Las comunidades del PP, coordinadas desde la calle Génova, acudieron este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un único objetivo: denunciar la supuesta supeditación del Gobierno a los deseos de financiación y necesidades presupuestarias de Cataluña. Salieron, sin embargo, defendiendo posiciones contradictorias. Y sin nada que alegar al planteamiento del Gobierno: un objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2024 del 0,1% del PIB y un incremento sustancial de recursos para todos, el mayor de la historia: 154.467 millones de euros, un 14,9% más respecto a 2023.
El propio Alberto Núñez Feijóo tuvo que insistir en el comodín catalán para, a falta de algo mejor, criticar la reunión. “¿Por qué Cataluña no acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera?”, se preguntó en una anotación en redes sociales. “Primero porque a Pedro Sánchez no le queda más remedio que aceptarlo. Segundo porque Puigdemont, Aragonès y Junqueras prefieren a un gobierno débil aceptando sus exigencias en Ginebra”, se respondió a sí mismo.
La verdad es que Cataluña sí estuvo en la reunión, aunque no envió a su consellera de Economía, Natàlia Mas, sino al secretario general del departamento, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. Una práctica que no es de ahora, sino que se viene produciendo desde hace años, también con gobiernos del PP.
El objetivo de déficit del 0,1% comunicado a las comunidades autónomas supone una décima más respecto al fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la Comisión Europea, pero es el mismo porcentaje que el recogido en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas en octubre. Esa décima de más de margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central el próximo año, un ejercicio marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.
Cifras récord
El Ministerio de Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros. Es un incremento del 14,9% respecto a 2023, lo que supone que recibirán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer sus políticas públicas. Esa cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, según fuentes del ministerio.
Comunicadas las cifras a las comunidades, el Consejo de Ministros aprobará este martes los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2024.
Sobre la posibilidad de que el PP bloquee estas cifras en el Senado, Montero, reveló contar con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que les permite sortear un hipotético bloqueo. El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años —no el techo de gasto, que no se vota—. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes. En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.
Y es ahí donde las comunidades del PP se la juegan. Si Feijóo impide los objetivos de estabilidades planteados este lunes a las comunidades, estaría “tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes”, advirtió.
El riesgo de bloquear
La razón es que los objetivos de estabilidad propuestos por Hacienda y que van hoy al Consejo de Ministros fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria. Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
Tras la reunión de este lunes, y con más dinero encima de la mesa, los consejeros del PP optaron por quejarse de lo que no era objeto de la reunión, entre otras cosas porque ni siquiera estaba en el orden del día: la discusión de un nuevo modelo de financiación autonómica. Siguiendo instrucciones de Génova, las comunidades gobernadas por el PP y por el PP y Vox intentaron utilizar la cita para denunciar que el Gobierno planea rehacer el modelo a la medida de los intereses de Cataluña y sin contar con el resto.
La ministra les respondió taxativamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. “La consejera (de Hacienda de Cataluña) habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda”, argumentó Montero.
La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, explicó al término de la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas, que varias comunidades habían pedido explicaciones sobre esta supuesta negociación bilateral y fue la ministra quien quiso que constara en acta “que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña”. “Creo que podemos estar muy tranquilos”, admitió la representante de Isabel Díaz Ayuso en el CPFF, que no dudó en mostrarse “favorablemente sorprendida”.
La palabra de Montero
En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, que, sin embargo, consideró “sorprendentes” las afirmaciones de la ministra. La consejera de Andalucía, Carolina España, fue aún más lejos, poniendo en duda la palabra de Montero: “La vicepresidenta ha dicho que eso no es cierto y yo no sé si es cierto o no, yo sé lo que veo en la prensa”. En cambio, el consejero de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz-Molina, sí cree a la ministra.
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La que más disgusto mostró fue la representante andaluza. “Nos vamos decepcionados” de este encuentro porque esperaba, dijo, que Hacienda se pronunciase sobre el fondo extraordinario de 1.000 millones que el presidente Juanma Moreno reclama para su comunidad.
La ministra sí anunció a las comunidades que las irá reuniendo de manera bilateral en el mes de enero para explicarles la metodología que se seguirá en la condonación de deuda pactada entre PSOE y ERC. No obstante, Montero ha evitado poner una fecha para el inicio de las negociaciones sobre la financiación autonómica, que el Gobierno quiere pactar entre partidos y el PP desea dejar en manos de las comunidades.
¿Aceptarán las comunidades del PP quitas de deuda? El consejero murciano declaró que “no hablarán de la condonación de deuda en tanto en cuanto no se reforme el sistema de financiación autonómica”. “Es una decisión clara, intuitiva, unívoca y en la que estamos todos absolutamente de acuerdo”, aseveró.
Las comunidades del PP, coordinadas desde la calle Génova, acudieron este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un único objetivo: denunciar la supuesta supeditación del Gobierno a los deseos de financiación y necesidades presupuestarias de Cataluña. Salieron, sin embargo, defendiendo posiciones contradictorias. Y sin nada que alegar al planteamiento del Gobierno: un objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2024 del 0,1% del PIB y un incremento sustancial de recursos para todos, el mayor de la historia: 154.467 millones de euros, un 14,9% más respecto a 2023.