemia o a la crisis energética.
Una excepción es la Hungría de Viktor Orbán, un país que ya lleva tiempo en el punto de mira de Bruselas por el incumplimiento de las normas comunes y que ha limitado el precio de media docena de productos de alimentación básicos: el azúcar blanquilla, la harina de trigo, el aceite de girasol, las piernas de cerdo, los filetes de pollo y la leche semidesnatada. Esta decisión devolvió por ley el nivel máximo de los precios a los preexistentes en octubre de 2021.
En España están regulados algunos precios en los ámbitos de la energía, la telefonía, los medicamentos y los productos sanitarios y las tasas de las universiddes. Pero no los alimentos.
La Vicepresidencia segunda, en estrecha colaboración con el Ministerio de Consumo, ultima los detalles para reunir en los próximos días a los representantes de las asociaciones de consumidores y a las principales empresas de distribución que operan en España. El objetivo es que se comprometan voluntariamente a limitar los precios de algunos productos básicos en plena crisis inflacionaria.