El gas está por las nubes. Y en base al funcionamiento del mercado europeo, su coste es el coste de toda la generación eléctrica, aunque haya tecnologías que produzcan por muchísimo menos. España lleva meses diciendo que el sistema es injusto y, después de meses de negativa, la Comisión Europea está dispuesta a escuchar. Pero ya no tenemos tiempo de reformar todo el sistema a tiempo para evitar las peores consecuencias.
Por lo que en los últimos días ha ganado fuerza una alternativa rápida: poner un tope al gas o al sistema al completo, utilizando herramientas que permite la propia normativa. Las ventajas son varias: los peligros, también. La asociación de comercializadoras lo pidió este martes y Portugal asegura que lo está estudiando junto a España. Han puesto una cifra sobre la mesa: 180 euros el MWh. No es azarosa, es el límite técnico establecido hasta el año pasado, cuando los especialistas pensaban que esos precios en la subasta diaria eran prácticamente imposibles de alcanzar.
"Hay varias opciones", insisten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que siguen sin mojarse. La ministra, Teresa Ribera, aseguró hace unos días en una entrevista para El Periódico de España que lo estudian para elevarlo a Bruselas y que es una alternativa rápida que puede ayudar a calmar un mercado roto, a la espera de una reforma más estructural. Para los expertos consultados, es puro y duro intervencionismo, pero que mantiene la esencia neoliberal del mercado que la Comisión Europea parece tan decidida a mantener. Aun así, son varias las dudas que surgen de un diseño como ese, y ni los más expertos se atreven a pronosticar cómo aterrizaría la letra pequeña.
El mercado eléctrico funciona mediante una casación de la oferta y la demanda. Las distintas generadoras van ofreciendo diversos precios, en base a lo que les cuesta producir la electricidad más el beneficio esperable de una operación empresarial. Y las centrales de ciclo combinado, que a día de hoy generan entre el 20% y el 30% del producto, tienen que comprar gas natural para funcionar, más caro la mayoría de los días que esos 180 euros. Por lo que, en la actualidad y bajo el sistema actual, es imposible que una instalación ofrezca por debajo de su coste: salvando las distancias, es como si el panadero vendiera la barra por menos euros de lo que le cuesta la harina.
Por lo tanto, los esfuerzos para diseñar una alternativa están dirigidos a que las centrales de gas sigan con una mínima rentabilidad de su actividad, pero que lo que cobran no sea lo que cobran las demás y lo que termina pagando el consumidor; los "beneficios caídos del cielo" que llevan generando polémica desde hace años.
Una opción que resuena con fuerza es la utilización del mercado de restricciones técnicas. Este sistema, operado por Red Eléctrica de España (REE), sirve para cuando la oferta no basta para cubrir toda la demanda. En este momento, para evitar apagones, se abre la puerta a que entren tecnologías de última hora que cobrarán, en esencia, lo que pidan. Las centrales de ciclo combinado que superen esos 180 euros de tope podrían entrar mediante esta repesca, cobrando grandes cantidades de dinero por cada MWh pero sin que la eólica, la hidroeléctrica o la nuclear se lleven tanto, disparando la factura.
Suena bien. Pero habría que afinar la propuesta. Y todavía no se dispone de ningún detalle oficial al que agarrarse. "Tampoco es una solución fantástica", opina el especialista en el mercado eléctrico Xavier Cugat. El mercado de restricciones técnicas está pensado para un puñado de MW, no para todas las centrales de gas. Su límite diario de precio es de 9.999 euros y, como cobrarán lo que pidan aunque compitan entre ellas, se abre la puerta a sobrerretribuir a esta generación, a cambio de que no contagie a las demás. "Habría que ver si merece la pena", asegura.
El director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco, apunta a otro posible problema: la hidroeléctrica. Al ser una tecnología muy flexible, que puede decidir con rapidez cuándo producir y cuándo ofertar –a diferencia de, por ejemplo, la fotovoltaica–, la salida del gas de la subasta incentiva que estas centrales produzcan a mansalva para cubrir el hueco de las térmicas, aprovecharse de la coyuntura y, por tanto, vaciar los embalses en tiempos de sequía para cobrar esos 180 euros.
Bajo el sistema actual, asegura Fresco, todas las tecnologías están obligadas a ofertar. "Pensarán: si voy a ganar siempre 180 euros por megavatio-hora, pues ahora que está a 180 ahora lo vendo todo ahora. Tendríamos que pensar cómo limitamos que el agua se desembalse y se turbine", es decir, cambiar las reglas de juego para esta generación también. Es una duda que también expresó para este artículo el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez. Cugat no lo tiene tan claro: "No sé si habría un interés tan claro de las eléctricas para desembalsar. Todo es bastante especulativo, porque no hay una propuesta definida", explica.
Otra opción, también estudiada por el Gobierno, es subvencionar directamente a las centrales de ciclo combinado, para compensarles la diferencia entre los costes de producción, mayores de 180 euros el MWh, y lo que cobrarían en el pool bajo este tope. Más dudas y escepticismo. "Tendría sentido si tenemos un sistema de control mediante el que podamos asegurar que el que se pase será multado". Es decir: si mediante Presupuestos el Estado ayuda al gas, ¿quién asegura que la compañía no exagera sus costes para ganar más? "Tenemos que asegurarnos que no estamos haciendo pan como unas tortas".
"Tirar de Presupuestos no me parece una idea muy correcta: es subvencionar la electricidad", opina Cugat. "Soy más partidario de meterlo en la factura": una ayuda al gas que abonen los consumidores a cambio de los grandes descuentos que conllevaría el tope de 180 euros con respecto a los precios actuales. Y que se pague ahora o en el futuro: el llamado "déficit de tarifa", que permite disfrutar de una rápida y contundente bajada, pero que puede ser hambre para mañana. En todo caso: "Una subvención pura y dura tiene un problema: se disparan los costes. ¿Qué pasa si el mercado no baja y no podemos aguantar y no hay más dinero?", se pregunta.
Una propuesta alternativa: la 'subvención falsa'
Europa estudia cómo contener un mercado eléctrico roto tras meses negando la urgencia
El especialista tiene una propuesta alternativa para trampear el sistema marginalista y aplicar una subvención falsa al gas, que haga pagar más al consumidor a cambio de una rebaja mucho más contundente. Cugat defiende que se puede obligar al gas a hacer una oferta mucho más baja que las que hacen actualmente: por ejemplo, de 100 euros el MWh. Así, el mercado marca 100, porque es la tecnología que marca el precio de todas las demás.
¿Pero cómo compensar a las centrales de ciclo combinado, a las que el gas le cuesta mucho más de 100 euros el MWh? Si les cuesta 200, la diferencia entre lo percibido y lo ofertado puede dividirse entre todas las comercializadoras, que participan en el sistema para hacer llegar la energía al consumidor final. Esa diferencia de 100 euros sería dividida entre las empresas que firman los contratos con los suministros de cada hogar y empresa; todos pagaríamos esa ayuda a las centrales de ciclo combinado, pero a cambio de un mercado que solo marca 100 euros, con las obvias ventajas que conlleva. El pequeño empujón al gas sería compensado de sobra.
"Es una perversión del sistema marginalista, pero sin cambiarlo", asegura el especialista. Reconoce que no ha estudiado a fondo los detalles, que habría que hacer un gran esfuerzo para reglamentar el modelo y que no sabe si se adapta a las directivas europeas. Pero algo está claro: ante la emergencia, la imaginación es bienvenida. Y el business as usual ya no vale. En principio, Ribera esperará al Consejo Europeo de la semana que viene para actuar: pero la posibilidad de una actuación fuera de los márgenes europeos no se descarta.
El gas está por las nubes. Y en base al funcionamiento del mercado europeo, su coste es el coste de toda la generación eléctrica, aunque haya tecnologías que produzcan por muchísimo menos. España lleva meses diciendo que el sistema es injusto y, después de meses de negativa, la Comisión Europea está dispuesta a escuchar. Pero ya no tenemos tiempo de reformar todo el sistema a tiempo para evitar las peores consecuencias.