Y, al final, Esperanza Aguirre logró salir del charco de ranas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido este viernes dar carpetazo a la causa que se seguía contra la expresidenta madrileña en el marco de la pieza de Púnica centrada en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. En apenas una veintena de párrafos, el magistrado pone punto y final a tres años de pesquisas centrados en la baronesa conservadora. Lo hace al entender que no puede considerarse "acreditada" su participación en los hechos delictivos, a pesar de los indicios acumulados durante la instrucción. Y sin esperar al exalcalde conservador de Majadahonda Guillermo Ortega, preso tras su condena en el caso Gürtel y que se había comprometido a entregar pruebas que –supuestamente– incriminarían a Aguirre en la financiación ilegal de la formación. Una decisión que, no obstante, puede ser recurrida.
La expresidenta madrileña llevaba tres años investigada en esta pieza separada de la Púnica. El magistrado decidió ponerla bajo la lupa tras la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción. En aquel auto, García Castellón apuntaba que existían "indicios racionales" de que habría sido Aguirre "quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". También que la "supervisión y control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier consejería en sus contratos de publicidad" se habría "centralizado al más alto nivel", bajo la "supervisión" de la presidenta regional. Y que habría existido un plan para que "fuesen los fondos públicos" los que abonasen "gastos" del partido, sus dirigentes o las campañas electorales autonómicas de 2007 o 2011.
Aquella última cuestión se centraba, en concreto, en el uso de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), "elemento nuclear" –en palabras de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– de toda la trama de financiación ilegal. Según el juez, el desvío de fondos se materializaba a través de las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid a dicha fundación, que se mantuvieron incluso después de que una investigación periodística revelase que se había usado para financiar campañas del PP. En estos hechos, el magistrado sostenía en su auto de imputación que jugaron un papel relevante el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez y los dirigentes conservadores Francisco Granados e Ignacio González. Y que Aguirre se "apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones".
Ahora, sin embargo, el magistrado da un giro de ciento ochenta grados. Igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción en el informe que entregó al juez antes del verano, un documento que se negaron a firmar las dos fiscales que más tiempo han llevado el caso, García Castellón sostiene que Aguirre no sabía nada de nada. Una conclusión a la que llega en base a una llamada captada entre la expresidenta regional e Ignacio González en la que la dirigente conservadora afirma: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado". Una conversación que fue captada, además, a comienzos de marzo de 2017, cuando quedaba poco para la detención de un González que ya entonces se sentía vigilado. A pesar de ello, el juez, al igual que el Ministerio Público, pone el audio como elemento exculpatorio.
"Un indicio sólido"
"La llamada anteriormente expuesta pudiera revelar que la misma podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", despacha García Castellón al respecto en el auto que exonera a la exbaronesa conservadora. Es decir, que asegurar en una llamada que podía estar intervenida que no pasaba algo que sí sucedía es una prueba lo suficientemente robusta como para poner sobre la mesa la existencia de desconocimiento. "Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación", completa.
En el auto actual, el magistrado pasa por alto algunos detalles relevantes sobre el papel que jugó la expresidenta madrileña en Fundescam y que, de hecho, utilizó en el momento de su imputación. Porque, desde luego, no era para nada ajena a dicha entidad. En la cuenta bancaria de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid figuraban como autorizadas para manejar los fondos cuatro personas, entre ellas Esperanza Aguirre. Y no era raro que eso fuese así. Al fin y al cabo, la exbaronesa había sido también presidenta de Fundescam, un cargo que dejó en 2010.
La reunión de 2004
A lo largo de la investigación, se ha situado como punto de arranque de dichas irregularidades una reunión celebrada a principios de 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid en la que se presentó a los miembros de su Ejecutivo a un empresario argentino. En aquella reunión, se habrían "dado las instrucciones" a los consejeros madrileños para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing, para llevar a cabo las contrataciones en materia de publicidad y comunicación. Mercado es una figura clave en la investigación sobre la financiación ilegal del PP porque él mismo ha reconocido en sede judicial que cobró parte de los trabajos electorales de 2007 en negro o con facturas falsas endosadas a empresarios de la construcción.
Al menos dos investigados han situado a Aguirre en esa reunión durante la instrucción. Uno de ellos fue Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, si bien en su declaración ante el juez rebajó la presión sobre la expresidenta regional al asegurar que en aquel encuentro no se les dieron "instrucciones precisas" de adjudicar contratos a la firma, tal y como declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino que se les animó a que la tuvieran en cuenta dada la calidad del lema que había diseñado para la Comunidad de Madrid. El otro que situó a Aguirre en la reunión fue el propio Mercado.
Anticorrupción culpa al juez de 'Púnica' de impedir que un testigo clave dé pruebas de la caja B del PP
Nada de ese encuentro figura en el auto de pase a procedimiento abreviado a lo largo del apartado dedicado a la expresidenta madrileña. Así, en una quincena de párrafos, el magistrado apunta que "no ha podido acreditarse" que la dirigente conservadora tuviera conocimiento ni de "la contratación" de los "trabajos" de reputación online ni de su "desarrollo" o la manera de abonarlos. A pesar de que era ella misma beneficiaria de esos trabajos. Y tampoco ve nada raro en el cambio organizativo llevado a cabo para que "todas las contrataciones de publicidad" pasasen por una Dirección General de Medios a cargo de Isabel Gallego, subordinada de Aguirre: "Tampoco constituye un indicio de que hubiese efectuado tal nueva estructura con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimiento de contratación con las mesas de publicidad".
Sin el informe de Ortega
"Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos", concluye el magistrado, quien ha decidido archivar la causa para más de medio centenar de imputados –políticos y empresarios de peso–. De hecho, solo ha procesado a ocho personas: Granados y Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
García Castellón ha decidido, además, dar carpetazo sin esperar al exalcalde conservador de Majadahonda, quien se había comprometido a entregar pruebas que incriminarían a Aguirre en la financiación ilegal. En concreto, Ortega garantizó al instructor que entregaría pruebas de la facturación falsa en Mercado Puerta de Toledo SA, la empresa pública que él mismo había presidido. Para poder dar esa información, el exregidor necesitaba acceder a sus archivos propios, así como revisar facturas. El problema es que no lo pudo hacer dentro del plazo que le había dado el instructor. Principalmente, según denunció hace un mes Anticorrupción, por la "inactividad del juzgado". "No ha facilitado que el mismo haya tenido acceso a su ordenador dentro del centro penitenciario", recogía el documento del Ministerio Público, desvelado por infoLibre. Un escrito que, esta vez sí, contaba con la firma de todos los fiscales del caso.
Y, al final, Esperanza Aguirre logró salir del charco de ranas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido este viernes dar carpetazo a la causa que se seguía contra la expresidenta madrileña en el marco de la pieza de Púnica centrada en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. En apenas una veintena de párrafos, el magistrado pone punto y final a tres años de pesquisas centrados en la baronesa conservadora. Lo hace al entender que no puede considerarse "acreditada" su participación en los hechos delictivos, a pesar de los indicios acumulados durante la instrucción. Y sin esperar al exalcalde conservador de Majadahonda Guillermo Ortega, preso tras su condena en el caso Gürtel y que se había comprometido a entregar pruebas que –supuestamente– incriminarían a Aguirre en la financiación ilegal de la formación. Una decisión que, no obstante, puede ser recurrida.