El Gobierno andaluz planea firmar conciertos sanitarios con hospitales privados de otras comunidades. Es decir, no sólo de Andalucía, sino de otras autonomías.
La medida está recogida en un proyecto de orden que actualiza las tarifas de los acuerdos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades externas. La norma, pendiente aún de aprobación, establece la posibilidad de "realizar conciertos con centros situados" en otras comunidades. Se trata de una medida novedosa, ya que no existe ahora ningún concierto con centros sanitarios privados de fuera de la comunidad, explica a infoLibre la Consejería de Salud.
La norma, que ha pasado los trámites de audiencia pública y alegaciones y se encuentra en revisión en el gabinete jurídico de la Junta, establece que los conciertos con hospitales fuera de Andalucía se realizarán "con carácter excepcional" cuando "por motivos de equidad y accesibilidad no fuera aconsejable o no pudieran realizarse" con los situados en la propia comunidad.
A pesar de que la orden hace referencia sólo a "comunidades limítrofes" –que en el caso de Andalucía son Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia–, el departamento que dirige Catalina García (PP) precisa que formalmente no se podrá limitar la posibilidad al resto de regiones: "No podemos limitar la concurrencia competitiva en los conciertos, de modo que pueden optar [centros de] todas las comunidades". Eso sí, los requisitos darán preferencia a las opciones de las más próximas, para evitar largos desplazamientos y garantizar zonas "factibles y cercanas".
La idea de la consejería al introducir esta medida es que los ciudadanos de una localidad andaluza próxima a otra comunidad tengan la opción de ser atendidos en un centro privado de esa otra autonomía que, por razón de cercanía, pueda resultar más conveniente que un centro de la propia provincia. A priori es una medida a la que podrían optar en mayor medida ciudadanos de provincias limítrofes con otras comunidades: Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Almería.
Antonio Vergara, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, considera la extensión de los conciertos a centros de otras comunidades "el siguiente escándalo" en la "gestión sanitaria pública" del PP. "Quieren normalizar que lo importante es que te atienda alguien, da igual público o privado, da igual que sea de tu comarca o no, de tu comunidad o no", señala Vergara, para quien el Gobierno andaluz ya está promocionando la penetración de intereses privados en el sistema público sin suficiente planificación, coordinación y control. "Llevar esta dinámica fuera, sea a comunidades limítrofes o no, es profundizar en el desastre", concluye Vergara, también portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía.
El PSOE y Por Andalucía consideran que la medida ahonda en una senda de privatización de la sanidad.
Más derivaciones a la privada y más coste económico
Las derivaciones en Andalucía afectan fundamentalmente a pruebas diagnósticas y a intervenciones quirúrgicas. El envío de pacientes al sistema privado está aumentando con el PP en el Gobierno andaluz y Juan Manuel Moreno en la presidencia de la Junta. ¿Dónde se observa? Los presupuestos incluyen cada ejercicio una previsión de pacientes atendidos en hospitales concertados, entre otras actuaciones externalizadas por el SAS, el sistema sanitario público más grande de España, un gigante de en torno a 120.000 profesionales. En 2023 la previsión de pacientes derivados alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022, que fueron unas cuentas prorrogadas, y un 42,78% más que en 2018, último año con el PSOE. Suben con fuerza desde 2018 las hemodiálisis, las intervenciones quirúrgicas, las sesiones de rehabilitación y los estudios diagnósticos en hospitales concertados.
El número de pacientes derivados a la sanidad concertada para "aliviar" las listas de espera ascendió en 2021 a 858.529, con datos ya cerrados –no sólo previstos en los presupuestos– ofrecidos por la consejería en abril. Esto supone un incremento de casi el 50% desde 2018, según la comparación elaborada con los datos oficiales recabados por elDiario.es. Es decir, la subida es marcada no sólo utilizando los presupuestos 2023, ya de por sí indicativos de una voluntad política, sino datos cerrados.
El incremento de las derivaciones no es el único síntoma de un avance de la penetración de los agentes privados en el sistema público, fenómeno que han denunciado PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía, sindicatos como CCOO y UGT y organizaciones como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. El PP, desde su llegada al poder, ha introducido diversas medidas en esa línea. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales del grupo Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que con anterioridad sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. En 2021 se retiró la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada.
PSOE y Por Andalucía
Maria Ángeles Prieto, portavoz del PSOE la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, inscribe la medida recogida en la orden –los conciertos fuera de la comunidad– dentro del contexto de una tendencia a "resolver los problemas de la sanidad pública mediante la privada", sin afrontar los retos estructurales con soluciones a largo plazo. "Es preocupante", dice la parlamentaria socialista, sobre todo –añade– porque Andalucía sigue ocupando una posición de desventaja comparativa en cuanto a listas de espera a pesar del incremento de las derivaciones. La comunidad del sur tiene 110,45 pacientes en la cola del especialista por cada 1.000 habitantes, más que ninguna otra y 31,15 por encima del conjunto del país (79,3). El tiempo medio de espera es de 107 días, frente a 79 en toda España. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, tiene 16,64 pacientes por cada 1.000 habitantes, levemente peor que el total: 16,09. El tiempo medio de espera es de 110 días, algo menos que el dato global (113).
Prieto (PSOE) defiende que el enfoque histórico del PSOE en la comunidad ha sido el recurso "puntual y concreto" a los conciertos, salvo el caso de Cádiz, donde la prestación del servicio sanitario depende del grupo Pascual. A su juicio, esta mentalidad está cambiando y el PP "no está apostando por el reforzamiento de la sanidad pública", en una política de desvío de recursos que ve conectada con el "caos asistencial" existente, sobre todo en atención primaria, denuncia la parlamentaria.
Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía –la coalición que une a IU, Podemos, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo–, ve la decisión como una medida que va justo en dirección contraria a la adecuada, que sería "fortalecer la red asistencial con medios propios para ir a un horizonte de disminución de los conciertos y las derivaciones". A juicio de Nieto, el uso de recursos privados debería ceñirse a aquellos casos de imposibilidad de rebajar las listas de espera por medios propios. "En cambio", dice, el Gobierno andaluz da un paso tras otro para "afianzar un marco jurídico de incremento de derivación y creciente destino de recursos y liquidez a la privada, en detrimento de la pública y desoyendo lo que reclaman profesionales y usuarios", y además sin mejoras en las listas de espera. Nieto señala que la cobertura de las necesidades de las zonas alejadas de capitales de provincia y centros de referencia debe realizarse extendiendo allí las capacidades de la red pública.
Gasto en conciertos algo por encima del 4%
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El Gobierno andaluz ha alegado, datos en mano, que el porcentaje de gasto en conciertos con respecto al total de los recursos públicos empleados por el SAS apenas ha subido: del 4,4% en 2018 al 4,49% en 2021. Andalucía sigue entre las comunidades que menos porcentaje del gasto sanitario dedican a conciertos.
Ante esto, los críticos con la gestión del PP señalan que si la cuota del gasto en concertada no ha subido significativamente durante la etapa de Moreno es por las extraordinarias circunstancias de la pandemia, que han multiplicado las necesidades y también los recursos a disposición del Gobierno andaluz. Ello ha permitido que la subida del gasto en conciertos de más del 27% haya quedado eclipsada por la subida del gasto sanitario total, por encima del 25%. La duda de los críticos con el modelo de Moreno es si cuando vuelva una relativa normalidad o venga una etapa de estrechez presupuestaria el porcentaje de lo destinado a la red pública bajará, subiendo el dedicado a conciertos, al haberse generado ya una dependencia de agentes externos.
El debate se produce con el telón de fondo del malestar de numerosos profesionales, especialmente de los médicos de familia. Además, Andalucía es la comunidad en la que los encuestados por el CIS para su Barómetro sanitario de 2022 dieron peor nota al sistema sanitario, 5,89.
El Gobierno andaluz planea firmar conciertos sanitarios con hospitales privados de otras comunidades. Es decir, no sólo de Andalucía, sino de otras autonomías.