Un cuadro recogido por una orden en la que trabaja el Gobierno andaluz plantea preguntas de profundo alcance sobre el futuro de la sanidad pública en la comunidad. El cuadro es este y lo que ha hecho saltar las alarmas es la parte subrayada por infoLibre.
La norma, todavía pendiente de aprobación, pretende "desarrollar el sistema de presupuestación y tarifación de convenios o conciertos" por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los precios están establecidas en dos anexos. En el primero aparece el cuadro que precede a este párrafo. ¿Qué dice? Que una "consulta médica [de] atención primaria" tiene una tarifa máxima de 65 euros. El resto de precios de la tabla se refieren a consultas con el especialista, explica a este periódico la Consejería de Salud y Familias.
Así que la orden prevé la derivación de pacientes de atención primaria de la sanidad pública a la privada concertada, como alertó este lunes Por Andalucía en una denuncia que se produce en medio de un clima de preocupación social y malestar laboral y en la resaca de la manifestación de Madrid del domingo. Salud y Familias asegura que la derivación en atención primaria, práctica inédita en Andalucía, se produciría sólo "si en algún momento crítico puntual fuera necesario".
La "verdadera hoja de ruta" de Moreno
Por Andalucía –coalición que aglutina a IU, Podemos, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo y Alianza Verde– solicitó este lunes la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud y Familias, Catalina García (PP), para dar explicaciones. Según este grupo, esta orden "permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria".
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, calificó de “completo escándalo” esta pretensión del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). “Aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al SAS, a sus profesionales y a toda la ciudadanía. Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de atención primaria. Mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo. Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP andaluz, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades y especialmente en Madrid”, afirmó.
Así completa Por Andalucía su diagnóstico: "Millones de euros de dinero público puestos al servicio de empresas privadas para que hagan negocio con la salud. Se sentarían las bases con las que implantar en Andalucía modelos pasados como el valenciano de [Eduardo] Zaplana y [Francisco] Camps o el actual madrileño de [Isabel Díaz] Ayuso, que tanto daño está haciendo a la atención sanitaria".
El PSOE andaluz, con el grupo más numeroso de la oposición en el Parlamento, también se lanzó contra Moreno por la medida. Su secretario general, Juan Espadas, exigió al presidente andaluz "una explicación pública" que aclare si se está planeando "un cambio de modelo" con la "privatización" de la primaria.
"Algún momento crítico puntual"
El departamento que dirige Catalina García emitió un comunicado que niega que la medida suponga "ningún tipo de privatización". Se trata, señala, de fijar "un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar". Y añade: "Contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de atención primaria como especializada)". Salud agrega que la orden es "una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe...".
La orden en tramitación es una modificación de otra de 1998, en la etapa socialista, en la que no se hace referencia a la atención primaria. Salud confirma que hasta ahora no se han concertado derivaciones en atención primaria en Andalucía. Es decir, sería una novedad, como ocurre con la pretensión de Salud de firmar conciertos con hospitales de otras comunidades autónomas, tal y como ha publicado infoLibre.
Sanitarios privados en quirófanos públicos
Nieto (Por Andalucía) llama la atención sobre un segundo aspecto de la orden: su referencia a que las tarifas máximas se reducirán en un 35% cuando los servicios no se presten en las instalaciones de las propias entidades contratadas. La portavoz de Por Andalucía entiende que con ello se prevé que haya servicios públicos pagados a entidades privadas pero que se realicen en "la propia red sanitaria pública".
"En un movimiento inédito, las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado. El SAS pondrá a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio SAS", añade Nieto para quien "queda clara la estrategia": "Convertir los hospitales en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas privadas beneficiadas por los conciertos”.
La coalición de izquierdas señala que en esa situación podrían quedar centros sanitarios en Roquetas de Mar (Almería), Lepe (Huelva) o el antiguo Hospital Militar de Sevilla. "Sobre este último –afirma Por Andalucía– la Junta anuncia su apertura completa para el próximo mes, pero el personal que trabaja en el mismo pertenece al hospital Virgen del Rocío y no hay previsión de personal propio para el mismo".
La consejera García, en una comparecencia ante periodistas en Antequera (Málaga), explicó sobre este punto: "Ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Socialista, por ejemplo Extremadura o Valencia. Es que profesionales privados, por ejemplo anestesistas, puedan trabajar dentro de un quirófano público. El equipo sigue siendo del sistema sanitario público andaluz pero incorporamos ese profesional privado".
Respuesta sindical
La polémica en torno a la externalización de consultas de atención primaria se produce en un momento caliente. La semana pasada CCOO, UGT y CSIF rechazaron la propuesta del SAS para la atención primaria y mantuvieron sus movilizaciones. El Sindicato de Médicos de Primaria inició concentraciones este lunes. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado movilizaciones para el 25 de marzo.
CCOO y UGT cargaron este lunes contra el Gobierno de Moreno. "Están avanzando poco a poco hacia el modelo que responde a su ideario", declara a infoLibre José-Pelayo Galindo, responsable de Sanidad de CCOO de Andalucía, que denuncia que su sindicato no recibió el borrador para plantear alegaciones. "Está claro que si asignas un precio a una consulta es que vas a privatizarla, justificándolo con la falta de profesionales. Todo esto va minando la sanidad pública", añade.
UGT afirmó en un comunicado que "privatizar las consultas de atención primaria es asumir la inoperancia de la Consejería de Salud". "El caos en atención primaria es cada vez mayor [...] ¿Y qué soluciones se plantean desde la consejería? Una pasa por hacer trabajar más a los/as médicos/as (12 horas seguidas para ver a 60-70 pacientes), la segunda consiste en aumentar la edad de jubilación[...] y la última radica en privatizar las consultas de atención primaria".
Penetración privada en el sistema público
La tarifa para concertar consultas de atención primaria no es la única medida de derivación de recursos públicos a la sanidad privada del Gobierno andaluz desde que llegó el PP. La previsión de envío de pacientes al sistema privado está aumentando. En 2023 alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022, que fueron unas cuentas prorrogadas, y un 42,78% más que en 2018, último año con el PSOE. Suben con fuerza desde 2018 las hemodiálisis, las intervenciones quirúrgicas, las sesiones de rehabilitación y los estudios diagnósticos en hospitales concertados. Ahora el Gobierno andaluz prevé además firmar conciertos sanitarios con hospitales privados de otras comunidades, algo que hasta ahora no se hace.
El Gobierno andaluz firmará conciertos sanitarios con hospitales privados de otras comunidades
Más. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales del grupo Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que con anterioridad sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. En 2021 se quitó la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada.
Un "márgenes brutales" para los hospitales
Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Profesional de Médicos en Ejercicio Libre (Unipromel), muestra su disconformidad con la "enorme diferencia" entre los 65 euros por consulta de atención primaria que pagará el SAS a los hospitales y los sólo 8 que –asegura– llegan a percibir de las aseguradoras los médicos por servicios similares en el mercado privado. "Es una diferencia enorme, que demuestra que va a haber unos márgenes brutales para los hospitales", señala Gurerrero, cuya asociación lidera una revuelta de médicos privados contra las tarifas pagadas por las aseguradoras.
El presidente de Unipromel afirma que la tarifa prevista por el SAS demuestra que las aseguradoras "abusan" de los médicos, pero también que la Administración "derrocha". "Seguramente lo lógico esté en el punto medio", señala Guerrero, que se muestra convencido de que la UE "llevará a normalizar la colaboración publico-privada" y a "publicar unos baremos justos aceptados por todos" dentro de un "espacio único sanitario europeo" con más derivaciones de pacientes de la red pública a la privada, también en la atención primaria.
Un cuadro recogido por una orden en la que trabaja el Gobierno andaluz plantea preguntas de profundo alcance sobre el futuro de la sanidad pública en la comunidad. El cuadro es este y lo que ha hecho saltar las alarmas es la parte subrayada por infoLibre.