El Gobierno andaluz ya hacía antes de la pandemia un uso excesivo y con déficit de justificación, transparencia y garantías del contrato a dedo. Así lo pone de relieve la Cámara de Cuentas en una fiscalización de los contratos de emergencia de 2018 y 2019. El análisis censura su uso en ocasiones sin cumplimiento de requisitos legales por parte tanto del PSOE como del PP, partido ahora en el poder que estos días es objeto de escrutinio por su uso de los contratos de emergencia, en teoría excepcionales pero que con motivo del covid-19 parecen haber conquistado estatus de recurso rutinario.
El argumento principal del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) para justificar la abundante utilización de los contratos a dedo por parte de la Consejería de Salud desde 2021 hasta la actualidad es el impacto del covid en el sistema sanitario. Esa excusa, obviamente, no vale para 2019, año abarcado por la fiscalización de la Cámara.
Los contratos de la Consejería de Salud
Con la justificación del covid-19, la Consejería de Salud ha recurrido a la figura de los contratos a dedo con clínicas privadas hasta triplicar los fondos previstos inicialmente, incrementando en 18 meses la duración inicial del "acuerdo de emergencia" de enero de 2021 y llevando el marco al final de junio de 2023. Entre las justificaciones de prórroga, Salud ha incluido un artículo de un real decreto que ya estaba derogado. En total, Salud ha dedicado a este tipo de contrataciones 242,72 millones a través de un acuerdo (enero de 2021) y cuatro prórrogas (diciembre y junio de 2021, septiembre y diciembre de 2022).
Las cuatro ampliaciones del "acuerdo de emergencia" original de 70 millones se firmaron no sólo ya finalizado el estado de alarma, sino también después de una instrucción oficial de la Consejería de Hacienda que advertía de la pérdida de un asidero legal para este tipo de contratos y de que su uso debía ser "excepcional y residual". Nada de eso, ni siquiera la instrucción de Hacienda, evitó las prórrogas, que continuaron con la presión de pacientes covid ya en mínimos.
Entre los beneficiarios de estos contratos de Salud hay grandes grupos como Quirón, Vithas, HLA –los tres mayores por facturación–, Hospiten, Viamed y la Orden de San Juan de Dios, a los que se suman centros sanitarios independientes. El PSOE, Por Andalucía y Adelante consideran que la actuación de la Junta, que ha anunciado un nuevo "sistema" para junio, suponen una derivación injustificada de recursos púbicos a la sanidad privada con la excusa de la pandemia, realizada mientras prescindía de hasta 8.000 sanitarios de refuerzo covid y coherente con una acreditada voluntad de privatización de servicios. Es más, PSOE y Por Andalucía han llegado a hablar de "corrupción".
No consta ninguna investigación judicial abierta por estos contratos. Salud ha admitido a infoLibre que fue un "error" aludir en la primera prórroga al artículo ya derogado, pero sostiene que el cumplimiento de la legalidad está garantizado por la cobertura que da para situaciones excepcionales la Ley de Contratos del Sector Público. Es cierto, admite el departamento que dirige Catalina García (PP), que la pandemia fue perdiendo gravedad, pero el estrés aún se nota en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que queda justificado recurrir a los contratos a dedo hasta más de dos años después del fin del estado de alarma. Según la interpretación de Salud –cuya actuación cuenta con el aval de dos informes de su asesoría jurídica–, siempre se mantuvieron esos "acontecimientos imprevisibles" que deben darse para invocar la vía extraordinaria prevista por la ley, incluso cuando una ocupación covid mínima.
Lo cierto es que el abuso de los de contratos a dedo, no ya sólo en la Consejería de Salud, es previo al covid.
"Incumplimientos legales significativos"
La Cámara de Cuentas golpea la utilización de los contratos a dedo por parte de la Junta en una fiscalización de 122 páginas aprobada en abril de 2022 y publicada en julio. El informe abarca los ejercicios 2018 y 2019 y comprende 46 actuaciones, en un total de 101 contratos, 58 formalizados en 2018 y 43 en 2019.
La fiscalización, cuyo trabajo de campo terminó en febrero de 2021, afecta de lleno al PP, el partido en el poder, que conquistó en las elecciones de diciembre de 2018, formando gobierno junto a Cs en enero de 2019. Y le afecta no sólo porque con el PP también se produjo un uso injustificado de contratos a dedo, según la Cámara, sino porque a lo largo de los trabajos el órgano fiscalizador se encontró áreas de opacidad.
La Cámara detecta estos "incumplimientos legales significativos":
– El 39,13% de los expedientes fiscalizados (18 de 46) no justifican la existencia de los supuestos que establece la ley. La tramitación de emergencia se emplea sin acreditar "acontecimientos catastróficos", situaciones de "grave peligro" o que afecten a la "defensa nacional".
– El 50% de los expedientes no justifican que "no hubiese sido posible remediar los daños utilizando otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia", como la "tramitación abreviada o urgente" o el "negociado sin publicidad por imperiosa urgencia".
– El 32,6% de los expedientes no acredita que la tramitación se limitase a lo "estrictamente indispensable" para "remediar los daños" por el hecho "catastrófico".
– Hubo 16 ampliaciones de nueve contratos de conservación de carreteras tramitadas en 2019 de las que no se dio cuenta al Consejo de Gobierno.
Déficit de transparencia y falta de comprobación de requisitos
La información a disposición de la Cámara para su fiscalización deja mucho que desear. En el registro oficial de contratos había, al menos cuando la Cámara evacuó su informe, "campos no cumplimentados", "incorrecciones", incoherencias" y "falta de control y verificación". En los archivos sobre las modificaciones contractuales se produce "una confusión" entre dicha figura legal y las "prórrogas", de manera que "se tergiversan los registros". El órgano fiscalizador anota entregas de información fuera de plazo y la inexistencia de una memoria obligatoria. En el 76,08% de las actuaciones no consta que se haya llevado a cabo la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante.
Más grave es la falta de comprobación de los requisitos de las empresas. En el 95,65% de las actuaciones, nada menos que 44 de los 46 contratos a los que se les ha puesto la lupa, "no se ha obtenido evidencia documental" de que el órgano de contratación haya comprobado la "capacidad del contratista, su solvencia y el no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar" recogidas en la ley. Los déficits se extienden a la fase de ejecución. En el 56,44% de los contratos (57 de 101) no consta la formalización del mismo, otro trámite legalmente exigido. En el 45,65% de los expedientes no figura el acta formal de recepción de la prestación, también exigida por la normativa.
Todo ello figura también como "incumplimientos legales significativos".
"Previsible y no sobrevenido"
Casi un tercio de los expedientes han tenido prórrogas y ampliaciones, con un incremento medio del plazo del 125%. Hay casos de incremento de hasta el 700%. "Esta extensión de los plazos iniciales hace cuestionar su definición como actuaciones de emergencias", señala el informe.
Los fiscalizadores son incisivos con la Consejería de Fomento. El 36,95% de las actuaciones fiscalizadas –no sólo de Fomento– obedecen a una necesidad que "fue previsible y no sobrevenida", con lo que el contrato a dedo obedeció "más a la carencia de una diligente planificación o programación que a la concurrencia" de las circunstancias previstas en la ley. Pues bien, 14 de esos expedientes fueron tramitados por la Consejería de Fomento, todos en 2019.
A ello se suma que el 19,56% de los expedientes, todos tramitados por la Consejería de Fomento en 2019, "incluyen prestaciones en el objeto de estos contratos que no contemplan un hecho cierto, determinado y concreto que tenga cabida en los supuestos" de la ley, "ni tampoco tienen encaje en el concepto de inmediatez" que exige la tramitación excepcional. La Cámara incluye todo ello dentro de los "incumplimientos legales significativos", entre este caso sobre la "justificación de la tramitación de emergencia y los plazos de ejecución".
Fomento, a preguntas de infoLibre, explica que al llegar el nuevo gobierno en 2019 "estaban caducados o a punto de caducar 32 de los 35 contratos de conservación de carreteras". "Se tuvieron que prorrogar estos contratos vía emergencia hasta que se licitaron y adjudicaron los nuevos", añade el departamento de obras públicas, que recalca que había entonces "1.800 kilómetros de carreteras con el firme muy deteriorado, sin contar el estado de muchas estructuras, de puentes y viaductos, algunos de ellos al borde del colapso". "Se tuvieron que realizar contratos de emergencia para subsanar carencias importantes", explica la consejería, que recuerda que entre 2008 y 2018 los presupuestos para conservación de carreteras se redujeron de 200 a poco más de 85 millones de euros.
Deber de "restringir el uso"
La Cámara de Cuentas, en su informe, señala que la Junta debe "restringir el uso de la tramitación de emergencia", empleándola "sólo cuando resulte imprescindible" por "necesidad y proporcionalidad". "Se recomienda –dice el informe– justificar, motivar e intensificar la concreción de las razones". Esta fiscalización va en línea con la instrucción de la Consejería de Hacienda de junio de 2021, previa a las cuatro prórrogas del "acuerdo de emergencia" para contratos a dedo con clínicas privadas de la Consejería de Salud, que pedía que su uso fuera "excepcional y residual".
El informe de la Cámara, publicado el verano pasado, fue remitido a los órganos fiscalizados y al Tribunal de Cuentas, explica un portavoz de la entidad. Con posterioridad hubo dos prórrogas al "acuerdo de emergencia" de la Consejería de Salud: septiembre y diciembre de 2022. infoLibre preguntó a la Consejería de Salud: ¿Se tuvo en cuenta este informe antes de las prórrogas de septiembre de 2022 y diciembre de 2022? ¿En qué sentido? ¿Cómo afectó este informe a las contratación de la consejería? ¿Se consideró que su contenido podía desaconsejar esas prórrogas? El departamento responde: "En cuanto a la tramitación de los expedientes de Contratación de Alerta Sanitaria (CAS), se ha seguido el mismo procedimiento de control financiero tanto por la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud como por la Cámara de Cuentas, aportándose por parte de esta Administración toda la documentación seleccionada en la muestra".
De las cuestiones planteadas en el informe de la Cámara, añade, "la única relativa" al SAS se refiere a dos expedientes tramitados en 2018 y 2019 a raíz del incendio en lavandería de un hospital de Granada, por tanto sin relación con los contratos de emergencia por la vía covid. "Carece de sentido enlazar ambas actuaciones aunque la Ley de Contratos del Sector Público vigente sea la misma en ambos periodos", añade Salud.
Andalucía triplica el dinero para clínicas privadas al estirar 18 meses los contratos a dedo por el covid
Este periódico preguntó a la Consejería de Hacienda si consideraba que con su informe la Cámara desaconsejaba las prórrogas de Salud para contratos de emergencia realizadas con posterioridad a su publicación, es decir, en septiembre de 2022 y diciembre de 2022. No hubo respuesta.
Por Andalucía cree que la Cámara de Cuentas desacredita al Gobierno andaluz. "Este informe saca de la ecuación la pandemia, que es el elemento utilizado por el Gobierno andaluz para justificar las contrataciones a dedo de clínicas privadas y para estirar los contratos. Queda claro que el uso del contrato a dedo retorciendo la ley o incluso eludiendo requisitos legales responde desde el principio a una decisión. Había una voluntad del Gobierno andaluz de adjudicar a dedo, la pandemia ha sido una justificación para hacerlo más permanente", señala Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, que cree que la contratación a dedo responde a "un patrón" que demuestra que, desde el punto de vista de la "gestión" y el "rigor en los procedimientos", el PP no puede hablar ya "sin ruborizarse" de ser un "gobierno del cambio". "La figura del contrato de emergencia es legal, pero debe estar justificada. Y el Gobierno andaluz la ha utilizado sin justificación desde antes de la pandemia, y todavía lo sigue haciendo", concluye Nieto.
La Cámara de Cuentas también pone la lupa en la ingente cantidad de contratos menores, que en la Junta fueron un 89,74% en 2018 y un 86,14% en 2019. La mayoría, más del 90%, son del Servicio Andaluz de Salud. Hay un detalle sobre el que llaman la atención los auditores: el fuerte incremento en 2019, con el PP, de los contratos menores en las fundaciones públicas (4.288 más que en 2018, una subida del 677,41%) y en las sociedades mercantiles de participación pública (772 más que en 2018, una subida del 112,54%).
El Gobierno andaluz ya hacía antes de la pandemia un uso excesivo y con déficit de justificación, transparencia y garantías del contrato a dedo. Así lo pone de relieve la Cámara de Cuentas en una fiscalización de los contratos de emergencia de 2018 y 2019. El análisis censura su uso en ocasiones sin cumplimiento de requisitos legales por parte tanto del PSOE como del PP, partido ahora en el poder que estos días es objeto de escrutinio por su uso de los contratos de emergencia, en teoría excepcionales pero que con motivo del covid-19 parecen haber conquistado estatus de recurso rutinario.