El Consejo de Ministros de este viernes no deparó sorpresa alguna en lo que tiene que ver con lo legislativo. El propio Ejecutivo ya ha reconocido que la proximidad de las elecciones implicará la disolución de las cámaras en otoño, con lo que las leyes ya presentadas irán para delante. Y el resto se quedarán en el cajón. Lo que sí deparó es una noticia judicial respecto a Cataluña: el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales del Parlamento de Cataluña. Es un paso más en la hoja de ruta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de intentar desmontar otra hoja de ruta: la del presidente de la Generalitat. Pero también es algo más: una advertencia a los Gobiernos autonómicos que se están configurando estos días de que si siguen en algo los pasos de Cataluña, el Ejecutivo central actuará con la misma contundencia.
Sin citar, en su primera intervención a la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta del Gobierno avisó a los partidos, "alguno de dimensión nacional", dijo, que "están pactando la creación de agencias tributarias propias" para gestionar impuestos que dependen de la Administración General del Estado.
Después, en el turno de preguntas, sí citó concretamente a esta comunidad autónoma en la que una alianza entre los socialistas, Compromís y Podemos, además de quitar el poder al Partido Popular, el partido del Ejecutivo, podría llevar a cabo "medidas que pueden ser contrarias a la Constitución". Iniciativa que, por cierto, correría la misma suerte que de Cataluña cuyo recurso ya había sido anunciado en su intervención inicial de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Puede seguir la misma vía de impugnación", advirtió al tiempo que señalaba que el recurso contra la citada ley catalana por "asumir funciones propias del Estado" supone un "precedente".
Concretamente, el Consejo de Ministros solicita del presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional de los artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalitat de Cataluña. "Se produce, además, la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de suspender la aplicación de los preceptos impugnados", reza la referencia del Consejo de Ministros.
Sobre las disposiciones adicionales, el Ejecutivo precisa que las que son objeto de "controversia" son las que se refieren a lo que la propia Generalitat denomina "creación de estructuras de Estado".
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"Competencia exclusiva del Estado"
"El Gobierno entiende que estas disposiciones se aprueban para un supuesto inconstitucional, que es el de la separación de Cataluña del Estado español, sin tener en cuenta que, de acuerdo con la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español, la reforma constitucional debe encauzarse por los procedimientos en ella previstos, y afectan a asuntos de competencia exclusiva del Estado", precisa.
Por otro lado, "se recurren también la regulación de una nueva función de control del espacio y tránsito aéreos para el Servicio Meteorológico y la que impone restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento".
El Consejo de Ministros de este viernes no deparó sorpresa alguna en lo que tiene que ver con lo legislativo. El propio Ejecutivo ya ha reconocido que la proximidad de las elecciones implicará la disolución de las cámaras en otoño, con lo que las leyes ya presentadas irán para delante. Y el resto se quedarán en el cajón. Lo que sí deparó es una noticia judicial respecto a Cataluña: el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales del Parlamento de Cataluña. Es un paso más en la hoja de ruta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de intentar desmontar otra hoja de ruta: la del presidente de la Generalitat. Pero también es algo más: una advertencia a los Gobiernos autonómicos que se están configurando estos días de que si siguen en algo los pasos de Cataluña, el Ejecutivo central actuará con la misma contundencia.