Así es el 'plan B' de España contra el alza de la luz: ayudas a las centrales que se compensan en la factura

La semana pasada, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, tenía un plan, un plan A, para arreglar un mercado eléctrico roto. Fue analizado en este artículo. Ante la falta de soluciones estructurales por parte de Bruselas para evitar que el alto precio del gas contagie a toda la generación eléctrica del continente, España defendió una solución rápida, un parche para tomar en consenso con todos los países de la Unión Europea o cada uno por su cuenta si no había más remedio. La propuesta, sin embargo, se desechó hace unos días. Y el plan B, según confirman fuentes del Gobierno, coge fuerza y será el que el presidente, Pedro Sánchez, pelee en el Consejo Europeo que arranca este jueves.

El plan A consistía en un tope a las ofertas que las distintas generaciones de electricidad presentan en la subasta diaria del mercado mayorista: 180 euros el MWh. En teoría, las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas y a las que les puede costar más de 180 euros cada MWh, serían compensadas aparte en el mercado de restricciones técnicas, pero sin hacer que hidroeléctricas, nucleares o renovables cobraran tal cantidad de dinero. Sin embargo, se planteaban varios interrogantes sin resolver, dudas que comparte la Comisión Europea en su comunicación de este mismo miércoles, como la posibilidad de que los embalses se vaciaran de repente por la posibilidad de recibir ese dinero en casi todas las horas, ante la ausencia de otra tecnología que marcase el precio.

Finalmente, fue descartado por Ribera, que estaba en conversaciones con Portugal para elevar una propuesta conjunta, dado que comparten mercado. Poco a poco fue haciéndose hueco un plan B. Ya lo anticipó la ministra este martes al término del Consejo de Ministros y lo habló con las principales eléctricas ese mismo día. En vez de poner un límite al mercado mayorista de la electricidad, el Estado puede poner un límite a las ofertas de las centrales de ciclo combinado.

En la práctica, se trata de un mecanismo muy parecido: al limitar, ya sea mediante un tope a todo el sistema (plan A) o solo al gas (plan B) las ofertas que pueden hacer estas tecnologías, baja automáticamente el resultado de la subasta: es decir, lo que perciben otras generadoras y lo que, directa o indirectamente, acaba abonando el consumidor. Sin embargo, ambos modelos cuentan con la misma contraparte: ¿cómo se compensa a las instalaciones que tienen que pagar por el combustible fósil más de lo que se les permite cobrar en el mercado?

En la opción descartada la semana pasada se abría la posibilidad de que las centrales de gas fueran retribuidas en el mercado de capacidades técnicas: básicamente, abonándoles todo lo que pidieran. En este plan B, esa opción desaparece, pero se puede compensar la diferencia entre sus costes y sus ganancias mediante una ayuda directa, cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o mediante la vuelta del déficit de tarifa: no pagarles nada ahora, que produzcan a pérdidas, bajo la promesa de pagarles en el futuro.

Sin embargo, el Gobierno prefiere pagarles mediante un recargo en la factura de todos los consumidores. No hay nada descartado, pero esta es la opción con más posibilidades. Las fuentes consultadas insisten en que, aunque parezca contraintuitivo, este extra en el recibo no hará pagar más, sino menos, porque la ayuda a las centrales de ciclo combinado para compensar sus costes hace bajar drásticamente el precio del MWh y, por lo tanto, de la misma factura.

Es una propuesta similar a la que explicó para infoLibre el experto en mercados energéticos Xavier Cugat: una subvención falsa para, a cambio de un empujón a las centrales de gas para cubrir sus costes, sacarlas de facto del mercado, evitando que otras tecnologías reciban los beneficios caídos del cielo y destensando el sistema entero. "Es una perversión del sistema marginalista, pero sin cambiarlo", explicaba por entonces el especialista.

En la comunicación publicada durante la mañana de este miércoles, la Comisión Europea admitía que esta es una de las opciones para desacoplar rápidamente el gas de la electricidad. Sin embargo, no se moja. Bruselas ha decidido que sean los Estados miembro quienes intenten llegar a un acuerdo, sin imponer o tan siquiera inclinarse por una alternativa. El Ejecutivo comunitario asegura, además, que esta opción cuenta con varios peligros. "Si se introduce a un nivel nacional, podría distorsionar el flujo de electricidad", por las interconexiones, con otros países miembro de la UE si se toma de manera unilateral, o con otros fuera del club comunitario, como Marruecos, si se asume por consenso.

Las decisiones por las cuales un país importa electricidad de otro país o la exporta son también de mercado. Si en Francia el pool marca un precio más bajo, exporta luz a España; y si las renovables tiran el resultado de la subasta en nuestro país, se la mandamos a los vecinos galos. Así, Bruselas advierte que las exportaciones masivas de un miembro que decida abaratar el mercado mayorista de repente podrían poner en riesgo la "seguridad de suministro", es decir, abrirían la puerta a que la demanda no se cubriera y que se produjeran apagones.

A pesar de lo publicado en diversos medios, este "plan B" no es el mismo que propusieron las grandes compañías eléctricas, que han divulgado sus posicionamientos off the record y a través de Aelec, una de las organizaciones patronales, que representa a tres de las grandes: Endesa, Iberdrola y EDP. La asociación lleva semanas defendiendo limitar el precio del gas, pero no en el mercado eléctrico, sino en el propio mercado del gas: es decir, poniendo un tope a lo que las compañías pagan por el combustible fósil para traerlo de Argelia vía gasoducto o vía metaneros desde otros países más lejanos, y compensando la diferencia mediante los fondos europeos. Así, defienden, bajaría no solo el precio de la electricidad, sino también el de la gran industria y el de la calefacción de la mayoría de los consumidores domésticos.

La Comisión Europea también baraja esta alternativa, pero también cuenta con otros peligros, asegura en su último pronunciamiento. Para empezar, considera que es imposible adoptar esta medida de manera unilateral. Y en segundo lugar, "si el tope es demasiado bajo, podría ser difícil atraer más gas a Europa. Podría incentivar, incluso, que las compañías europeas exportaran el gas a países donde los precios son más altos". En un contexto de desenganche energético de Rusia, no es positivo que otros exportadores, como Qatar o Estados Unidos, viren el rumbo de sus metaneros.

En Aelec no está Naturgy, la principal empresa del mercado del gas español. infoLibre ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las distintas opciones sobre la mesa contra la crisis energética, sin éxito.

El otro riesgo principal: la injusticia

Fuentes de la vicepresidencia económica insisten en que, aunque de iure se trata de una ayuda a las eléctricas a cambio de sacar el gas, de facto los consumidores no pagarán más por su factura, sino menos por la bajada del pool. Sin embargo, el riesgo político del relato es real: el socio de Gobierno, Unidas Podemos, lleva meses pidiendo que sean las grandes compañías del "oligopolio" las que carguen con el peso de las medidas.

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El principal método, avalado por Bruselas, para que las energéticas sean las que hagan un "esfuerzo adicional", en palabras de Ribera, contra la crisis es a través de la extracción de los beneficios caídos del cielo. Así lo hizo el Gobierno en septiembre de 2021, quedándose con hasta 2.000 millones de euros de lo que, entendía el Ejecutivo, percibían de más hidroeléctricas, nucleares o renovables al cobrar por un gas que no tenían que comprar, en base al diseño del sistema.

Unidas Podemos aplaudió la iniciativa. Sin embargo, un mes después, Ribera rectificó y libró del hachazo a los contratos bilaterales, establecidos entre generadores y comercializadores, que no tienen por qué integrar los costes del pool. Las eléctricas llevan meses insistiendo en que esos contratos a largo plazo son el 80% del total, por lo que no se están llevando ganancias fuera de las habituales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará, en un informe previsto para abril, si esos "beneficios extraordinarios" existen y cuál es la cuantía.

Bruselas habilitó a los Estados miembro a tomar decisiones en la línea de la ejecutada en septiembre por Ribera. Sin embargo, con limitaciones: los contratos no indexados al sistema mayorista debían quedarse fuera, y no se podía aplicar nada de manera retroactiva. La asunción del plan B implica la renuncia parcial a la minoración, porque el resultado de la subasta caerá y, por lo tanto, los ingresos de la retirada de los "beneficios caídos del cielo" serán menores. Así lo advierte la Comisión Europea en su comunicado de este miércoles; abriendo la puerta a otra fricción en el seno del Ejecutivo de coalición.