El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará la semana que viene la tramitación de las solicitudes de indulto que ya se han presentado para los líderes del procés independentista catalán que fueron condenados hace casi un año por el Tribunal Supremo. Todo ello, en unas semanas clave del curso político en el que están en marcha las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
La tramitación de las peticiones de indulto, que no han presentado los propios condenados, estaba pendiente desde la pasada primavera, pero la crisis provocada por la pandemia de covid-19 retrasó todas las solicitudes que recibe el Gobierno sobre esta medida de gracia. El Ejecutivo es el único órgano competente a la hora de concederlos.
Las palabras de Campo han provocado mucho revuelo político y mediático, pero no se trata más que de un trámite al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía que hacer frente antes o después. Una vez que se recibe una solicitud de estas características, el Gobierno está obligado a estudiarla.
Cualquier persona en su nombre
El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe tanto de la Fiscalía como del tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Desde el Ministerio de Justicia han explicado que, superado el atasco en estas solicitudes provocado por la pandemia, será a lo largo de la semana que viene cuando se dé trámite a las solicitudes realizadas para los líderes independentistas. La última petición que se registró fue en relación con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, presentada por otros expresidentes de esta Cámara. Para Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo, UGT también hizo su propia solicitud. Pero el Gobierno ya tenía una solicitud previa que afectaba a todos los condenados instada por un jurista.
Aunque cada solicitud de indulto es individual, cada expediente arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre ese mismo asunto, de modo que el Ministerio de Justicia enviará una única petición al Supremo. El tribunal es quien consultará a la Fiscalía, informe del que se ocuparán los cuatro fiscales que ejercieron la acusación de rebelión en el juicio celebrado el año pasado.
Además, según Justicia, de cara a elaborar sus conclusiones los magistrados del alto tribunal también recabar información de las prisiones en las que los líderes independentistas catalanes se encuentran cumpliendo condena.
Posibilidad de indulto parcial
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Caben varias posibilidades: que el Gobierno rechace conceder esta medida de gracia a los condenados por el procés; que estime la petición y, por tanto, queden en libertad; o que la estime sólo parcialmente, lo que podría llevar aparejada una reducción de la condena.
En cualquier caso, todo el trámite suele superar los seis meses de duración, según han apuntado desde el ministerio que dirige Juan Carlos Campo. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de modo que esta decisión puede ser recurrida por la vía de lo Contencioso-Administrativo, también en el Tribunal Supremo.
Antes de que se haya iniciado todo este proceso, Vox se ha apresurado a anunciar que recurrirá en caso de que el resultado sea favorable a los condenados. No obstante, el margen para anular la decisión que tome el Gobierno es muy reducido, sólo posible si se encontraran errores formales en el Real Decreto.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará la semana que viene la tramitación de las solicitudes de indulto que ya se han presentado para los líderes del procés independentista catalán que fueron condenados hace casi un año por el Tribunal Supremo. Todo ello, en unas semanas clave del curso político en el que están en marcha las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.