“Durante año y medio”, según el president de la Generalitat, Quim Torra, el independentismo ha vivido “una etapa reactiva”, “tensionado” y “presionado” por las peripecias judiciales de sus dirigentes. Pero eso “se ha acabado”. Ahora “tenemos una sentencia, una respuesta de España a lo que España considera que es la democracia”, afirmó ante un grupo de periodistas de medios internacionales tras la semanal reunión del Consell. “Y empieza una nueva etapa, una nueva etapa propositiva en la que tomamos la iniciativa”, en la que su deseo es volver “a poner el ejercicio del derecho a la autodeteminación otra vez en el centro”. Pidiendo al Gobierno de España, subrayó, que vuelva a sentarse en busca de una solución que incluya el derecho a decidir.
El recorrido que esa demanda tenga en las próximas semanas, añadió el president, “lo vamos a ir viendo en las elecciones”. “Vamos a ver cuál es la traslación del impacto emocional”, porque “la sociedad catalana todavía está en pleno shock” por la sentencia del Supremo. ¥ en las europeas de mayo, subrayó, el independentismo rozó el 50%.
Lo que no precisó Torra es si planea tomar alguna iniciativa concreta más allá de insistir en una reunión con Pedro Sánchez. Su gobierno celebró una reunión extraordinaria para “acordar las primeras acciones” que se deben llevar a cabo “de manera inmediata”. La primera y más relevante es el Pleno del Parlamento que se celebrará este jueves a partir de las 10 de la mañana con la comparecencia del president como único punto del orden del día “para informar sobre los últimos acontecimientos de la actualidad política y judicial”. No está previsto votar ninguna resolución y, aunque todo el mundo da por hecho que Torra aprovechará la ocasión para trasladar alguna propuesta, la intención oficial del Govern es exclusivamente que el Parlament sea “el escenario de un debate sobre la sentencia” del Supremo.
En paralelo, la Generalitat ha puesto en marcha una campaña internacional para intentar desacreditar el fallo judicial. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez, movilizado en las últimas horas para trasladar al mundo en general y a la Unión Europea en particular que España es un Estado de Derecho y que la sentencia ha sido dictada con todas las garantías.
Tanto el Parlament como el Govern son muy conscientes de que, después de los últimos requerimientos del Tribunal Constitucional —y de los que previsiblemente se emitirán en los próximos días—, las decisiones que adopten al margen del ordenamiento jurídico español pueden tener consecuencias penales si no impiden o paralizan “cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del tribunal”.
Lo cierto es que, una vez despejada la incógnita sobre el futuro de los procesados, la “nueva etapa” de la que habla Torra está muy condicionada por las expectativas electorales a corto y a medio plazo. La primera cita será el 10 de noviembre, y ahí el independentismo quiere que las condenas dictadas por el Supremo lleven a las urnas más votos independentistas que nunca antes y conservar, de ese modo, la llave de la gobernabilidad en el Congreso.
Pendientes de los tribunales
Pero la mirada la tienen puesta, sobre todo, en lo que pasará después. Y eso implica, sobre todo, a Quim Torra y a Carles Puigdemont. El actual president se enfrenta, el próxmo 18 de noviembre, a un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del que previsiblemente saldrá inhabilitado por haberse negado a cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar del Palau las pancartas en favor de los presos independentistas durante la campaña electoral de la generales de abril. Esa inhabilitación, que seguramente sea firme antes de fin de año, le dejará fuera de juego y obligará al Govern a poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern para sustituirle.
La “condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos” es uno de los supuestos de cese del president previstos en esa ley. Si llega a producirse, la misma norma establece que Torra será sustituido por el vicepresidente, Pere Aragonés (ERC). Pero sólo “interinamente”, mientras el presidente del Parlament, el también republicano Roger Torrent, inicia el procedimiento ordinario para elegir nuevo jefe del Govern. El trámite en Cataluña es idéntico al de España, de manera que si en el plazo de dos meses ningún candidato ha conseguido al menos mayoría simple para ser investido president, se convocarán elecciones automáticamente.
Volver a votar, previsiblemente en los primeros meses del año que viene, es el escenario más probable y también el que hasta hace poco quería Esquerra, deseosa de trasladar al Parlament la hegemonía del espacio independentista de la que hizo gala en las elecciones generales.
No obstante, en su camino se ha cruzado un factor de incertidumbre: liberado de la imputación por rebelión gracias a la sentencia del Supremo, el expresident Carles Puigdemont, huido a Bruselas desde hace casi dos años para evitar ser detenido, acaba de recuperar la condición plena de diputado autonómico de la que había sido suspendido cautelarmente y, sobre todo, su derecho a ser, otra vez, candidato a la Presidencia de la Generalitat.
Esquerra ganó claramente a Junts en las últimas elecciones generales, pero en las europeas la lista encabezada por Puigdemont batió claramente a la candidatura republicana liderada por Oriol Junqueras. Así que la posibilidad de que el expresident vuelva ser el cabeza de cartel del espacio político posconvergente representa una amenaza real para Esquerra y un elemento clave en la batalla por la hegemonía del independentismo, todavía no resuelta, que ambas formaciones sostienen desde el 1 de octubre.
La euroorden
No obstante, el futuro de Puigdemont está también amenazado por la euroorden que acaba de reactivar el juez instructor del caso del procés. El magistrado del Supremo Pablo Llarena reclama su detención por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, dos de los que han servido para condenar a Junqueras y a los miembros del Govern que no huyeron al extranjero. La última vez que la justicia española cursó una euroorden contra el expresident éste estaba en Alemania y la petición tardó cuatro meses en resolverse. Aunque ahora se trata de Bélgica, lo más probable es que la situación de Puigdemont se decida en torno al mes de febrero. Pero tanto si es detenido y entregado a España para ser juzgado como si no, todo indica que conservará su derecho a presentarse a las elecciones catalanas.
Puigdemont puede también intentar de nuevo ser investido cuando Torra sea inhabilitado, pero sólo para volver a acusar a los poderes del Estado de reprimir la voluntad de los catalanes, porque con toda probabilidad el Tribunal Constitucional impedirá su elección en ausencia, como ya ocurrió en enero de 2018.
El más perjudicado, en el caso de que Puigdemont quiera ser el candidato a la Presidencia, puede acabar siendo el expresident Artur Mas, que el próximo 23 de febrero completa su condena de inhabilitación y queda en situación de volver a la política activa. Su nombre lleva meses sonando como posible cabeza de cartel en las próximas elecciones catalanas, que no deberían celebrarse hasta 2021 pero que todo el mundo cree van a tener lugar el año que viene, especialmente si, como parece, el independentismo no es capaz de trenzar una mayoría capaz de sacar adelante unos Presupuestos —los actuales son una prórroga de los de 2017—.
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No obstante, la opción Mas está lejos de ser la preferida por todos en Junts. Para algunos representa la última etapa convergente, la de la disposición a pactar una solución federal dentro de España, algo a todas luces incompatible con las identidad independentista y unlilateralista de buena parte de los actuales dirigentes del partido, elegidos personalmente por Puigdemont y, en materia de soberanía, muy próximos a las posciones radicales de la CUP.
El suyo no es, además, el único nombre que maneja el espacio posconvergente. Algunos de los más citados son Laura Borràs, la actual portavoz de Junts en el Congreso, Àngels Chacón, consellera de Empresa de la Generalitat, y Marc Castells, alcalde de Igualada y presidente de la Diputació de Barcelona.
En Esquerra, en cambio, el escenario se reduce aparentemente a dos nombres. Ya sin Junqueras, que acaba de ser condenado en firme a una pena de inhabilitación de doce años, los dos aspirantes más firmes a ser cabeza de cartel son el actual vicepresidente, Pere Aragonès, y el president del Parlament, Roger Torrent. El primero tiene la confianza del aparato republicano; el segundo goza de más popularidad en las encuestas. El dilema, si llega a plantearse, podría resolverse en unas primarias, aunque nadie duda de que la opinión de Junqueras será clave.
“Durante año y medio”, según el president de la Generalitat, Quim Torra, el independentismo ha vivido “una etapa reactiva”, “tensionado” y “presionado” por las peripecias judiciales de sus dirigentes. Pero eso “se ha acabado”. Ahora “tenemos una sentencia, una respuesta de España a lo que España considera que es la democracia”, afirmó ante un grupo de periodistas de medios internacionales tras la semanal reunión del Consell. “Y empieza una nueva etapa, una nueva etapa propositiva en la que tomamos la iniciativa”, en la que su deseo es volver “a poner el ejercicio del derecho a la autodeteminación otra vez en el centro”. Pidiendo al Gobierno de España, subrayó, que vuelva a sentarse en busca de una solución que incluya el derecho a decidir.