La dirección del Pedro Sánchez acumula una nueva gotera. Esta vez, a cuenta del pacto antiterrorista que el secretario general firmó con Mariano Rajoy en la Moncloa hace una semana y cuya primera materialización, la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, pasó este martes su primer trámite parlamentario. El malestar ya se venía larvando en los últimos días, pero la ejecutiva se lo encontró de frente durante la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, en la que media docena de diputados –entre ellos, y este no es un dato menor, Eduardo Madina– protestaron por el alcance del acuerdo. Sobre todo, por el hecho de que el partido haya asumido la referencia indirecta a la prisión permanente revisable y por la forma en la que se visualizó la entente, con una foto de los dos líderes en el palacio de la Moncloa. Pero no es el único asunto que ha causado tiranteces dentro del PSOE. También ha irritado a algunos sectores que el secretario general ofreciese acuerdos "de fondo" con el PP en ciertas materias, como en educación. La lectura es que todo acercamiento con el Ejecutivo daña al partido en un año preñado de citas electorales, ante las que parte muy debilitado, según todas las encuestas.
Madina llevaba prácticamente siete meses fuera de la escena política. Compitió contra Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias por la Secretaría General en el congreso de julio. Perdió, rechazó integrarse en la nueva ejecutiva y prometió que se refugiaría en su escaño, que no molestaría ni entorpecería la labor de la dirección. Desde entonces, no había intervenido en ninguna reunión del Grupo Parlamentario, que suele celebrarse cada martes de las semanas en las que hay pleno. Pero ayer Madina habló. Fue el primero en tomar la palabra. En todo momento, según coincidían varios diputados, subrayó su "lealtad" a la cúpula de Sánchez, pero sentía que debía manifestar su discrepancia porque esta materia, la lucha contra el terrorismo, la considera cercana, habiendo sido víctima de un atentado de ETA en 2002. Señaló que, aun estando de acuerdo con los pactos antiterroristas, este no lo apoyaba al cien por cien.
El diputado vizcaíno apuntó lo que otros compañeros suyos también dijeron en la reunión de este martes y fuera de ella: que no era fácil de digerir un acuerdo que contuviera la cadena perpetua revisable, que los socialistas rechazan de plano. Que aceptarla suponía tocar una fibra sensible del partido y de la militancia. Y que en anteriores textos no se hacía referencia a las penas.
Además de Madina, Seara, Barreda, Hernández o Elorza
Desde que se firmó el acuerdo, el pasado 2 de febrero, el PSOE no ha conseguido desenredarse de esta cuestión central. En el documento que firmaron Rajoy y Sánchez en la Moncloa [aquí en PDF], se dice que PP y PSOE acuerdan que, "tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal", que según la reforma que los conservadores han impulsado del Código Penal (y que ya está en el Senado), es la prisión permanente revisable. Además, se añade, a iniciativa del PSOE, que el acuerdo "no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal". Con esa redacción, los socialistas ya estaban indicando que la prisión permanente revisable se derogará en cuanto vuelvan al poder y, pese a ello, el pacto seguirá vigente. Sánchez y su equipo también adelantaron, desde el mismo día de la rúbrica solemne, que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional de forma automática.
Además, ha producido resquemor dentro del PSOE la foto, que sellaran su entente Sánchez y Rajoy en la Moncloa, elevando el simbolismo de un acuerdo con suficientes aristas.
En la posición crítica de Madina se alinearon otros diputados que le apoyaron en las primarias internas y que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano, como la gallega Laura Seara y la candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández. Pero también manifestaron sus discrepancias el expresidente manchego José María Barreda, el representante de Izquierda Socialista Manuel de la Rocha y el diputado vasco Odón Elorza.
Con más o menos matices, todos vinieron a expresar sus mismas reservas. Que aun compartiendo que el PSOE debe estar en los acuerdos antiterroristas, porque siempre estuvo en los anteriores –el de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000–, en este caso la negociación se había conducido mal. Primero, por la aceptación, aunque indirecta, de la cadena perpetua revisable, una posición difícil de explicar. "Y si cuesta explicarlo, ya malo", se quejó Barreda. Dos, porque el PSOE ha liderado el diálogo, en lugar del Gobierno, con lo que ha dado un punto a favor a Rajoy en una cuestión que al PP le sale más rentable. Tres, por la foto en la Moncloa.
Cuatro, por la metodología, por cómo se ha gestionado el diálogo con el PP. Algunos encontraban que se había hecho al revés, que tal vez lo oportuno habría sido intentar trenzar una alianza con otras fuerzas de la oposición para después presionar al Gobierno con la cuestión de la cadena perpetua, o haberse esforzado por haber incluido en las conversaciones a más partidos. Pero, de esta manera, el coste lo asume en solitario el PSOE, ya que la proposición de ley orgánica la suscribieron sólo los diputados de Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y este martes, en la toma en consideración en el pleno del Congreso, se sumaron los seis parlamentarios de Unió, la parte democristiana de CiU.
Y quinta denuncia: que Sánchez ofreciera "más pactos" al Ejecutivo, como en educación. En las huestes socialistas ha desconcertado la propuesta del jefe, precisamente cuando el partido se halla sumergido en plena ofensiva contra la ley Wert y contra su última reforma, la de los grados universitarios (de cuatro a tres años) y los másteres (de uno a dos). Más aún, ayer el líder se reunió con los rectores universitarios –que decidieron retrasar la reforma hasta 2017– y hoy miércoles el grupo dirigirá tres preguntas y una interpelación al ministro sobre este asunto. Los colaboradores del máximo responsable socialista han venido reiterando que este lleva meses ofreciendo acuerdos al Ejecutivo sobre cuestiones nucleares que entiende que deben trascender el marco de una legislatura, como la educación, la transición energética o la modificación de la Carta Magna.
"En el fondo, hay una tensión entre quienes creen que hay que viajar al centro y quienes creen que debemos ir a la izquierda, porque es allí donde nos roba votos Podemos. Lo primero es la falsa mentalidad de la responsabilidad de Estado", observaba uno de los asistentes a la reunión en la Cámara baja.
En las críticas subyace el miedo al efecto que el pacto pueda tener en las urnas. Apenas queda mes y medio para las andaluzas, en mayo serán las autonómicas y municipales, en septiembre las catalanas y hacia el final del otoño, las generales. Y en el PSOE, aunque no se termina de dar crédito a las encuestas, se mira con preocupación el estado de opinión que reflejan los sondeos, algunos de los cuales, como el del CIS, le colocan en tercera posición, por detrás de la formación de Pablo Iglesias. Es decir, se cuestiona la "oportunidad" del acuerdo, y también su necesidad. Hay responsables que consideran que tampoco beneficia siquiera al secretario general, ya que a menos de 15 días para su primer debate del estado de la nación, le interesa distanciarse lo máximo posible de Rajoy para visualizar su alternativa. Ese duelo parlamentario será la ocasión en la que, de derrotar al presidente, podría recuperar algo de oxígeno.
El porqué de la intervención del diputado vasco
Las fuentes consultadas inciden en que la intervención de Madina estuvo "muy pensada, muy preparada", de "buen tono", "respetuosa" en las formas aunque muy contundente en el fondo. "¿Qué nos ha pasado?", preguntó retóricamente, apuntando al hecho de que un pacto antiterrorista esté causando tantas dudas a un partido acostumbrado a forjar grandes acuerdos en esta materia. Si el diputado vasco intervino esta vez se debió, según su entorno, a que entendía que se había "traspasado una línea roja como la cadena perpetua", que el partido jamás había apoyado, ni siquiera en los años de plomo de ETA. "Por eso sentía que debía decirlo, y hacerlo no en los medios, sino donde corresponde, en los órganos", le defendían los suyos.
El secretario de Organización del PSOE, César Luena (a la derecha), charlando con el diputado vizcaíno Eduardo Madina, durante el pleno del Congreso de este 10 de febrero | EFE
Quien abrió el debate en la reunión de grupo de este martes fue el secretario de Organización, César Luena. Algo infrecuente, porque quien suele fijar la posición del grupo en las votaciones es el portavoz. El número dos tiró de la argumentación que el partido ha venido esgrimiendo en los últimos días. Que el PSOE ha estado en todos los pactos anteriores, que tiene vocación de Gobierno, que se logró que el PP aceptara recoger la discrepancia en torno a la prisión permanente revisable, que no aparece ninguna referencia a esta pena ni en el acuerdo que suscribieron Rajoy y Sánchez ni en la proposición de ley orgánica. Y que, a fin de cuentas, este acuerdo "no atenta contra la identidad del PSOE", más bien al contrario. Una defensa que también articuló el secretario general durante su entrevista en Telecinco, el lunes por la noche.
Más apoyo a favor de la dirección
A favor de la dirección se pronunciaron más diputados. Entre ellos, José Enrique Serrano –uno de los muñidores del acuerdo y un veterano fontanero de los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero–, Manuel Chaves, Trinidad Jiménez, Diego López Garrido, Rafael Simancas, Antonio Trevín –portavoz de Interior, y como tal participó en las conversaciones– Juan Moscoso o Herick Campos. La intervención de este irritó a los críticos porque sostuvo que la reunión de grupo no era el foro idóneo para discutir una decisión que se había tomado ya desde Ferraz, para la que la ejecutiva era la competente.
A varios llamó la atención que no interviniera ningún parlamentario andaluz –más allá de Chaves o Jiménez, que no representan la voz de la presidenta de la Junta, Susana Díaz– ni ningún catalán. La federación andaluza, de hecho, ha querido expresamente dar perfil bajo a este pacto, para que interfiera lo menos posible en la precampaña electoral. Más aún, como comentaba a este periódico un dirigente próximo a Díaz, se va a hacer todo lo posible para que el debate nacional no cruce Despeñaperros, porque la jefa del Ejecutivo autonómico quiere centrar su discurso en el acento social y en la diferente forma de gobernar de los socialistas. Sólo así espera frenar el avance de Podemos y no despertar al PP, muy débil.
Antonio Hernando, el portavoz en el Congreso, fue quien protagonizó la intervención de resumen. Hernando volvió a incidir en los argumentos oficiales, en que la unidad de los partidos es necesaria para combatir el terrorismo, y que el PSOE lo ha tenido claro incluso cuando el PP atacaba duramente a Zapatero durante el proceso de paz con ETA. Luena cerró el debate, y agradeció el talante de sus compañeros, incluido Madina.
Sin fugas en la votación
La reunión fue intensa, pero no bronca, según apreciaron tanto los más críticos con el pacto –que no eran sólo los que hablaron, sino bastantes más que prefirieron no intervenir– como la dirección. Algunos miembros del equipo de Sánchez reconocieron que el debate había sido útil, y que quizá "se podía haber gestionado de otra manera" el pacto para que creara menos fisuras, pero estaba hecho, y no tenía vuelta atrás.
Por la tarde, el pleno comenzó con la discusión sobre la toma en consideración de la proposición de ley acordada por PP y PSOEproposición de ley acordada por PP y PSOE. No estuvo Sánchez presente en el debate, y quien salió a la tribuna fue José Enrique Serrano, y no Hernando. Una elección que causó cierto descontento en la bancada socialista. Algunos diputados apuntaban que no era lógico que se hubiera revestido del máximo simbolismo a la firma del pacto y luego, en el primer trámite parlamentario, ni lo presenciara Sánchez –sí estaban los ministros de Interior y Justicia– y se hiciera descansar la posición del partido en un hombre de perfil técnico como Serrano. La dirección alegó que Hernando asumirá la defensa de la iniciativa el próximo 19 de febrero, cuando sea aprobada por el pleno y viaje ya hacia el Senado.
Durante las votaciones, como se esperaba, no hubo sorpresas ni fugas. Todos los críticos, empezando por Madina y Elorza, ya habían anticipado que, pese a sus reticencias, respaldarían la toma en consideración de la proposición de ley. En la votación, cerca de las nueve de la noche, sí estuvo presente el secretario general.
La formulación final del acuerdo, sin embargo, podía haber sido otra. De hecho, mientras se sucedían las negociaciones con el Ejecutivo, se plantearon otras alternativas. En uno de los debates en el equipo socialista, la portavoz de Justicia, Rosa Aguilar, sugirió una vía para desligar el pacto de la cadena perpetua. ¿Cómo? Planteando al PP que la previsión de que los delitos de terrorismo con resultado de muerte se castiguen con la "prisión por el tiempo máximo previsto" –esto es, con la cárcel permanente revisable– no figurara en el texto. Sugirió que el PP lo introdujera como una enmienda a su reforma del Código Penal en el Senado. Allí, en la Cámara alta, es donde se sigue la tramitación de la reforma del Código, en la que el Gobierno ha incorporado, por vez primera en España desde que fue abolida durante la dictadura de Primo de Rivera, la figura de la cadena perpetua.
El problema de la 'vía Senado'
La portavoz de Justicia era consciente del malestar que había provocado en el partido, y en circuitos próximos –como los penalistas cercanos–, la posibilidad de que el PSOE tragase, siquiera indirectamente, con un asunto tan sensible como la prisión permanente revisable. Sin embargo, aquel planteamiento de la exministra de Medio Ambiente fue rechazado. Habría supuesto, como explican fuentes parlamentarias, "reabrir toda la negociación", algo que a esas alturas ya no era posible. El diálogo estaba "muy avanzado", y no era posible rebobinar. Aguilar, que se había tenido que desconectar de las conversaciones en días anteriores por cuestiones personales, había llegado tarde. El melón no podía abrirse otra vez, según le dijeron.
Además, la alternativa de la enmienda en la Cámara alta planteaba sus complicaciones. "Seguro que alguien hubiera interpretado que se colaba a hurtadillas este asunto en el Senado, y que el PSOE se escondía. Eso también tenía sus riesgos", explicaban fuentes conocedoras de las conversaciones. En cualquier caso, esa sugerencia, que se expresó en plena "tormenta de ideas" y que no se llegó a trasladar al PP, fue parada por la dirección.
Las dos urnas que decidirán el candidato del PSOE a la Moncloa
En todo el intercambio de opiniones con el Gobierno y el PP, jugó un papel clave Serrano, y también en este último trayecto de la negociación. Serrano ha sido un hombre de confianza en cuestiones delicadas no sólo de los dos expresidentes socialistas, González y Zapatero, sino también de Alfredo Pérez Rubalcaba. Sánchez también lo ha mantenido a su vera en temas nada intrascendentes, como los contactos discretos con el Gobierno y con el Govern de CiU sobre el futuro de Cataluña, o en la redacción del programa electoral, del que es vicecoordinador.
Según fuentes de la negociación, "no había salida", porque el PP no se iba a avenir a renunciar a la cadena perpetua por mucho que se lo pidiera el PSOE, puesto que la estaba impulsando con el rechazo de toda la oposición. Y, por otro lado, "no tenía sentido escribir que los delitos de terrorismo con resultado de muerte no serán castigados con la pena máxima". "¿Qué íbamos a hacer, que hubiera cadena perpetua por un asesinato y no por un atentado? Eso sí que sería ilógico", indicaba uno de los implicados en el diálogo con el PP. La dirección incide en que gracias a la presión de los socialistas se han logrado incluir en el pacto otros asuntos importantes, como la dotación de mayores recursos materiales y humanos a las Fuerzas de Seguridad, petición que Sánchez pretende llevar al Congreso dentro de poco.
Como analizaba a la noche, al finalizar el pleno, una diputada miembro de la ejecutiva, con cierta desazón, cunde un cierto desánimo. La sensación de que "a perro flaco todo son pulgas" y de que los problemas, en muy poco tiempo, se han multiplicado.
La dirección del Pedro Sánchez acumula una nueva gotera. Esta vez, a cuenta del pacto antiterrorista que el secretario general firmó con Mariano Rajoy en la Moncloa hace una semana y cuya primera materialización, la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, pasó este martes su primer trámite parlamentario. El malestar ya se venía larvando en los últimos días, pero la ejecutiva se lo encontró de frente durante la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, en la que media docena de diputados –entre ellos, y este no es un dato menor, Eduardo Madina– protestaron por el alcance del acuerdo. Sobre todo, por el hecho de que el partido haya asumido la referencia indirecta a la prisión permanente revisable y por la forma en la que se visualizó la entente, con una foto de los dos líderes en el palacio de la Moncloa. Pero no es el único asunto que ha causado tiranteces dentro del PSOE. También ha irritado a algunos sectores que el secretario general ofreciese acuerdos "de fondo" con el PP en ciertas materias, como en educación. La lectura es que todo acercamiento con el Ejecutivo daña al partido en un año preñado de citas electorales, ante las que parte muy debilitado, según todas las encuestas.