Crisis del coronavirus

El Gobierno abonará a las comunidades 6.000 millones a corto plazo y otros 10.000 en el segundo semestre

Pedro Sánchez durante la videoconferencia con los presidentes autonómicos de este domingo en el Palacio de la Moncloa.

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El Gobierno abonará en tres tramos el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado este sábado por Pedro Sánchez, de manera que los primeros 6.000 millones se abonarán en el "corto plazo" y el resto en otros dos "en la segunda parte del año". Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la octava reunión telemática de Sánchez con los presidentes autonómicos, según recoge Europa Press.

Montero también ha detallado que el fondo se distribuirá entre las comunidades autónomas en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el covid-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.

En concreto, los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales. Por último, los 5.000 millones destinados a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica se distribuirán en función de los datos de caída de la recaudación.

Sánchez mantendrá el 0,2 por ciento de déficit para las comunidades

Sánchez ha tratado de calmar los ánimos de muchos presidentes autonómicos que se han venido quejando de que el Ejecutivo les informa a posteriori de las decisiones que adopta y no cuenta con ellos. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha anunciado este fondo no reembolsable, que no computará en el déficit fijado para este año en el 0,2 % y una orden ministerial de "cogobernanza" de la desescalada.

Pero el jefe del Ejecutivo se ha encontrado en la octava reunión que ha tenido este domingo con los presidentes autonómicos, con que varios de ellos le han pedido directamente que acabe con el estado de alarma y volver a la legislación ordinaria para aplicar las medidas de la desescalada. Y lo han hecho justo el día después de que Sánchez haya insistido en que no hay plan B en caso de que el Parlamento no le aprobara otra prórroga del estado de alarma. Así lo han hecho los presidentes de Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia, mientras que Madrid, Murcia y Castilla y León han cuestionado la forma en la que está aplicando la alarma por parte del Ejecutivo. Incluso algunas comunidades gobernadas por el PSOE se han rebelado contra el déficit del 0,2 % y han pedido tener más margen, así lo han hecho Aragón, Baleares y Navarra, que en esa petición se han sumado a Cataluña.

Cuestionan el estado de alarma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que lleva ya varias reuniones de presidentes quejándose de que el jefe del Ejecutivo actúe sin contar con las comunidades, ha pedido formalmente a Pedro Sánchez que se reformule "el modelo de gestión de esta crisis" y "que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad", es decir, el estado de alarma, para pasar a implementar la legalidad ordinaria con el fin de "garantizar la salud pública y el retorno paulatino a la normalidad institucional". Además, ha vuelto a reclamar "respeto al autogobierno" de Euskadi y ha considerado "imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida", basada en "la codecisión".

También Torra ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no prorrogue el estado de alarma o que, si lo hace, excluya a Cataluña de esa decisión y nombre al Ejecutivo autonómico autoridad competente. Su grupo parlamentario en el Congreo JxCat ya ha apuntado la posibilidad de votar en contra de la nueva prórroga esta semana, cuando Sánchez la someta al Parlamento.

Pero estos presidentes no han sido los únicos en cuestionar la aplicación del estado de alarma durante la desescalada, también lo han hecho cinco presidentes autonómicos del PP que, de una manera u otra, han criticado la forma en que aplica Pedro Sánchez esta legislación excepcional. Una crítica que se corresponde con lo que ha venido diciendo el PP durante estos últimos días, al dejar en el aire su apoyo a la próxima prórroga.

Uno de los más duros a este respecto ha sido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha mostrado su rechazo a prolongar el estado de alarma actual, vigente hasta el próximo día 9, y ha apostado por que la desescalada se rija por otras opciones de la "legislación ordinaria" como la Ley General de Salud Pública, de la que ha sugerido que se podría hacer "alguna modificación" para regular la movilidad de las personas. En caso de que el Gobierno central "considere que estas reflexiones no deben ser tenidas en cuenta", Feijóo le ha planteado que "al menos module" el estado de alarma para afrontar la desescalada para ver "en qué territorios es necesario" o qué derechos "se limitan".

Una posición que ha secundado su compañero de partido, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha considerado que el Gobierno central debería ir pensando en derogar el actual estado de alarma y que lo "razonable" sería, si las cifras de contagios por coronavirus siguen cayendo, como ya está ocurriendo en los últimos días, que no siguiera vigente a finales de este mes de mayo. Para Moreno, es el momento de que el Gobierno central vaya pensando en garantizar la lucha contra el covid 19 "sin recurrir a la fórmula del estado del alarma", sobre todo, cuando el sistema jurídico español tiene instrumentos para que el Ejecutivo nacional "coordine la lucha" contra esta epidemia sin "necesidad de recurrir a medidas drásticas que podían tener sentido en un primer momento, pero que, transcurridos casi dos meses, pueden ser sustituidas por otras medidas".

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, también ha lanzado duras críticas contra el Ejecutivo de Sánchez por la forma en que aplica el decreto de alarma y ha reclamado "criterios claros" y un cambio "rotundo" de rumbo y "en profundidad".

El presidente murciano, por su parte, Fernando López Miras, ha señalado que en principio no se opone a una prórroga del estado de alarma siempre y cuando no sea porque el presidente del Gobierno quiera mantener "el poder absoluto" o para imponer "hojas de ruta ideólogicas".

Y aunque la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha mostrado en contra de manera rotunda a prorrogar el estado de alarma, sí ha reclamado que la estrategia sea más clara por parte del Gobierno.

Rechazo al déficit del 0,2%

Los presidentes socialistas por su parte se han mostrado de acuerdo en mantener el estado de alarma. Sin embargo, algunos de ellos han expuesto su oposición a mantener el déficit de las comunidades en el 0,2 % que ha decidido el Gobierno, no computando así el fondo de 16.000 millones no reembolsable que les ha anunciado hoy el presidente del Gobierno.

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Javier Lambán, presidente de Aragón, ha sido muy claro al respecto al afirmar que la región que preside "no está en disposición de cumplir" el objetivo de 0,2% y ha pedido que los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable sean "la primera de muchas entregas". "No voy a estar en disposición de cumplirlo porque no estoy dispuesto a recortar en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Es más importante atender a los ciudadanos que cumplir con las normas financieras", ha aseverado.

Y en la misma línea se ha pronunciado su compañera, la presidenta de Navarra, María Chivite, que también ha pedido flexibilizar el objetio de déficit: "Es evidente el notable aumento del gasto y la considerable reducción de ingresos que va a suponer esta crisis, lo cual implica que vamos a tener que recurrir a todos los mecanismos posibles para disponer de liquidez" como "mecanismos de deuda, flexibilización del déficit y acceso a todas las ayudas y herramientas de cobertura que se habiliten por parte de las administraciones".

Torra ha seguido su línea crítica también con este asunto y ha considerado "insuficiente" la flexibilización del déficit autonómico al 0,2%. Además de pedir directamente 4.000 de los 16.000 millones del fondo no reembolsable anunciado por Sánchez. De hecho, y sobre el déficit al 0,2%, ha lamentado: "Como ha dicho la presidenta de las Islas Baleares, es totalmente insuficiente; y ridículo teniendo en cuenta que el Estado hará un déficit del 10%".

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